El Ayuntamiento de Santander pedirá al Gobierno de Cantabria una modificación de la Ley autonómica del Suelo que dé cobertura a unas normas urbanísticas de transición en la ciudad.

Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, César Díaz, en una comparecencia urgente tras conocerse el detalle de la sentencia del Tribunal Supremo que anula el PGOU de Santander en su totalidad.

En concreto, lo que pedirá el Ayuntamiento es que el Gobierno modifique la Ley del suelo de forma que se pueda anular parte del planeamiento anterior y arbitrar unas normas transitorias para el resto.

Porque la anulación del Plan de 2012 llevaría al Plan del 97, y lo que se quiere es aprovechar la parte de ese plan que afectaba al núcleo urbano, lo que se conoce como la ciudad consolidada, anulando lo demás.

El resto sería en base a unas normas transitorias. Lo que se pide al Gobierno de Cantabria es que regule el marco de actuación (algo que dice César Díaz que se hace igual en otras diez comunidades autónomas).

Y luego sería ya el Ayuntamiento el que establezca el detalle de las normas de transición, que tendrán su trámite, es decir, que tendrán que pasar por información pública y que aprobaría finalmente el Gobierno de Cantabria, responsable último de urbanismo.

Esta modificación legal (lo primero que hará Gema Igual en cuanto tome posesión como alcaldesa, este jueves) sería a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, ese cajón desastre que acompaña a las cuentas públicas autonómicas y que suele modificar varias leyes de golpe.

Sería la segunda vez que el Gobierno de Cantabria modifica la Ley del Suelo como consecuencia de una necesidad detectada en el Ayuntamiento de Santander, como ya pasó con el derecho al realojo a raíz de la emergencia de la situación de El Pilón.

De no aprobar el Gobierno esta modificación, tendría que irse a base de modificaciones puntuales para las zonas concretas.

EFECTOS SIN CUANTIFICAR AÚN

César Díaz ha insistido en que dado que se estaba en los primeros años de vigor del plan sólo se había trabajado en la parte urbana y no en los desarrollos exteriores, y no ha querido concretar qué efectos tendría la anulación en la parte urbana (se le ha preguntado expresamente por la situación del Centro Botín, por ejemplo).

También ha descartado que vaya a tener efectos fiscales (los cambios de suelo implican cambios de valor y eso tiene repercusiones en impuestos como el IBI y la plusvalía).

UN FACTOR “EXTERNO”

El responsable de Urbanismo ha remarcado que la sentencia del Supremo no afecta al fondo del Plan, por lo que ha tachado de “oportunistas” que querían sacar “rédito político” a quienes hablaban del fallo en base a estos motivos.

Y ha subrayado que se trata de un factor “externo” (la anulación del bitrasvase) y “sobrevenido” con posterioridad a la aprobación del plan.

Finalmente, ha recordado que el documento contó con todos los informes favorables y ha reivindicado el “consenso y respaldo” durante el proceso de alegaciones e información pública.