||por Antonio Hontañón Abad, responsable Área socio-sanitaria de IU de Santander||

La ADYGSS (Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales), como su nombre indica, agrupa a más de 200 responsables de la intervención social a lo largo y ancho del país. Se definen como “foro profesional de los servicios sociales”, y sus distintos trabajos y estudios, gozan del rigor de las fuentes estadísticas oficiales y la experiencia y el prestigio en el sector. El pasado 10 de noviembre presentaban el resumen de su detallado análisis de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a “Servicios Sociales y Promoción Social”, en base a los datos que al respecto ofrecen los municipios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A partir de estos datos, han establecido cuatro criterios respecto al año 2015, con objeto de valorar la calidad de los servicios sociales en cada localidad analizada;

-Transparencia (comprobar que el gasto computado en el apartado de servicios sociales y promoción social se compone de gastos efectivamente de “servicios sociales” para lo que es preciso que la información aparezca con un nivel de desglose orgánico y funcional suficiente)

-Suficiencia (superar un gasto de 100 €/hab. en servicios sociales en la liquidación de 2015)

– Incremento (que el presupuesto de 2016 suponga un incremento con respecto al gasto liquidado del año anterior, 2015)

-Y esfuerzo (que el gasto acreditado en servicios sociales supere un 10% del total del gasto no financiero municipal)

De la ponderación de todas estas evidencias estadísticas, la ADYGSS ha dividido los resultados de su trabajo en tres categorías; Ayuntamientos excelentes en su inversión social, ayuntamientos oficialmente pobres en servicios sociales, y ayuntamientos precarios en servicios sociales.

Lamentablemente, Santander se encuentra en el pelotón de los ayuntamientos que ofrecen a su ciudadanía unos servicios sociales precarios, si atendemos a la literalidad del informe, “una inversión tan escasa, que dudamos de su capacidad para prestar los servicios y las prestaciones sociales más básicas a su ciudadanía”.

Los profesionales de la intervención social de ADYGSS sitúan el umbral de una atención “excelente” en un gasto medio por habitante de 100 euros. En Santander, en el año 2.015, esa cifra alcanzó los 43’83 euros. Para el año 2.016, el PP ha presupuestado un exiguo aumento de apenas 9 euros, lo que seguirá situando a nuestra ciudad en el límite entre la pobreza y la precariedad en materia de servicios sociales, con un gasto per cápita de 52’91 euros.

Sirva un dato como referencia: para el conjunto de ayuntamientos analizados, el promedio de gasto ascendió a 78,91 €/hab. Así pues, en Santander, el esfuerzo de su consistorio en ayudar a quienes más lo necesitan es un tercio menor que la media del resto de ciudades de más de 20.000 habitantes.

Cabe resaltar que de las 12 ciudades que obtienen la calificación de “excelentes” en su inversión social, las dos que son grandes capitales de provincia, Zaragoza y Madrid, cuentan en sus equipos de gobierno con una amplia presencia de Izquierda Unida.

A nadie se le escapa la presión mediática e institucional a la que se ha sometido en los últimos meses a Carlos Sánchez Mato, concejal de hacienda nada menos que del Ayuntamiento de Madrid, a la sazón militante de IU, y cuyo gran crimen ha sido desafiar los designios de Montoro y aumentar un 44% la inversión social en la capital de España, de cara al 2.016. Todo un desafío que agradecerán los excluidos de Madrid, si Sánchez Mato sobrevive al fuego amigo y al veneno de Claudio.

Bajo el gobierno del PP, el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha procedido a desvincularse paulatinamente de su obligación constitucional, y por supuesto ética, de atender a sus vecinos más desfavorecidos, privatizando y externalizando funciones y servicios que deberían siempre permanecer bajo el control y la gestión del poder público.

Las consecuencias se miden a diario en las colas que saturan las UTS (Unidades de Trabajo Social) para la tramitación de ayudas, generando una degradación el servicio a prestar que esta semana denunciaban los propios trabajadores, la ausencia de liquidez para las becas guardería, que obliga a tramitar de urgencia una partida de pseudo rescate navideño para esta cuestión, de 25.000 euros, que la concejala presenta como la quintaescencia del compromiso de la administración con las familias más necesitadas del municipio, o la absoluta dejadez con que el Ayuntamiento de Santander contempla la precariedad reinante entre las trabajadoras de la tele-asistencia domiciliaria en nuestra ciudad.

Este informe de los directores y gerentes de los servicios sociales, por desgracia solo viene a poner cifras a la realidad cotidiana de una ciudad que apuesta por convertirse en la “ciudad inteligente”, mientras las políticas de su consistorio la elevan a la categoría de “ciudad precaria”.