Delegación archiva la expulsión de otro menor extranjero no acompañado

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Samuel

La fecha del juicio sobre la expulsión de ‘Samuel’ está señalada para el 9 de enero || Foto: Guillem Ruisánchez

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha archivado la expulsión de un menor extranjero no acompañado (MENA), en otro trámite instado por la Fiscalía de Menores a pesar de que estaba documentado con pasaporte de su país de origen.

El menor, que cumplirá los 18 años en el mes de febrero de 2017, nunca recibió la tutela administrativa de los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria (ICASS) ni el permiso de residencia, como eran sus derechos.

Según ha podido saber EL FARADIO, la resolución de la Delegación del Gobierno manifiesta que el pasaporte del MENA es documentación suficiente para reconocer la minoría de edad del ciudadano extranjero, ya que las administraciones española o cántabra en ningún momento han impugnado la validez del documento. El argumento se apoya en los informes de la Abogacía del Estado.

La resolución que archiva esta expulsión se ha aprobado con anterioridad a la fecha que había sido señalada para la celebración del juicio.

Es un caso como el de Samuel (nombre ficticio), el MENA que ha despertado todo el interés en Cantabria al reactivar el ICASS un segundo trámite de expulsión cuando ya había sido archivado por la Delegación del Gobierno por los mismos motivos.

En su caso, el ICASS no le concedió la tutela administrativa, lo que tuvo como consecuencia que tampoco pudo acceder al permiso de residencia, en los tres meses de plazo legal con los que contaba la administración para efectuar el trámite.

Por el contrario, volvió a solicitar la realización de pruebas complementarias de determinación de la edad ante la Fiscalía de Menores, cuando ya había sido archivado el caso.

Pero el fiscal volvió a ratificarse en el informe médico que llevó al primer procedimiento de expulsión, que además se tramitó con la ocultación por parte del ICASS de que Samuel contaba con una partida de nacimiento de Camerún.

Y eso ha desencadenado un segundo procedimiento de expulsión que tiene como fecha para el juicio el próximo 9 de enero (aunque vistos los procedentes, es más que probable que nunca llegue a celebrarse porque la Delegación del Gobierno está archivando los expedientes de expulsión en todos estos casos).

Las pruebas de determinación de la edad son consideradas ilegales por la ONU e innecesarias por distintos estamentos del Estado, como el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado o el Defensor del Pueblo y organizaciones civiles como Save the Children, Amnistía Internacional, Cáritas o la Fundación Raíces, siempre que el menor esté documentado.

LA HISTORIA DE ‘SAMUEL’

Antes de ser un MENA (Menor Extranjero No Acompañado) Samuel es un emigrante subsahariano. Junto a unos amigos emprendió el viaje desde Duala (Camerún), que les llevaría a atravesar Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos, en busca de oportunidades y sueños en Europa.

En el camino se enfrentó a todo tipo de riesgos, incluido un intento frustrado de salto de la valla de Melilla. Sus compañeros de viaje pudieron pasar esa frontera. Algunos están en Francia y otro llegó a Barcelona. Pero él no pudo burlar a la policía de Marruecos y terminó aquella tentativa molido a palos, según su propio relato a EL FARADIO, en el que se señala una importante cicatriz en el cráneo que certifica la dureza de los golpes recibidos.

En la conversación, que mantiene con un buen nivel de castellano, recuerda con angustia el naufragio en el Estrecho de Gibraltar, que salvó gracias al avistamiento de la patera en la que navegaban a la deriva por parte de un ferry con destino al Puerto de Málaga que escuchó el sonido desesperado de un silbato. Aquella madrugada de invierno en el Mediterráneo se salvaron milagrosamente decenas de vidas.

En adelante, fue acogido por una ONG en Algeciras, que pronto le compraría un billete al destino que eligiera. Y ese lugar fue la estación de autobuses de Santander, donde Samuel tenía un contacto. Sin embargo, pronto comprobó que no había sitio para él en el piso de su colega y entró en contacto con personal de Cáritas, que se hizo cargo hasta derivar su caso, como correspondía, a la Policía Nacional y de forma provisional al Centro de Menores El Acebo, que depende del ICASS del Gobierno de Cantabria.

INTENSO DEBATE POLÍTICO

La publicación de la noticia en exclusiva en EL FARADIO ha desencadenado un importante debate político, que ha llegado al Parlamento de Cantabria a preguntas de Podemos, que había alertado de la existencia de otros dos casos de expulsión de MENAS como Samuel.

Desde los movimientos sociales, Pasaje Seguro Cantabria se ha reunido con la directora del ICASS, Felisa Lois, y su equipo, y con Guillermo Blanco, el jefe del Gabinete del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Además lanzó un escrito a través de change.org que ha superado las 100.000 firmas, en el que se pide una revisión de los protocolos para proteger en lugar de expulsar a los MENAS.

El Gobierno de Cantabria, que preguntado por este medio de comunicación antes de la publicación de la noticia, en un primer momento, se había negado a hacer ningún comentario sobre este caso, terminó emitiendo un comunicado ante las preguntas de otros medios de Cantabria, en el que ligaba su pauta de actuación a la de la Fiscalía de Menores.

Fue la línea principal de la argumentación de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, en una crispada comparecencia ante el Pleno del Parlamento, en la que omitió que el ICASS había ocultado la existencia de una partida de nacimiento de Samuel cuando pidió por primera vez la realización de pruebas de determinación de la edad.

Según la vicepresidenta, la partida «apareció» posteriormente, aunque según el expediente del ICASS al que tuvo acceso este periódico, el documento obraba en poder de la Policía Nacional y de los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria desde el primer día en que Samuel se persona en las dependencias de Extranjería.

Podemos ha pedido dimisiones: de la directora general del ICASS, Felisa Lois, y de la subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia, Vanesa Solórzano.

Al finalizar aquel Pleno, Díaz Tezanos descalificó las informaciones sobre el caso y criticó a «quienes publican falsedades» y no ha vuelto a hacer ninguna declaración pública sobre este asunto.

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