Esta semana nos ha llegado la enésima subida de la factura de la luz. La electricidad es un 33% más cara desde este miércoles, la segunda subida más grande de la historia.

Se dice pronto, en el cuarto país con la luz más cara de Europa, solo por detrás de países como Alemania o Dinamarca cuyos sueldos medios en ocasiones llega a duplicar el español.

¿Dónde está la indignación ciudadana por el encarecimiento constante de un derecho como es la electricidad?

Las explicaciones del ministro de Energía, Álvaro Nadal, a la enésima subida del precio de la luz son tan surrealistas como para culpar a la ola de frío (cosa que sucede casi cada invierno), o a que los franceses han encarecido la luz.

Pero, ¿cuál es la realidad más clara? Está claro. Que el oligopolio eléctrico tiene un poder tan grande en este país, que no solo consigue subidas imparables del precio de la luz, sino que también consigue que los ciudadanos no podamos auto abastecernos de la electricidad sin pagar o que sean los consumidores los que paguen sus propias necesidades.

Esto es lo que ha pasado con el bono social, que el Gobierno sacó adelante para ayudar a pagar la factura eléctrica en los hogares con mayores problemas económicos.

En un primer momento el coste de este bono recaería en las empresas, que tras un recurso judicial han logrado su anulación. Fueron empresas como Endesa o la cántabra Viesgo las que forzaron la anulación de este reparto del coste del bono social, que el Gobierno ha adecuado más a sus intereses.

En el nuevo reparto, que el Ejecutivo aprobó en la previa a Navidad, el 23 de diciembre, consiste en que las empresas que más contratos tengan sean las que más paguen.

Y esto no es más que una trampa argumental, pues en muchos casos estos contratos son pequeños y domésticos, mientras que las grandes empresas contratan unificados sus productos.

Es decir, paga el pequeño una vez más, en un ataque directo a las cooperativas energéticas, como Solabria, que critica, con razón, que les toca pagar más a ellos, que solo cuentan con contratos domésticos, que otra empresa con menor número pero que gasta el 4% de la energía española en un año.

Esto supone que el bono social acabará saliendo de la factura de la luz, otro encarecimiento más. En definitiva, que a la larga, serán los propios consumidores los que paguen su propio rescate eléctrico cuando necesiten acudir al bono social pero también paguen más por la factura.

EL PEZ GRANDE SIEMPRE SE COME AL CHICO

Esto es lo que pasa cuando las grandes corporaciones tienen un poder que supera el ejecutivo y legislativo de este país; que de una manera u otra las soluciones siempre acaban a su favor.

Y es exactamente lo mismo lo que ocurre con los bancos.

Los bancos siempre consiguen darle la vuelta a esta situación.

Cuando una sentencia como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece que ofrece una solución justa que obliga a que devuelvan un dinero que nunca debieron cobrar, siempre acaba saliendo una solución que les favorece.

Este miércoles, la Audiencia de Cantabria ha decretado que los bancos cuyas cláusulas suelo que se reclamen sean anteriores a la sentencia del Supremo de 2013, no tendrán que pagar costas judiciales.

Es decir, Europa dicta que la limitación de no retroactividad que impuso el Supremo es ilegal, y que los bancos deben devolver el dinero de todos los clientes que tengan cláusulas suelo. Ahora el Gobierno llega a un acuerdo en el que la letra pequeña parece indicar que serán las entidades bancarias las que decidan a qué clientes devuelven el dinero y a cuáles no.

Y, en esta sentencia que ha salido en Cantabria, se dice que los bancos no tendrán que pagar los costes judiciales de los clientes que los demanden. La Unión de Consumidores insiste en que hay algo raro en esta sentencia, porque el formalismo de derecho implica que si alguien pierde el juicio se encarga de las costas.

¿Quiénes los pagarán si empiezan a aplicar medidas como estás? ¿Lo adivináis? Pues eso. Los de siempre.

¿DÓNDE QUEDARON LAS CALLES DE INDIGNACIÓN?

Los de siempre, que siguen ocupados en enfrentando entre sí. La indignación, que hace menos de seis años llenó las calles de ciudadanos cansados de corruptelas, impunidad y recortes, ahora parece haber desaparecido.

Está diluida, a pesar de que los recortes se mantienen, las facturas aumentan y la corrupción y la impunidad está más presente que nunca. La impunidad está más clara cuando han conseguido que los ciudadanos se enfrenten entre sí, por partidismo, y contra aquellos menos afortunados que nosotros.

¿Dónde quedan las calles llenas de indignación?

Ahora los culpables de nuestros males son los refugiados que están congelándose, muriéndose literalmente de frío en los campamentos de Grecia.

Su decisión de huir casi con lo puesto de una guerra que amenaza sus vidas parece que es el verdadero peligro para nuestro sustento, en una época en la que el terrorismo ha convertido la indignación en miedo.

El razonamiento más simple parece ser que las miles de víctimas que huyen de la guerra pueden tener entre sus filas algún terrorista y, por ello, todos merecen morir.

Nada se habla de dónde saldrá la financiación a ese terrorismo, de dónde consiguen las armas y por qué y cómo han pasado en pocos años de ser una minoría a tener poder para causar el terror absoluto en todo el planeta.

Son temas demasiado complejos para una sociedad que ahora quiere respuesta fáciles y rápidas, ya que leer más allá del titular resulta imposible para unas generaciones a las que nos han educado para ir deprisa y cambiar de tema lo más pronto posible.

Objetivo logrado, calle desactivada.