Cuando el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia que anulaba el Plan General de Ordenación Urbana de Santander el principal documento urbanístico de la capital tenía otro frente judicial abierto.

Era un litigio que habían presentado los propietarios del Zoco por una cuestión relacionada con un vial en la zona, pero que habían convertido en una enmienda a la totalidad del PGOU: su recurso cuestionaba el modelo de ciudad que contemplaba, sus efectos en otras zonas o la previsión de ingresos, entre otros aspectos de calado.

El Plan General agotó el suelo de la ciudad

La anulación del Plan llegó antes de que se conociera la sentencia derivada de este recurso ante los tribunales cántabros, por lo que el TSJC pregunta ahora a las partes si quieren seguir adelante con este proceso.

Para eso, les da un plazo de 5 días en una providencia a la que ha tenido acceso EL FARADIO, en la que les pide a las partes (o sea, por un lado los propietarios, y, por otro, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander, responsables de su aprobación) que se pronuncien sobre lo que técnicamente se llama “pérdida sobrevenida de objeto”.

Todo mientras sigue sin estar clara la solución a este problema: el Ayuntamiento de Santander insiste en que la ley de acompañamiento a los presupuestos incluye una modificación de la Ley del Suelo que permita arbitrar unas normas transitorias que salven las partes que les sirvan de los planes urbanísticos.

Pero esa modificación no gusta al PSOE, responsable de las políticas de urbanismo, en lo que se ha convertido en un nuevo foco de fricción con sus socios, con avisos cruzados del presidente Revilla (cuyo partido, el PRC, votó a favor del PGOU en su día) y la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos sobre quién debe tomar la decisión.

En cualquier caso, la plataforma DEBA (Defensa de la Bahía, que ha canalizado las reivindicaciones de los vecinos de Santander afectados por el urbanismo) se mostraba contraria al argumento del Ayuntamiento de que el Plan ha sido anulado por cuestiones ajenas al documento.

El equipo de Gobierno del PP se aferra a que el motivo de la anulación es la posterior anulación del bitrasvase, el abastecimiento de agua a Santander, pero DEBA le recuerda que cuando aprobaron el Plan General ya había una sentencia en contra, por lo que sabían que había conflictividad y riesgo de judicialización a instancias superiores.

LOS CONSTRUCTORES ESTARÁN EN LA CROTU

Este fin de semana en una entrevista en El Diario Montañés el arquitecto Domingo de la Lastra (quien en un acto del libro Expulsados en la Librería Gil reclamó que el nuevo PGOU se apruebe por referéndum) denunciaba que “la democracia aún no ha llegado al urbanismo”.

Mientras, los constructores se sentarán, con voz y voto, en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, un organismo dependiente del Gobierno de Cantabria que aprueba políticas urbanísticas como los Planes Generales de los municipios.

Lo pedían la semana pasada a través de su asociación profesional y el Gobierno de Cantabria les respondía afirmativamente al día siguiente, en una decisión que ha provocado el malestar de partidos como Podemos, que llevará el asunto al Parlamento.

La formación morada también le pedirá al gobierno que, si insiste en su idea de incluir a la asociación de Promotores con la “excusa” de que son parte implicada en el desarrollo urbanístico, haga lo mismo con los colectivos ecologistas de Cantabria, que “durante las últimas décadas han puesto coto, con gran coste personal, a los excesos que constructores y promotores han protagonizado en los últimos años en muchos casos con la complicidad de la clase política de esta tierra que muchos dicen amar pero que pocos parecen querer proteger”.

Por su parte, el decano del Colegio de Caminos, Enrique Conde (colectivo profesional que está en la CROTU) y también presidente de la Unión Profesional que agrupa a distintos colegios llamaba la atención sobre la presencia de unos u otros colectivos en esta organismo, refiriéndose a otras entidades de carácter profesionales que, al igual que los constructores, podrían estar allí.

Entre ellas se refirió a los relacionados con la industria o la agroalimentación, o la arqueología, por sus efectos sobre la ordenación del territorio, y cuya ausencia considera “un error”.