Los informes del Tribunal de Cuentas suponen una importante enmienda a la política de inversión en empresas por parte de SODERCAN durante los años en que fue gestionada por Salvador Blanco, de nuevo al frente de esta empresa pública.

Salvador Blanco

Documentación entre los años 2008 y 2011 manejada por EL FARADIO, que desglosa deficiencias contables graves en la gestión de Blanco, pone de manifiesto las consecuencias sobre las cuentas de SODERCAN de su participación en empresas privadas como accionista.

Esta es una de las principales apuestas de la sociedad durante los años de PSOE y PRC, secundada luego por el PP –que ya la había desarrollado en pasados pasos por el Gobierno de Cantabria– en casos como Ecomasa –pendiente de Comisión de Investigación– Tubacex o Coated Solutions y retomada con fuerza en esta legislatura pese a la acumulación de experiencias que se han revelado fallidas.

El Tribunal de Cuentas es un organismo fiscalizador de la actividad económica pública dependiente del Estado que suma de esta forma un nuevo cuestionamiento a la gestión de Blanco.

Y se añade al de la Intervención General de Cantabria, el conjunto de la oposición parlamentaria -que ha pedido su destitución y el regreso de SODERCAN a la Consejería de Industria, de la que se deslocalizó para ir a parar a la de Díaz Tezanos en las negociaciones del pacto entre PRC y PSOE– o los reproches en la sentencia de GFB, que si bien absolvieron a Blanco de cualquier delito, sí incidieron en la mala gestión y el derroche de fondos públicos en este asunto.

LAS PROVISIONES PARA EMPRESAS DISPARARON SUS PÉRDIDAS

La empresa experimentó resultados financieros negativos, con un crecimiento que se disparó en 2009 en un 191%, en que pasó de los 5,7 millones de euros a los 16,7 de resultados negativos, debido precisamente al incremento de provisiones económicas por su política de participaciones en empresas.

Las instalaciones de GFB, principal exponente de la intervención pública empresarial

Para 2009, SODERCAN tenía participaciones financieras en otras empresas por valor de 8,5 millones de euros, si bien al no poder disponer el Tribunal de Cuentas de los informes de auditoría de las cuentas no se pudo pronunciar sobre si esas cantidades podían ser recuperables.

En 2008, el riesgo por los avales otorgados a empresas era de 9,5 millones (de los que los avales a la frustrada fábrica de fibroyeso de GFB acapararon 9,2).

Para los siguientes ejercicios gestionados por Salvador Blanco, el deterioro por la participación en empresas se valoró en 2009 en 9,8 millones de euros y en 2010 ascendió a 10,4 millones.

El Tribunal de Cuentas enfatiza que esos ejercicios tampoco pudo acceder a la información financiera de varias sociedades participadas por SODERCAN ni del deterioro por los préstamos (que sumaban 21,7 millones de euros).

EL CASO GFB

Mención expresa para el Tribunal de Cuentas merece la polémica gestión de la fallida fábrica de fibroyeso de GFB, en la que incide en que no se puede “determinar objetivamente” la “razonabilidad” de la provisión y avales, así como el grado de “recuperación” de las inversiones realizadas.

En GFB, SODERCAN excedió el límite de inversión máxima (más de un 15%), y no se pudieron recuperar dos avales concedidos.

El resultado, entre la participación en la empresa, el suelo industrial para su instalación, los avales, las subvenciones e incluso aportaciones extraordinarias de liquidez, es un gasto de 34,2 millones de euros sin que se cumpliera el objetivo (la fábrica entró en EREs, concurso y acabó siendo liquidada, sin prácticamente tener actividad nunca e incumpliendo todos los plazos dados).

OTROS CASOS

Tampoco salió bien la inversión en Papelera del Besaya, empresa privada en una situación de crisis –agravada por un desplome- que acabó liquidada tras recibir distintos préstamos del ICAF y cuyos responsables privados recibieron contratos de asesoramiento de manos de SODERCAN.

O en IDERMAR, empresa de energías renovables para el desarrolo del proyecto de la boya marina, recientemente declarada en concurso de acreedores, de la que la Intervención advirtió de su sobrefinanciación y en la que también se detiene el Tribunal de Cuentas, señalando que se ocultaron datos contables sobre su gestión.

En ambos se detiene expresamente el Tribunal de Cuentas para concluir que pese a la fuerte inversión no se llegó a culminar el objetivo deseado de reflotar estas empresas.