De izquierda a derecha: Rubén Gómez (Ciudadanos), Victor Casal (PSOE), Ruth Beitia (PP), Carmen Martin (Alianza Cántabra Contra la Pobreza), Matilde Ruiz (PRC), Alberto Bolado (Podemos) y Guillem Ruisánchez (El Faradio) || Foto: Eva Mora

Ciudadanos ha firmado el compromiso político de lucha contra la pobreza que recoge las propuestas que presentaron la Coordinadora Cántabra de ONGD y la Alianza Cántabra Contra la Pobreza en la última campaña electoral de las autonómicas y municipales de mayo de 2015.

Lo ha rubricado este martes el diputado Rubén Gómez, durante la celebración del acto central de la XII Semana contra la Pobreza en el Parlamento de Cantabria, que este 2016 lleva por lema «No dejemos a nadie atrás ¡Exigimos soluciones basadas en derechos!» y que ha estado moderado por Guillem Ruisánchez, periodista y director del programa de radio EL FARADIO DE LA MAÑANA.

El representante de Ciudadanos ha explicado que su formación no rubricó los compromisos de este segundo documento, que entre otras cuestiones, compromete a los partidos a alcanzar un 0,7% de porcentaje de los presupuestos de la comunidad autónoma dedicado a políticas de Cooperación al Desarrollo, por «problemas de agenda«.

Pero superado aquel periodo de campaña electoral y el primer año de la legislatura 2015-2019, Rubén Gómez ha añadido a Ciudadanos a la lista de partidos firmantes, después de que, antes de la finalización del acto, se lo haya recordado el expresidente de la Coordinadora de ONGD de Cantabria, José Carlos Ceballos, que sigue vinculado a la organización.

De esta manera, han firmado el compromiso contra la pobreza el PRC, el PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de los extraparlamentarios Izquierda Unida, Equo y UPyD.

Y queda el Partido Popular, como único partido que no ha suscrito los acuerdos planteados por los agentes de la cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza en Cantabria.

«AVANCES INSUFICIENTES»

El acto desarrollado en el Parlamento ha servido para hacer seguimiento de los compromisos firmados en 2015. Tras la evaluación de aquellas medidas que incluye el documento, la Alianza Cántabra contra la Pobreza ha detectado «avances insuficientes en las políticas sociales y de cooperación al desarrollo«.

Es el segundo Pacto contra la Pobreza en Cantabria, después del que se firmó en el año 2007 y que se incumplió, puesto que planteaba alcanzar el 0,7% del presupuesto destinado a políticas de cooperación al desarrollo en 2015, ejercicio en el que se destinó tan sólo un 0,01% a esta partida.

Esta cantidad, prácticamente insignificante, se encontraba recogida en el último presupuesto aprobado por el Gobierno del PP (2011-2015). El año que más se dedicó a Cooperación en Cantabria fue precisamente 2007, con un 0,25%.

Este ejercicio de 2016 se ha pasado de un 0,01% a un 0,037% y aunque el Gobierno de Cantabria destaca un incremento del 58%, la Alianza Cántabra Contra la Pobreza ha pedido subir hasta un 0,38% en los próximos presupuestos de 2017, con el objetivo de llegar al tan perseguido 0,7% al final de la legislatura, en 2017.

CANTABRIA SIGUE DEJANDO GENTE ATRÁS

Al comienzo del acto, la Alianza ha destacado la importancia de que este año los cinco grupos parlamentarios hayan estado representados y ha recordado que en Cantabria el riesgo de pobreza afecta a 87.000 personas y que 16.000 de ellas vive una situación de pobreza material severa.

Los grupos parlamentarios firmantes de los compromisos han sido los primeros en dar cuenta de los avances realizados en su cumplimiento.

Matilde Ruiz, diputada del PRC, ha reivindicado que el Gobierno está llevando a cabo medidas para el cumplimiento de los compromisos pero ha admitido que aún son insuficientes. En este sentido, ha responsabilizado a la última reforma laboral de la pobreza, por la generalización del trabajo precario.

También Víctor Casal (PSOE) ha señalado que el actual Gobierno está aumentando los fondos dedicados a la lucha contra la pobreza aunque todavía están lejos de los compromisos firmados y ha subrayado el Plan de Emergencia Social, dotado con 86 millones de euros.

Por su parte, Alberto Bolado (Podemos) ha criticado que “la pobreza no es algo casual, tiene que ver con las políticas llevadas a cabo en los últimos años“, al tiempo que ha resaltado que «la lucha contra la pobreza debe ser un objetivo prioritario» y ha subrayado que «es el Estado el que debe garantizar unos ingresos vitales mínimos».

«DIGNIFICAR» LA RENTA SOCIAL BÁSICA

Durante el debate se han apuntado algunas prioridades de política social autonómica como herramientas para luchar contra la pobreza, que todavía no se están cumpliendo.

Así, en materia de Renta Social Básica la Alianza ha hecho constar que no ha habido ningún cambio en la cantidad a percibir por las personas que cumplen los requisitos para la prestación, que sigue en los 426 euros, muy lejos del Salario Mínimo Interprofesional (643 euros), por lo que «el día a día de estas personas no se ha dignificado».

