Partidos políticos de la oposición en el Parlamento de Cantabria admiten haber sufrido presiones para no sacar adelante la modificación de la Ley de Suelo que contempla el derecho al realojo y retorno de los vecinos afectados por proyectos urbanísticos.

Representantes de Podemos, Ciudadanos y PP anunciando su propuesta sobre la Ley del Suelo

Así lo han confirmado a EL FARADIO varios representantes políticos en la comisión que se creó en el Parlamento para modificar la actual ley, ante la problemática que existe en varios lugares de Santander, como el Pilón.

Una comisión que este martes ha aprobado en primera instancia la modificación de la ley del suelo, con los votos de la oposición de Podemos, Cs y PP (que suman mayoría) y la abstención de PSOE y PRC, que no ha apoyado esa propuesta con su voto favorable. De este modo, se incluirá el derecho, ya no solo del realojo de los vecinos, sino también del retorno.

En concreto, el portavoz de Ciudadanos en la materia, Juan Ramón Carrancio, ha relatado a EL FARADIO que ha recibido «presiones telefónicas» de «varias personas interesadas» en que «reconsideraran» su postura.

Han sido,  «por desgracia», llamadas «no identificadas» que, sin ser «amenazas directa» les pidieron «amablemente» un cambio en la modificación de la Ley del Suelo y preguntándoles «si lo habíamos pensado bien», tal y como ha afirmado Carrancio en declaraciones emitidas en EL FARADIO DE LA TARDE.

Por su parte, el diputado del PP, José Manuel Igual, también ha confirmado a EL FARADIO que le han llamado «personas para que dejara encima de la mesa la ley». «No sé si la palabra es presión, pero si ha habido llamadas para que le diéramos una vuelta, no lo puedo negar», ha asegurado en declaraciones emitidas en EL FARADIO DE LA TARDE

En Podemos aseguran no haber recibido llamadas de ningún tipo, al entender que los promotores saben que «es imposible que nos hagan ceder», pero sí inciden en que se han producido «presiones por los pasillos» y «llamadas telefónicas».

Desde los afectados, los vecinos, José Luis García, portavoz de los afectados en el Prado San Roque, ve «muy lógicas las presiones de los constructores» ya que con este cambio legal ahora los propietarios tienen derecho a realojo, de modo que si esto tarda les tendrán que pagar alquileres, por lo que si el objetivo real es la especulación, los promotores se acabarán «echando para atrás» al no compensarles estos gastos.

DERECHO A VOLVER

Esta es una figura muy importante porque está pensada para que aquellos vecinos que sean expropiados deban ser recolocados sino en el mismo lugar, sí cerca de su vivienda habitual. Así se combate el desarraigo y la gentrificación.

El barrio de El Pilón

Este es un término urbanístico que se usa para identificar a los vecinos habituales de una zona, que son expulsados para ubicar en ésta a otros habitantes de más nivel económico.

El próximo lunes se votará en el pleno del Parlamento la aprobación definitiva de esta modificación.

Actualmente hay en marcha 90 unidades de actuación urbanística, como las del Pilón o Prado San Roque, que ya están más avanzadas.

La portavoz de los afectados de El Pilón, Belén Madrazo, ha advertido de que los vecinos seguirán defendiendo su barrio de los proyectos urbanísticos.

TENSIÓN EN LA TRAMITACIÓN

Las denuncias de presiones crearon un momento muy tenso en el Pleno de este lunes, con una fuerte discrepancia entre el diputado de Podemos José Ramón Blanco y el portavoz regionalista, Pedro Hernando.

Fuera de la tribuna, tal y como relatan El Diario Montañés y Europa Press, Blanco le espetó a Hernando referencias a llamadas de teléfono de la constructora ASCAN, del Grupo Sadisa, quien en el pasado ya vio cómo se modificaba el Plan Sardinero del Ayuntamiento de Santander para dar cobertura a una operación en sus fincas o como se cambiaba una ley autonómica para permitir que la citada empresa pudiera solicitar avales ante los bancos.

No es la primera vez que las presiones en torno a normativas públicas se extienden a la oposición: en su libro ‘Con tinta roja’, Raúl Gil, coordinador de la campaña electoral de las municipales del PSOE de Santander de 2011, reveló como desde la dirección autonómica del partido les reprocharon su voto en contra al PGOU de la capital, un plan que finalmente salió adelante con los votos del PP y la abstención del PRC.

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