Este 30 de diciembre, Santander ha aprobado sus presupuestos para el año 2017 en un pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento.

El presupuesto, que alcanza los 194,1 millones de euros, ha contado con el apoyo del grupo de Ciudadanos además del equipo de Gobierno (PP). El resto de los grupos del pleno municipal, compuesto por PSOE, PRC, Ganems, IU y Santander Sí Puede, han rechazado el documento económico.

David González, concejal de Ciudadanos en Santander, con la alcaldesa Gema Igual.

De hecho, en su elaboración no se tuvieron en cuenta las alegaciones del resto de grupos de la oposición que las presentaron (algunos de ellos declinaron hacerlas al denunciar que solo les dieron tres días para estudiar el borrador y presentar alternativas).

Para rechazarlas, el equipo de Gobierno ha alegado que «muchas ya están recogidas en el presupuesto» y que otras «no responden a la realidad». Es más, el PP ha criticado la “posición de bloqueo” y “falta de alternativas” de la oposición durante la ronda de contactos.

Precisamente la nueva alcaldesa Gema Igual quiso destacar “el fin de potenciar el diálogo” en la última ronda de reuniones con la oposición, que lideró ella misma tras su investidura, aunque en ella dejó fuera a Antonio Mantecón, de Santander Sí Puede.

Mantecón que, como consecuencia de su expulsión de Ganemos y de la serie de decisiones del equipo de Gobierno, quedó como concejal no adscrito, ejerce su tarea desde una posición incómoda en la Corporación, sin despacho y sin ordenador: sin medios técnicos ni humanos para realizar su trabajo.

En estos presupuestos, que el Ayuntamiento califica como «los más sociales de la historia», el equipo de Gobierno confía en no notar la repercusión en las previsiones de ingresos ni de gastos del documento presupuestario de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar de que los previsiones de ingresos de los últimos años se centraban en el urbanismo de la ciudad.

RECHAZO A CREAR UNA MESA DE TRABAJO POR LA ANULACIÓN DEL PGOU

Los votos del PP y Ciudadanos han rechazado la propuesta del PRC de crear una mesa de trabajo para evaluar y tomar medidas tras la anulación del PGOU por parte del Tribunal Supremo.

El concejal de Urbanismo, César Díaz, ha continuado respaldándose en que el motivo de la anulación es debido a la anulación del bitrasbase, que se anuló definitivamente un año después de la aprobación del PGOU.

Díaz ha matizado que la sentencia previa, del año 2011 y anterior a la aprobación del PGOU, «no era firme y había tiempo previo para haber legalizado el bitrasbase». No ha aclarado qué medidas se podrían haber tomado tras la primera sentencia, que habría tomado su mismo partido que gobernaba entonces por igual en la región y en el Gobierno nacional.

Sin embargo, sí ha señalado al PSOE como el culpable de la anulación del bitrasbase por «no haber hecho una valoración mediambiental adecuada» en sus años de Gobierno regional. Sobre sus papel como el máximo responsable de aprobar el PGOU, Césa Díaz ha asegurado que «si tengo que asumir alguna responsabilidad, lo que hago es asumir la responsabilidad de aprobar un PGOU con todos los informes favorables, que ha sido fiscalizado el TSJC y cuyos miembros avalaron unánimemente el modelo» de ciudad de Santander.

ALEGACIONES DE LA PLATAFORMA ANTIDESAHUCIOS

También se han rechazado las alegaciones que ha presentado la Plataforma Stop Desahucios Santander, que propuso a finales del mes de octubre un protocolo de actuación en casos de desahucio por alquiler o por ejecución hipotecaria, y que en las alegaciones pedía que se desarrollara.

Stop Desahucios también incluía en sus exigencias proporcionar recursos profesionales, económicos y habitacionales para situaciones de extrema necesidad en los casos mencionados y establecer cauces de coordinación con la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria; así como establecer un acuerdo con los Juzgados de Primera Instancia de cara a conocer de forma inmediata los desahucios y lanzamientos que vayan a ser ejecutados.

El equipo de Gobierno ha insistido en que «ya existe» una dotación presupuestaria para este 2017 que se centra en estas cuestiones, y ha adelantado que este año se han destinado 151 ayudas a vivienda y otras 161 para suministros, por lo que «no tiene sentido presupuestarlo», ha asegurado la concejala de economía, Ana González Pescador.

Stop Desahucios también había propuesto dotar con algo más de 90.000 euros los recursos para las viviendas municipales, lo que para el Ayuntamiento es «un valor inferior a las 12 viviendas que se han entregado este año, que ascienden a un millón y medio de euros». La concejala también ha insistido en que en enero se entregarán tres viviendas sociales más, y se está gestionando el reparto de otras cuatro.

También se ha denegado la petición de crear una Oficina de Defensa de la Vivienda, que contara con un asesor jurídico-mediador y un trabajador social.

Los gastos previstos por la plataforma ascenderían a 75.000 euros al año, pero el Ayuntamiento lo ha considerado innecesario «porque ya se están atendiendo las necesidades de los ciudadanos», y han recordado que ya cuenta el asesoramiento legal gracias a un convenio con el Colegio de Abogados de Cantabria.