La embajada de Camerún ha pedido de forma oficial al Gobierno español la repatriación de W, el menor que fue dado en preadopción por los Servicios Sociales cántabros cuando tras un accidente doméstico se hizo una acusación de malos tratos que luego no prosperó.

Ferdinand, el padre de W.

Sus padres, Ferdinand y Monique llevan años luchando contra la sucesión de decisiones del Instituto Cántabro de Servicios Sociales que desembocaron en la preadopción del niño, que entonces tenía cinco años y ahora está con otra familia y sin contacto con sus padres biológicos.

En 2009, a raíz de un accidente doméstico se les retiró la patria potestad, primero basándose en un presunto maltrato (por el que fueron detenidos en el acto u que la justicia acabaría descartando), y luego en una situación de desamparo (mala atención) esgrimida desde el ICASS y que la justicia acabaría también reconociendo que había cambiado.

Tanto la familia como la plataforma Libertad para W., surgida para apoyarles, negaron siempre que haya base legal para el desamparo y atribuyen los problemas vistos por el ICASS a las dificultades de adaptación que el niño sintió cuando vino de su África natal a Cantabria, adonde su padre vino para trabajar.

También la Fiscalía acabó apoyándoles en su petición de un régimen de visitas que al menos les permitiera verle y que se rechazó porque el menor ya había establecido vínculos con su nueva familia.

El asunto ha cobrado un nuevo nivel con un escrito que el Gobierno de su Camerún natal ha trasladado, a través de su embajador, al Gobierno español, en el que se pide que a W. se le devuelva a sus padres biológicos o se le repatrie a su país.

“POR SI LLEGAS A LEERNOS”

La historia de W. es narrada en el libro ‘Por si llegas a leernos, querido Walter’, escrito por el educador social experto en protección amenores Enrique M. Reguera, quien siguió todo el procedimiento y se ha mostrado muy crítico con el papel jugado en él por la Administración y la Justicia

El libro, publicado por Editorial Popular, se presentará próximamente en Cantabria de la mano de activistas que apoyaron a W.

En él se “desmonta” el caso, tras el análisis de las actas de los juicios, la Ley del Menor, los informes de técnicos y las declaraciones de los testigos.

Se trata de poner en cuestión como las leyes “mal entendidas y mal ejecutadas” acaban generando una infancia “desprotegida”.

EL CASO SAMUEL

El caso de W. fue uno de los pocos asuntos gestionados desde el ICASS (el Instituto Cántabro de Servicios Sociales) que había trascendido públicamente.

Hasta que EL FARADIO difundió la historia de Samuel, otro menor, también camerunés, pendiente de una orden de expulsión que fue activada desde los servicios sociales cántabros al desdeñar, contra el criterio de la legislación española e internacional, la documentación (pasaporte y partida de nacimiento) que constataba que era menor de edad (y, por tanto, sujeto a protección) y optar por el cuestionado método (por su margen de error y porque lo desaconsejan organismos internacionales) de la prueba médica para determinar su edad.

El asunto llegará el lunes al Parlamento de Cantabria, a través de una pregunta presentada por el diputado de Podemos Alberto Bolado, abogado de profesión, sobre las razones por las que el ICASS ha decidido reactivar la orden de expulsión en lugar de facilitar la tutela administrativa.

Además, el colectivo Pasaje Seguro Cantabria ha solicitado formalmente una entrevista personal con el presidente Miguel Ángel Revilla, a propósito de la situación y las pautas de actuación con los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA).

El grupo de trabajo ciudadano busca “darle a conocer en directo nuestra impresión, después de habernos reunido con los responsables, políticos y técnicos, del ICASS, de la tremenda injusticia que se está cometiendo con el menor camerunés denominado en clave “Samuel” y cuyo caso tiene el apoyo en la plataforma Change.org de casi cienmil personas”.

Por ello, recurren al presidente, en la “confianza” de que escuche sus preocupaciones: “creemos que el presidente debe conocer las prácticas con los MENA que, desde su Gobierno, a través del ICASS, se están amparando”.

Y recuerdan que la propia ONU ha puesto en solfa el sometimiento indiscriminado a pruebas de determinación de la edad, pauta que parece seguir el ICASS y que el organismo internacional tacha de “contrario a la doctrina de los Derechos Humanos”.