El Gobierno de España, a través del Consejo de Transparencia, ha puesto en duda la transparencia con la que trabaja el Ayuntamiento de Miengo.

Lo ha hecho tras dar la razón a 5 de las 6 quejas que presentó EQUO más Independientes por Miengo ante este órgano, denunciando al alcalde de la localidas, Jesús Jara, tras considerar que se ha vulnerado su derecho a recibir información municipal.

Pleno en Miengo

La concejala y portavoz de la formación en Miengo, Sara Gómez, ha expresado su confianza en que a partir de ahora su grupo municipal pueda tener acceso a la información municipal de forma ágil y eficaz.

“Es una pena tener que recurrir a denuncias al Consejo de la Transparencia o a la Fiscalía para hacer valer nuestros derechos, pero parece que no existe otro mecanismo. Desde hace casi dos años nos topamos con un muro de silencio y de vulneración de derechos, cuando no de mentiras”.

Las cuestiones sobre las que EQUO más independientes ha solicitado información son relativas a la gestión de los servicios como ASCAN, OXITAL, empresa que realiza la gestión de residuos y sobre la que denuncian que “no hemos conseguido nada de información”; o sobre CGI, empresa de recaudación del IBI y otros impuestos e inmersa en la trama Termyca.

EL CONSISTORIO SE NIEGA A DAR INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS MUNICIPALES

En el caso de ASCAN, gestiona el servicio de agua, que recientemente ha sido noticia por bajar la tasa 0,70 euros en la factura trimestral, pasando de ser el municipio más caro de Cantabria al segundo, por detrás de Limpias.

EQUO más independientes registró el pasado mes de agosto hasta 25 preguntas relativas a las variaciones que se han desarrollado en el servicio desde el año 2006, o para conocer información como quién es el responsable técnico del contrario o el administrativo, cuál es el programa de renovación de los calentadores o quién realiza las labores de reparación.

Tras el silencio del Ayuntamiento, el Consejo de la Transparencia ha estimado que la formación se ha encontrado “totalmente desprotegida” y que es obligación del Ayuntamiento ponerse en contacto con la empresa y facilitar esta información en el plazo de dos meses.

En el caso de CGI y OXITAL, el grupo político solicitaba “toda la información existente de la relación” entre el Ayuntamiento y las empresas, y no se le ha remitido ningún documento desde el pasado mes de agosto, por lo que el Consejo de Transparencia da un plazo de un mes para proporcionarla.

El Ayuntamiento de Miengo, que está al frente con dos concejales expulsados del PSOE y apoyado por el PP, tampoco ha proporcionado ningún tipo de información sobre los informes de trabajo del personal laboral municipal desde mayo de 2015.

Todas estas materias el Consejo de la Transparencia las considera “información pública” que debería estar al alcance de los partidos de la corporación municipal. Sin embargo, hasta el momento se ha denegado el acceso a esta por parte de los partidos de la oposición.