El Expediente de Regulación de Empleo que afecta al 80% de la plantilla del conocido como búnker del Banco Santander en Marina de Cudeyo, contratados por una subcontrata, ha despertado críticas desde partidos como Podemos o Izquierda Unida.

El CPD del Santander

Desde Izquierda Unida se pronunciaban a través de redes sociales contra esta “amenaza” de “despido masivo” y cuestionaban el modelo basado en la “subcontratación” y la “precariedad” que se quiere “imponer”.

Y desde Podemos, su secretario general Julio Revuelta expresaba a través de Twitter su “preocupación” por estos cien despidos, denunciados desde Comisiones Obreras.

En concreto, el comité de empresa de Cibernos Outsourcing en Cantabria, subcontrata que gestiona la actividad del Búnker, uno de los servicios clave del Banco Santander, informaba de que la empresa ha iniciado, el pasado 31 de agosto, un proceso para llevar a cabo el despido colectivo del 80 por ciento de los trabajadores en sus centros de Cantabria, donde trabajan 81 personas, y de Madrid, cuya plantilla está formada por 28 empleados.

La representación del personal mostraba su malestar por el silenco a la hora de negociar tanto de la contrata como del resto de las partes implicadas; el Banco Santander y su ramificación Produban (empresa cuya propiedad es del cien por cien del Banco Santander) e Indra solo han mantenido algún contacto verbal con los representantes de los trabajadores pero sin formalizar por escrito la subrogación de la plantilla.

Este viernes comenzará el período de consultas para iniciar el proceso de despido colectivo.

EL CPD LLEGÓ GRACIAS A DINERO PÚBLICO

Tal y como detallaba el informe del Interventor General sobre el funcionamiento de SODERCAN, Santander Global Facilities, empresa del grupo del Banco Santander recibió al menos 3 millones de euros de la empresa pública SODERCAN para la implantación de un Centro Tecnológico en el área industrial de Marina de Cudeyo, en torno al Centro de Proceso de Datos (CPD)..

Esa empresa es la beneficiaria de un convenio, firmado en 2010, para la implantación de un Centro Tecnológico en la zona, por un valor, el convenio, de 5 millones de euros, de los que para 2011 se habían abonado ya tres.

El convenio se firmó en 2010, a propuesta directa de Salvador Blanco, consejero delegado de esta empresa pública, sin que el interventor haya encontrado referencias a que fuera aprobado por el resto de los miembros del Consejo de Administración.

Estas instalaciones también se beneficiaron de facilidades como la construcción de la carretera de acceso al polígono o una interpretación laxa de la legislación de contaminación lumínica que permitió el encendido constante de su logo, visible desde todas partes de la Bahía de Santander, y que pudo apagarse gracias a la acción de la asociación ecologista Arca, tal y como contó en su día eldiario.es