La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y el consejero delegado de SODERCAN, Salvado Blanco, han repetido el argumentario del PSOE durante sus intervenciones en la comisión creada en el Parlamento para investigar sobre las irregularidades denunciadas en el informe de intervención sobre la gestión de la empresa pública desde los años 2008 a 2011.

Salvador Blanco y Eva Díaz Tezanos

En opinión de ambos, esta auditoría fue requerida por el Partido Popular en su etapa de Gobierno en una campaña de criminalización de la gestión socialista.

“Si se tienen pruebas de algún delito lo que hay que hacer es ir a los tribunales”, ha insistido la vicepresidenta, que ha matizado que la investigación vino de una investigación privada solicitada por el PP, “para tapar el vacío de incompetencia y su falta de ideas, buscando criminalizar al anterior Gobierno”.

Es más, tanto Tezanos como Blanco han acusado a Podemos de utilizar “una política destructiva basada en la mentira”, usando el informe “en su campaña de acoso a Salvador Blanco, contra la empresa pública y contra el PSOE”.

Tezanos ha insistido en que el informe que se elaboró por el interventor general no era definitivo porque no incluía alegaciones, “que les prohibieron presentar” por parte de la empresa pública y del propio Salvador Blanco al que, asegura, “le negaron información para llevarlas a cabo”. En opinión de la vicepresidenta, esto implica que la auditoría “no es válida porque sus conclusiones están viciadas”.

Por su parte, Blanco ha protestado porque no se le diera tiempo suficiente para estudiar toda la documentación para hacer las alegaciones; aunque desde la oposición le han recordado que podría haber alegado de diferentes maneras y no a la totalidad del informe.

El consejero delegado de SODERCAN ha insistido en defender su gestión frente a la empresa pública, y asegura que la auditoría no revela «irregularidad o ilegalidad alguna» sobre su gestión, pero que desde el primer momento de su elaboración estuvo «dirigida» a conseguir unos objetivos «muy precisos» marcados, previamente, por el Gobierno del PP.

Blanco ha gastado gran parte de su intervención en acusar a Podemos de ser los «nuevos inquisidores y torquemadas», comparándolos con Hitler y Stalin, y asegurando que se han amparado en su aforamiento para «amplificar la caza de brujas” en las redes sociales sin ofrecer «la verdad documentada» ni darle «opción de defenderse».

«Me es difícil reconocer en ciertas actitud de brocha gorda y acusaciones sin pruebas las normas básicas de la democracia española», ha asegurado Blanco, que en su opinión establece Podemos para «construir desde la oposición la política de la dictadura», convirtiéndose en «marionetas» de «otros» que «mueven los hilos» desde las «bambalinas».

El consejero delegado de SODERCAN ha asegurado que los ataques «profesionales y personales» que asegura haber sufrido «forman parte de una campaña mucho más amplia», que está orquestada por Podemos, al que bien de tener como principal objetivo «no el de trabajar por el bien de los ciudadanos ni luchar por desbancar a la derecha del poder, sino dar la batalla por la hegemonía de la izquierda».

La diputada de Podemos Verónica Ordóñez ha vuelto a pedir la dimisión del consejero delegado, y ha asegurado que su grupo parlamentario «no va a parar» hasta que «deje de gestionar el dinero de los contribuyentes».

LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN HAN RECORDADO QUE LOS TRES COINCIDEN EN SUS CONCLUSIONES

Tanto Podemos como el Partido Popular les han animado a llevar a los tribunales a los funcionarios e interventor responsables del informe, si considera que se ha mentido en él, pudiendo caer en prevaricación.

“No hay vicios en la auditoría más allá del vicio de algunos de repartir el dinero en determinados bolsillos”, ha asegurado la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, que ha insistido que el PSOE no ha acudido a los tribunales porque lo perdería en un juicio.

El portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, ha añadido que desde el Gobierno tendrían que «denunciar a alguien», ya sea al interventor, «porque si miente en una auditoría es muy grave y cae en prevaricación», o a Salvador Blanco «porque si son verdad sus irregularidades debe estar cesado”.

Van den Eynde les ha dicho a la vicepresidente que no entiende “qué le debe usted al señor Blanco”. “No sé cuáles son los vínculos que tiene, que no solo le impiden cesarle sino también premiarle con otro nombramiento”, ha añadido.

La respuesta de Tezanos ha sido que “en ningún momento” ha hablado que los funcionarios han actuado con prevaricación, pero que sí cree que “si esta auditoría la tenían analizada desde que llegaron al Gobierno, es raro que no hayan ido a los tribunales”.

El otro partido que ha sido mejor tratado por parte de la líder socialista, Ciudadanos, ha querido aclarar que esta comisión de investigación “no parte de una paranoia exclusiva de Podemos, es que estamos de acuerdo con la mayoría de esas conclusiones”.

Rubén Gómez ha querido recalcar que las decisiones judiciales, que en otros informes han absuelto a los acusados, son independientes a la petición de responsabilidades políticas. “La potestad de este Parlamento no está en enjuiciar, sino en determinar si se han tomado malas decisiones y gestiones y debe haber responsabilidades políticas”.

“Estas irresponsabilidades no tendrán delito pero sí reflejan una inhabilitación ética de una persona para seguir gestionando una empresa pública como SODERCAN”, ha añadido el diputado de la formación, que ha señalado a Tezanos de que “la responsabilidad es suya como máximo responsable del nombramiento de Salvador Blanco”.