El Gobierno de España ha optado por el archivo de la orden de expulsión de Samuel, el menor camerunés a quien se le había dictado esa orden como consecuencia de que el Ejecutivo cántabro pidió que se le practicara una prueba de edad pese a que tuviera su propia documentación y esos papeles tengan validez, según la legislación y los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

Samuel «K», el menor por quien ha surgido la preocupación por los migrantes no acompañados.

Pese a esta noticia que conocíamos estas navidades y que despeja casi definitivamente la expulsión de Samuel (nombre ficticio), todavía le queda un necesario trámite, pendiente de los dos procesos judiciales que ha desencadenado la actuación del ICASS (el Instituto Cántabro de Servicios Sociales) en este caso.

Es el permiso de residencia, que permitiría tener “tranquilidad plena” sobre que Samuel no caería en un “limbo legal”, según advertía en EL FARADIO DE LA MAÑANA su abogada, Eugenia Gómez de Diego.

Porque ahora se está dando la paradoja de que por un lado el Gobierno de España (a través de la abogada del Estado) considera a Samuel como menor de edad y, por otro, él joven está “sin tutela y permiso de residencia”, es decir, en un “limbo jurídico” pese a que la legislación dice que los menores en la situación de Samuel tienen que tener tutor (si no hay padres, la propia administración con competencia en menores, en este caso, la cántabra) y permiso de residencia.

Si Samuel no está en la calle ahora (como si ha sucedido con unos menores en la Comunidad de Madrid estas navidades) es por el trabajo de una organización que le atiende, recordaba su abogada, quien precisaba que el juez puede decidir si da el permiso de residencia inmediatamente o derivarlo al otro proceso judicial que hay abierto, el del cese de la guarda por parte del Gobierno de Cantabria.

Finalmente, Gómez de Diego llamaba la atención sobre que se siguen practicando pruebas de edad (imprecisas, con un margen de error que hace que en estos casos hace que unos meses de diferencia señalen la mayoría o minoría de edad cuando en situaciones de Samuel puede tener consecuencias relevantes), situación, la de los llamados MENAS (menores extranjeros no acompañados) sobre la que también han mostrado su preocupación el colectivo Pasaje Seguro o Podemos, que ha llevado el caso al Parlamento.

En la misma línea insistía Patricia Manrique, miembro de Pasaje Seguro, que recordaba que este colectivo le ha presentado al presidente Miguel Ángel Revilla un protocolo de actuación que incluye la no realización de pruebas de edad a menores cuando estos tengan documentación, tal y como marca la Ley.

Porque, según recordaba en la tertulia de EL FARADIO DE LA MAÑANA, lo único que reclaman en este asunto es el cumplimiento de la legislación y la protección a los más débiles, los menores de edad, que han quedado desprotegidos por la actuación de la Administración y a quienes están atendiendo organizaciones de la sociedad civil.