El bono social era una figura que establecía descuentos y precios especiales para determinados colectivos, como hogares con parados o familias numerosas, y se había cargado su coste sobre las empresas eléctricas.

Pero una sentencia del Tribunal Supremo ha cambiado las tornas; recurrieron esta medida la cántabra Viesgo y Endesa, con la consecuencia de que todas las empresas que adelantaron el bono podrían ser indemnizadas con 500 millones de euros, según publicaba EL CONFIDENCIAL

Las características del sistema eléctrico español encarecen el precio de la energía que usan consumidores y empresarios

El motivo de la anulación es que las condiciones no estaban lo suficientemente concretas, como establece la legislación europea.

Y ahora se corre el riesgo de que el Gobierno repercuta ese coste del bono social en el recibo, entre todos (ya sucedió en 2012, cuando se anuló otra vez), según advertía a EL FARADIO DE LA MAÑANA Gabriel Moreno, de la cooperativa energética Solabria, quien recordaba que el bono social se hizo “necesario” porque el recibo de la luz se ha “encarecido” de forma que causa problemas de acceso.

Por tanto, reclamaba una auditoría energética que determine los costes y las necesidades de acceso a la energía, teniendo en cuenta la capacidad económica de las familias.

Para eso, hace falta un estudio de situaciones, cruzando los datos económicos con los de los servicios sociales.

Avisaba de que la cuantía del bono la repercutirán todas las comercializadoras, de una forma no proporcional, ya que recaen del mismo modo en grandes empresas del IBEX que en pequeñas cooperativas como Solabria.

En este sentido, llamaba la atención sobre como al apostarse por un modelo en el que se prioriza el contrato, las condiciones son iguales para un hogar que para una gran empresa pese a que esta consuma más, lo que “beneficia a las grandes”, mientras que un reparto por kilovatios, en función del consumo, será “más proporcional”.

Para el responsable de Solabria, el recurso de Viesgo y Endesa lo han puesto “en connivencia” con las demás del oligopolio y “pone de manifiesto” asimismo “la connivencia de la administración con el oligopolio eléctrico”.

Mientras, a nivel estatal se piensa en medidas para hacer frente a la pobreza energética que apenas supondrían 22 millones de euros de gasto, en una cifra que está generando debate entre los partidos.

Lo que reclaman actores como Solabria es “una verdadera tarifa social”, con IVA superreducido a familias con poca capacidad económica para que puedan acceder al coste básico de la energía, como se hace con el abastecimiento de agua, pero de una forma “más precisa”.

Además, el modelo de cooperativas como la cántabra Solabria (más información en su Web) incluye tarifas específicas y adaptadas, y no realiza cortes a usuarios con problemas económicos.

A esta situación de desigualdad energética contribuyen las nuevas restricciones a las energías renovables, que, incidía, podrían contribuir a la suficiencia energética de nuestro país y cuya ausencia generará más dependencia de los combustibles fósiles, esto es, del exterior, y, por tanto, más inversión económica en energía.

El bono social es una ayuda que el gobierno de España ofrece a determinados colectivos para que éstos puedan afrontar el gas de gas y electricidad con más facilidad. En el caso de las familias numerosas el descuento aplicado es de un 25% sobre la factura total. Este porcentaje, dependiendo de diversas situaciones más como el riesgo de exclusión social, puede ser aún mayor.

Para acceder a él,  hay que ser titular del suministro eléctrico contratado en la residencia habitual de la familia numerosa, tener contratado el PVPC, es decir, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor; la concesión de familia numerosa y no superar el consumo máximo de 345 kWh mensual y el 4.140 kWh anual.

CONCENTRACIÓN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

La lucha contra la pobreza energética va ganando enteros en los últimos meses, saliendo del plano de lo privado, de problemas individuales, a lo social, en especial a raíz del fallecimiento de una anciana en Cataluña tras un corte de luz, que provocó concentraciones de rechazo en todo el país.

Habrá una nueva protesta contra la pobreza energética: el miércoles 21, con concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, de 20 a 21 horas, convocada por el nodo en Cantabria de la Plataforma por un nuevo modelo energético y el resto de organizaciones cántabras preocupadas por el problema. Se recomienda acudir con mantas y velas para contribuir a visibilizar el problema.