La empresa pública SODERCAN se comprometió a adelantar el pago de deudas a proveedores de IDERMAR, una sociedad dedicada a las energías renovables marinas de la que tenía un 20% de su participación, según refleja el organismo estatal Tribunal de Cuentas.

Izado del mástil de Idermar

IDERMAR tenía como objetivo la construcción de una boya para producir energía eólica y entre sus socios se encontraba la ingeniería Apia XXI como mayoritaria (40%) y Helium, de la empresa de residuos Oxital —que ya ha aclarado que su presencia allí le reportó pérdidas y no beneficios– así como l a Fundación del Instituto de Hidráulica Ambiental y SODERCAN, a partes iguales.

Es una empresa de la que SODERCAN formó parte como socia y que en verano entró en concurso de acreedores.

Todo después de una serie de acciones que supusieron una inversión pública de entorno a los 4 millones de euros y que el Interventor General calificó de sobrefinanciación en beneficio de uno de los socios, Apia.

MÁS QUE EL INTERVENTOR

El Gobierno de Cantabria se escudaba el pasado viernes en que el Informe de Intervención estaba «viciado» porque se le habrían prohibido hacer alegaciones a Salvador Blanco, máximo responsable de SODERCAN, (eso es lo que dijo el viernes en el Parlamento, en una intervención en la que aludió a conversaciones con otro responsable de esta empresa ya fallecido). Es el propio Blanco en el informe declina hacer alegaciones.

Pero además de al Interventor General, la gestión de la presencia pública en esta empresa privada también llamó la atención al Tribunal de Cuentas, quien también ha desgranado distintas malas prácticas en su gestión, como falta de informes o documentación, en especial en lo relacionado con su política de implicación en empresas privadas, ocultada a este organismo

Este lunes, en el Pleno, será el presidente Revilla quien deba pronunciarse sobre SODERCAN (empresa pública que antes estaba en la Consejería de Industria, pero esta legislatura, pese a que Industria fue para el PRC, el PSOE retuvo SODERCAN), en respuesta a una pregunta planteada por Podemos.

SODERCAN, AVALISTA

Dentro de las relaciones entre la parte pública y la empresa en IDERMAR, SODERCAN se convirtió en avalista de la sociedad pese a no ser el accionista mayoritario.

Así, firmó ante una entidad financiera un contrato de gestión de pagos, mediante el cual la entidad adelantaría, según orden dada por el cliente, el importe de las deudas que éste tuviera con sus proveedores, hasta un límite de un millón de euros.

Salvador Blanco y otros protagonistas del proyecto IDERMAR

El contrato se firmó el 28 de diciembre de 2010 e incluyó expresamente a SODERCAN como fiador solidario, obligada frente a la entidad financiera por los impagos que se produjeran en proporción a su participación en dicha empresa, que ascendía a un 20%.

Desde esa fecha, SODERCAN se convirtió en avalista de dicha empresa por un límite de 200 miles de euros, situación que debería haberse reflejado en sus cuentas de 2010.

La consecuencia de no incluir ese aval fue que las cuentas anuales oficiales de SODERCAN de 2010 reflejaron un riesgo por avales inferior al que realmente era: 671.000 euros, y no 471.000 como inicialmente había consignado.

El riesgo por avales concedidos por SODERCAN ascendía a 671 miles de euros, y no a 471 miles de euros, como figura en sus cuentas anuales del ejercicio 2010. En 2011, el importe correcto del riesgo por avales de esta empresa es de 918 miles de euros, en lugar de los 965 miles de euros consignados en sus cuentas

Además, a SODERCAN se le prestó un aval desde una entidad financiera, por importe de 47.000 euros, necesario al convertirse la empresa pública en arrendadora de una oficina, que tampoco fue reflejado debidamente en sus cuentas.

De hecho, el riesgo del ICAF (el Instituto Cántabro de Finanzas) disminuyó en 2 millones de euros al cancelarse el aval de dicho importe que garantizaba un crédito concedido por una entidad financiera a CEP Cantabria, que se canceló con fecha 28 de octubre de 2011.

SOBREFINANCIACIÓN DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO

Esta gestión se suma a otras desarrolladas por SODERCAN en beneficio de la parte privada, ya descritas por el Interventor General.

Por ejemplo, la empresa pública abonó préstamos por valor de 2,3 millones de euros a la empresa mixta para que, a su vez, abonara el precio de la boya marina a Apia XXI, socia de IDERMAR. Préstamos que, según quedó establecido, sólo se recuperarían si IDERMAR generaba beneficios.

El actual consejero delegado de SODERCAN, Salvador Blanco (PSOE), se saltó al Consejo de Administración de la empresa pública para dar dos préstamos a IDERMAR, de 50.000 y 220.000 euros, cantidades entregadas “a fondo perdido” en su anterior etapa al frente de la sociedad (2007-2011).

Y se produjeron situaciones como el cobro de subvenciones duplicadas por parte de distintos organismos para el mismo fin.

En definitiva, la intervención consideró que hubo sobrefinanciación del proyecto por parte de SODERCAN, considerando que IDERMAR en realidad fue una empresa “puente” para facilitar financiación a APIA XXI.

Una sobrefinanciación que recayó más intensamente en SODERCAN: la empresa pública acabó pagando el 40% de las cantidades de toda la empresa a pesar de tener solo un 20% de las participaciones.

Y todo superando los límites de los préstamos y avales que SODERCAN puede conceder a una misma empresa y sin contar con el necesario informe previo de viabilidad económico-técnico, en una legislatura marcada por el auge de proyectos vinculados al plan eólico que acabaría siendo anulado en los tribunales.