El colectivo Pasaje Seguro, de apoyo a refugiados y migrantes, denuncia que las pruebas para determinar la edad a menores extranjeros no acompañados se está haciendo “sistemáticamente” aunque tengan documentación sobre su edad que, legalmente, prevalece.

Así lo han aseverado a EL FARADIO DE LA MAÑANA en ARCO FM desde este colectivo, que asistió este lunes a la intervención parlamentaria sobre el caso Samuel de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, de cuya macroconsejería dependen los Servicios Sociales en Cantabria.

Una intervención que a estos activistas les ha causado “decepción”, según incidía Patricia Manrique, quien recordaba que en Cantabria existen tres casos más que el de Samuel, el menor camerunés sometido a pruebas de edad –que precipitaron su orden de expulsión— pedidas desde el Gobierno a la Fiscalía a pesar de que contaba con partida de nacimiento y pasaporte, reconocidos por sentencias y acuerdos internacionales como suficientes.

Manrique lamentaba el enfoque “legalista y burocrático”, incidiendo en que lo que se está haciendo “no es aplicar la ley”, sino “una interpretación muy concreta”, sin dar valor a la documentación de los menores pese a que “nadie ha dudado”, tal y como les han admitido a Pasaje Seguro desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

También hacía hincapié en que no es a la Fiscalía a quien le corresponde velar por los menores, sino a los servicios sociales de los gobiernos, que deben “protegerles”.

Y afeaba las referencias al humanitarismo del Gobierno, que hacía la vicepresidenta, remarcando que a Samuel “le dejaron sin papeles” y, por tanto, “sin derechos”, lo que cuestiona ese humanitarismo.

REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS

Para Pasaje Seguro, los funcionarios del ICASS, están aplicando la ley de la forma menos favorable para los menores.

Lo que Pasaje Seguro solicita es que termine con una revisión de las pautas de actuación y el establecimiento de un protocolo de actuación que ponga por delante el interés superior del menor, ya que «cómo se aplique la ley puede suponer una diferencia sustancial que afecta a las vidas de estos niños y niñas”.

En su intervención, la vicepresidenta se refería a la oferta hecha a la letrada de Samuel de considerar a Samuel como mayor de edad y ofrecerle medios básicos de vida, pero sin modificación de su estatus legal.

Esto fue rechazado por Eugenia Gómez De Diego, al entender que «Samuel no puede tener ningún futuro si se le niega su realidad de menor, la tutela y, con ello, la posibilidad de acceso al permiso de residencia legal en España.

Este permiso, al que tiene todo el derecho, le permitiría amortizar su formación y las habilidades adquiridas en este tiempo con una estancia regular que no lo condene a la marginalidad.

En resumen, «Díaz Tezanos no impugnó, con los datos ofrecidos, que el ICASS, en lugar de asumir la tutela del menor, haya reactivado de facto -no de iure, ya que no es competente para hacerlo de modo directo, como bien señaló- la expulsión de Samuel, ni explicó por qué el ICASS desestima los documentos válidos aportados por los MENA y opta por hacerles pasar por pruebas de determinación de la edad que hasta la propia ONU ha descalificado».

Así que para el grupo ciudadano Pasaje Seguro, el trámite parlamentario ha resultado “decepcionante”.

“Tememos que se están realizando prácticas, como la privación de asistencia letrada ante la determinación de pruebas de edad, la demora, cuando no la negativa, a asumir la tutela, la obligación de documentar a los menores -y no la mera guarda-, el descargo de responsabilidad en Fiscalía… que, de hecho, niegan los derechos de estos menores no acompañados en Cantabria, que no son tenidos en cuenta como sujetos de derechos. Pedimos que se revisen los protocolos o que se establezcan internamente aquellas medidas que sean necesarias -hacia la Fiscalía, los políticos, funcionarios etc.- que garanticen los derechos de los menores no acompañados en Cantabria, y ojalá en España, realmente», aseveran.