El Ayuntamiento de Santander, tras la supervisión de la Policía Local en el entresuelo del número 24 de la calle Cisneros, no vio motivos para realizar una ejecución forzosa.

Así lo ha asegurado el concejal de Gobierno de Personal y Protección Ciudadana del Consistorio, Pedro Nalda, ante preguntas del edil de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, durante el pleno que ha tenido lugar este miércoles.

Nalda ha ofrecido una cronología completa de la actuación del Ayuntamiento, que se remonta a junio de 2015 cuando se firmó un expediente de mal estado de la vivienda tras denuncias de los vecinos. Tras varios meses tratando de contactar a los propietarios del inmueble, el Ayuntamiento publicó el requerimiento de realizar actuaciones urgentes en la zona en mayo de 2016.

Estado del edificio por la parte de atrás, donde se encuentra el muro que escalan los okupas del entresuelo.

Antes de ello, y por orden de sentencia judicial, el servicio de Salud del Consistorio supervisó e informó de que dicha vivienda estaba habitada y que había mejorado sus condiciones de limpieza del local.

Días después, la Policía Local se trasladó hasta el inmueble donde consideraron que “no era necesaria la ejecución forzosa dado que no había olores ni molestias, sino algunos enseres sin ordenar en algunas habitaciones”. De hecho, el 15 de febrero el Departamento de Salud aseguró que “no había riesgo sanitario en el inmueble”.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento también atendieron las denuncias vecinales y las diligencias presenciadas por la Policía Local, que llegó a acudir a la zona hasta en 28 ocasiones según informa el concejal popular. Sin embargo, en mayo de 2016 se consideró que, al no haber personas menores de edad en situación de riesgo, desprotección ni desamparo, “no se dan circunstancias por las que se valore la intervención”.

Trasladaron, por tanto, las denuncias a la Policía Nacional, pues los hechos denunciados que se aludían se trataban de ocupación y tráfico de drogas, que corresponde a su competencia.

El concejal del PP ha lamentado que se trate de responsabilizar el Ayuntamiento de un hecho en el que “tenemos nuestra limitaciones”. Y es que el desalojo de una vivienda, aunque esté ocupada de forma ilegal, solo puede llevar a cabo con orden del juez previa denuncia del propietario de la vivienda y de la comunidad de propietarios. “Y no existen ninguna de las dos”, ha aclarado en el pleno.

“El Ayuntamiento ha realizado todas las actuaciones que podían hacer y ha llegado hasta donde podía llegar en el ámbito de sus competencias y responsabilidades”, ha insistido.

EL CONSISTORIO INCUMPLIÓ EL PLAZO PARA HACER REFORMAR JUSTO ANTES DEL INCENDIO

El número 24 de la calle Cisneros ardió la pasada madrugada del 15 de septiembre, provocando graves daños materiales. Los vecinos llevaban más de un año presentando quejas y denuncias sobre la ocupación del entresuelo por parte de toxicómanos que acumulaban colchones, ropa y velas en el inmueble.

De hecho, algunas de las denuncias que se presentaron en el Ayuntamiento alertaban del gran riesgo de incendio, como el que se produjo finalmente. Tras este, los vecinos han manifestado que se sienten desprotegidos por parte de la administración, que consideran que actuó con negligencia.

Tal y como ha asegurado Pedro Nalda, el Consistorio trató de ponerse en contacto con el propietario y, al no conseguirlo, publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden de acometer las reformas requeridas.

El propietario desaparecido tenía de plazo tres meses, contando desde el 4 de mayo, para comenzar las obras. De no hacerlo, el Ayuntamiento las llevaría a cabo y le cobraría a éste el gasto, pero el plazo finalizó y el incendio sorprendió (o no) a los vecinos sin que nadie –propietario y administración- llevara a cabo estas reformas.

GOBIERNO Y OPOSICIÓN, ENFRENTADOS POR LA ECONOMÍA Y EL URBANISMO

Pleno de este miércoles en el Ayuntamiento de Santander.

Durante este pleno, el Equipo de Gobierno, junto a Ciudadanos, ha aprobado la ordenanza fiscal para el año 2017, que incluye una rebaja fiscal, reduciendo el 0,6% de la tasa de agua y alcantarillado y congelando el resto de tasas y precios públicos.

Casi toda la oposición ha votado en contra porque consideran que esta rebaja es “insuficiente” y que es “imperceptible” para los vecinos. También se ha anunciado que se ha vuelto a solicitar al Ministerio de Economía una nueva reducción de valores catastrales en el municipio del 10%.

El equipo de Gobierno asegura que esta reducción tendría efectos directos en el IBI y la Plusvalía, pero la oposición considera que esto “esconde una subida” de los impuestos, como ha ocurrido este pasado año con el IBI. PRC y PSOE han coincidido en denunciar que las tasas e impuestos, como el bienes e inmuebles, han aumentado considerablemente desde que Iñigo de la Serna llegó a la alcaldía.

Este pleno también se ha modificado en presupuesto municipal por un importe de 11,8 millones de euros. Esta modificación se destinará a financiar la finalización de la nueva sede de talleres municipales y policías local; así como para medidas para “mejorar la movilidad entre el Paseo Pereda y General Dávila” con algo más de 2 millones de euros.

Un punto a destacar dentro de la ordenanza aprobado, es que se ha incluido una bonificación del 75% del impuesto de obras para actuaciones en el Área de Regeneración y Renovación Urbana del Cabildo de Arriba. Esto también implica la exención de la tasa urbanística en construcción de viviendas en esa zona. Esta medida sí ha sido bien vista todos los grupos, e incluso Mantecón, concejal de Santander Sí Puede, ha sugerido que esas ayudas se extienda a otras zonas como Prado San Roque o Entrehuertas.

Y es precisamente pensando en estos vecinos o en los del Pilón, Antonio de Cabezón, Francisco Giner o Barrio Pesquero que Mantecón ha propuesto elaborar un plan municipal de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios y viviendas de la ciudad, que sería complementarias al Plan Estatal de Vivienda.

La medida, que no ha salido adelante porque el PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido, pedía incluir en los presupuestos de 2017 una partida presupuestaria de cuatro millones de euros para financiar el plan de ayudas a la rehabilitación y regeneración de estos barrios más degradados.

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha acusado al concejal de atacar el Plan General y minimizar las acciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en la materia, las cuales ha defendido como numerosas y eficaces. “Nosotros hemos mucho más de lo que ustedes solamente han propuesto”, ha asegurado De la Serna.