El Gobierno sube las tasas a los teleféricos en la Ley de Acompañamiento
El Gobierno de Cantabria ha aprovechado la Ley de Acompañamiento a los presupuestos para elevar las tasas que se imponen a los teleféricos, que consideraba “excesivamente bajas en relación al coste real del servicio”.
Se refieren a las tasas que pagan las empresas, y que pagarían por distintos trámites que tienen que hacer ante la Administración, no a los precios de taquilla que se le cobran al usuario.
Cada año, junto a los presupuestos, viene la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como Ley de Acompañamiento, que actualiza tasas y precios públicos, y que suele aprovecharse para otros fines.
Los teleféricos fueron una de las grandes apuestas del Gobierno de Ignacio Diego en materia turística, proyectos planteados en una estrecha colaboración con el sector privado, al que se llegaron a plantear ‘rescates’ anticipados, una indemnización si no conseguían un número suficiente de viajeros que hiciera rentable el servicio (caso de la telecabina de Cabárceno, toda vez que el proyecto en la Vega de Pas, cuyo empresario salía en los Papeles de Panamá, acabó finalmente enterrado).
EL RESCATE PREVENTIVO
A estas empresas se les ayudó desde el princioio, sacando el concurso con condiciones cada vez mejores y garantizando, en el caso del Mirador del Pas, el equivalente a un año de pasajeros si no se llegaba a los 120.000 viajeros.
O fijando un abanico de precios que hacia que a la empresa le compensaran tarifas caras, porque a misma recaudación que con tarifas baratas y más visitantes, lograría el ingreso extra de la garantía que le proporcionaría el Gobierno de Cantabria, mientras que si supera el umbral de visitantes fijados, sería ella la que tendría que pagar un canon.
En el caso de la telecabina de CabárcenO, se incluyó una subida de precio para todos los visitantes del parque, fueran a usarla o no.
FACILIDADES CON LAS TASAS
Además, las empresas se encontraban unas tasas muy bajas, que en determinados conceptos eran, directamente, proporcionales al presupuesto del proyecto. Es decir, se aplicaba un coeficiente respeto a lo que le hubiera costado a la empresa, sin calcular lo que en realidad costaba a la administración prestar el servicio.
Y en otras les permitían conseguir la autorización por unos 25 euros, cambiar las tarifas por apenas 5, o pasar inspecciones sin pagar más de 100 euros, cifras que ahora se elevan sustancialmente, tal y como ha consultado EL FARADIO en documentación parlamentaria.