Además, la Alianza aboga por hacer la Renta Social Básica compatible con trabajos de baja intensidad, por lo que proponen (para luchar contra la economía sumergida) que cualquier trabajo a tiempo parcial o temporal sea compatible si los ingresos percibidos representan hasta un 50% de la cuantía que corresponde por el sistema de protección.

También advierten de que se está dejando atrás a personas entre 18 y 23 años, que es salvo excepciones la edad mínima para la concesión de la renta mínima, con lo que queda excluida «una franja especialmente sensible».

De esta manera, han reivindicado que esta prestación es clave para la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad social, junto con otras medidas relacionadas con vivienda (Oficina de Emergencia Habitacional) o empleo.

En materia de Educación, aunque los responsables del PSOE y del PRC han apuntado medidas como la recuperación de las Aulas de 2 años o las convocatorias de empleo público, y han señalado a la obligada entrada en vigor de la Ley Wert, desde la Alianza se ha recordado también la elevada interinidad del profesorado (cerca de un 40%).

Por otra parte, en Sanidad, se ha señalado el cambio de modelo de gestión en el Hospital de Valdecilla o la exclusión sanitaria, por la que se retiraron 5.000 tarjetas en Cantabria. Aunque el actual Ejecutivo ha devuelto 418 tarjetas, el asunto sigue pendiente del litigio con el Estado, que mantiene en vigor el Real Decreto 16/2012 que estableció las restricciones al derecho, hasta entonces universal, de acceso a la Sanidad.

Otro punto importante del debate ha sido la necesidad de apostar firmemente por las clausulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas. La Alianza ha considerado que hay un gran desconocimiento de estas cláusulas y de su poder transformador y ha pedido a todos los grupos que hagan un seguimiento de su aplicación tanto a nivel autonómico como municipal.

Como cierre se ha pedido desde el público que las políticas de lucha contra la pobreza dejen de considerarse de forma parcelada y que se integre en ella a todas las consejerías y concejalías y no únicamente a las de Servicios Sociales y a las vinculadas a Cooperación.

En Autonomía Personal, Cantabria ha incorporado a las personas con grado I de Dependencia con retraso respecto al resto de comunidades autónomas y no ha habido modificaciones

ALGUNOS AVANCES

El principal avance que se ha apuntado es la recuperación de la interlocución y de las reuniones de los órganos de participación: los consejos cántabros de Cooperación y Servicios Sociales.

Asimismo, en materia de Cooperación, se han aprobado las órdenes para proyectos humanitarios, de cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo, dotadas con cerca de 200.000 euros, aunque su publicación se ha retrasado hasta el mes de octubre, y existe incertidumbre entre las ONG sobre si podrán ejecutarse de forma efectiva.

En la Renta Social Básica, ha habido tres cambios significativos que suponen una mejora muy importante pero no iguala del todo la situación previa a las modificaciones introducidas por el PP en 2012.

Así, se recupera el carácter retroactivo de la concesión de la renta mínima; esta no se extingue a los 24 meses sino cuando desaparecen las causas que dieron origen a la concesión y no se puede suspender cautelarmente el cobro en familias donde hay menores, frente a situaciones en las que los afectados debían pasar seis meses en precario durante una nueva tramitación de la renta.

RUTH BEITIA PIDE SEPARAR SU PAPEL DEL APELLIDO «ESTIGMATIZDO» DEL PP

Durante el acto, algunas intervenciones se han dirigido a la portavoz del PP, Ruth Beitia, para subrayar su capacidad para promover acciones de sensibilización y el agradecimiento de ONGs como Entreculturas, que ha señalado la «generosidad extraordinaria» de la atleta.

«A mí me gustaría que la gente no me viese con el apellido estigmatizado del Partido Popular cuando hago actos como deportista y ayudando con mi nombre a la solidaridad que se me viera como tal, porque aquí no tengo dedicación exclusiva ni parcial sino indemnización por dietas», ha reclamado la diputada.

Cuando una portavoz de la ONG Entreculturas ha pedido al resto de organizaciones que cuenten con Beitia, la atleta cántabra, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, ha criticado a otros agentes del sector de la cooperación: «al menos que no critiquen, que no pongan palos en la rueda a la hora de que esa colaboración de sus frutos».

Recientemente, los organizadores (Amnistía Interncional, Pasaje Seguro Cantabria y Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio) de la carrera Santader Corre por Siria recibieron críticas desde algunos sectores, sobre todo desde el partido Santander Sí Puede, por contar con Ruth Beitia, del PP, en la promoción del evento solidario para recaudar fondos para enviar ayuda humanitaria para los siete millones de desplazados internos en ese país afectado por la guerra.

Beitia ha encontrado respuesta en Fran Sierra, de Cáritas: «las ONG perfectamente sabemos distinguir entre un parlamentario y una persona que se dedica a otras actividades, pero como parlamentarios me ha faltado un poco de sangre en algunos, porque estamos hablando de una serie de medidas que se han intentado y que desgraciadamente Cantabria está muy lejos de llegar a ellas».