Pasaje Seguro Cantabria, el movimiento social surgido para la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes económicas, ha advertido al Gobierno de Cantabria de que puede incurrir en un «claro racismo institucional» si no reconsidera su postura y «protege» al menor camerunés que se enfrenta a una orden de expulsión a pesar de contar con pasaporte.

Lo ha hecho en reacción a la exclusiva de EL FARADIO que explica cómo el Gobierno regional forzó la expulsión del menor camerunés debidamente documentado, en una petición de change.org dirigida al Ejecutivo regional y que a la hora de la redacción de esta noticia cuenta con 119 firmas.

«Quieren expulsar a un adolescente, a un menor», denuncian al inicio de la misiva, y resumen que «Samuel (nombre ficticio) es un menor de edad camerunés que llegó a Santander en enero de 2015, después de una ruta llena de peripecias, de ver cosas que un niño no tendría que vivir. Ahora, el Gobierno de Cantabria quiere expulsarlo».

Además, recuerdan que el menor tiene pasaporte de Camerún que confirma que es menor de edad (17 años), y que la Abogacía del Estado y hasta ocho sentencias del Tribunal Supremo avalan que el pasaporte es suficiente para acreditar la edad y que no se puede someter a pruebas médicas a menores con documentación válidamente expedida por las autoridades de su país.

«En estos casos, como el de Samuel, tienen derecho a una tutela administrativa y un permiso de residencia en España», añaden.

Pero, lamentan, en el Instituto cántabro de Servicios Sociales (ICASS) le han practicado esas «inexactas pruebas que dicen que tiene 18 años».

Una pruebas que «no sólo han sido tumbadas por el Tribunal Supremo en ocho ocasiones, sino denunciadas reiteradamente por la sociedad civil, incluida la comunidad científica, y organismos Institucionales como el Defensor del Pueblo o la propia ONU, por su falta de exactitud y su carácter poco apropiado para menores africanos (son pruebas diseñadas para población estadounidense)».

Ahora, recuerdan, tiene 30 días para abandonar «voluntariamente» España, en «el primer paso del procedimiento de expulsión por el que Samuel es (mal) tratado como migrante antes que como menor, y sus derechos son pisoteados», denuncian.

Por estos motivos, explican que «no se entiende» que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), a través del ICASS, se «empecine» en expulsar a Samuel cuando su orden de expulsión ya había sido revocada por el Gobierno de España (PP).

«No entendemos ese empeño, creemos que  deben salir de su error», critican, al tiempo que piden al Ejecutivo que «reconsidere» su postura y «proteja» al menor «como es su obligación» si no quiere incurrir en un «claro racismo institucional»