De izquierda a derecha: Sergio Pascual (dirigente de Podemos), Jesús Molinero (arquitecto), Guillem Ruisánchez (El Faradio), Lydia Alegría (Podemos Santander), Ramón Saiz Viadero (historiador) y María José García (vecina de El Pilón)

A los vecinos de El Pilón les pasa un poco como a los colombianos en los años 80, la era del narcotraficante Pablo Escobar: plata o plomo; o aceptan el negocio o aceptan las consecuencias.

Y el negocio al que están sometidos consiste, en participar, en una Junta de Compensación: un instrumento urbanístico que beneficia al propietario mayoritario, porque los costes de urbanización se reparten en proporción entre todos, aunque el promotor se quedará con los beneficios de la venta de las nuevas viviendas, mientras que los vecinos individualmente tendrían que volver a hipotecarse.

Estaba así proyectado en el Plan General de Ordenación Urbana de 2012 – anulado por el Supremo, pero a la espera de decisiones políticas que apuntan hacia los intentos de legalización de lo ya declarado ilegal. De oponerse a participar en esa Junta de Compensación el Ayuntamiento les pagaría un «justiprecio» que María José, vecina de El Pilón, enmienda a la totalidad: «no sé por qué lo llaman así, porque ni es justo ni es precio«.

«Renovar es tirar«. Una frase con mucho contenido histórico, sobre la tradición urbanística de Santander, y con la que explica María José García, una vecina que se ha vuelto experta en urbanismo, la operación urbanística que amenaza a los vecinos de El Pilón, impulsada por una promotora filial de Bankia.

En el fondo, es un proyecto que trata de borrar del mapa un barrio de casitas, antaño periféricas, en una barriada alta de la ciudad: El Alta, muy cerca de Las Antenas, frente al Regimiento y el funicular del Río de la Pila. Una zona de la ciudad donde ha mejorado mucho la accesibilidad por las inversiones públicas y donde la iniciativa privada ha puesto su punto de mira: pretenden construir decenas de pisos con vistas a la Bahía y a pocos minutos de las playas.

«Para los – veraneantes- de Valladolid y Madrid», lamenta María José, que advierte que «nos puede pasar a cualquiera», justo antes de emocionarse y romper a llorar, al recordar el esfuerzo de su familia para conseguir la casa en propiedad: «Mi madre sacrificó a sus hijas» para comprar un piso por que ahora podrían perder a cambio de una miseria.

Su intervención, conmovedora, impactó al vocal de Podemos en la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados, Sergio Pascual, durante la charla organizada por este partido en la capital de Cantabria, con el título ‘Urbanismo en Santander: pasado, presente y futuro’.

Pascual tiene como misión política marcar al hombre – le placaría si estuviera a su alcance, porque en su día jugó al rugby en el Ciencias de Sevilla- , al titular del Ministerio, al inquilino del Palacio de Zurbano: ni más ni menos que el exalcalde de Santander durante la última década.

El tiempo en el que se ha pergeñado la intervención de El Pilón y hasta 88 actuaciones más de renovación urbana. Y renovar, como explicaba María José, es tirar. Borrón y cuenta nueva de una cultura muy de Santander, al menos desde hace 75 años.

«EL BANCO CONTROLA EL URBANISMO»

Los vecinos de El Pilón, como los del Cabildo, Tetuán, Prado San Roque, Peñacastillo y Nueva Montaña, Cueto, Monte o San Román, han tenido que estudiar un máster de urbanismo obligado, sólo para proteger sus propios intereses de los planes de la administración y determinadas élites económicas, financieras e inmobiliarias, fundamentalmente.

Porque el problema del urbanismo en Santander, como apunta el historiador y periodista Ramón Saiz Viadero, es que «se va a producir la misma historia«: que unas pocas élites planifiquen y se repartan los mejores emplazamientos de la ciudad mientras expulsan a la periferia a las clases populares, como ocurrió, en el mayor ejemplo de gentrificación conocido, tras el incendio de 1941 que aceleró los procesos de segregación social.

En la actualidad «el Banco controla el urbanismo», sostiene Saiz Viadero, como se ha demostrado con la imposición de la ubicación del Centro Botín en el muelle de Albareda, y la modificación de los Jardines de Pereda.

Pero es que no es la primera vez. Han unido edificios en el ensanche del SXVIII con un arco (arco-banco), apunta Saiz Viadero, incluso galerías entre el Banco del Paseo Pereda y la Fundación, en la calle Pedrueca, dos calles más al norte de la sede central de la principal entidad financiera del país y de las más grandes de todo el mundo.

La santísima trinidad se funde al sur de la Bahía con el Ojo de Sauron, como se conoce a la torre luminosa con el distintivo en rojo del banco, en el Alto de Solares, donde se ubica el Centro de Proceso de Datos (CPD) rodeado de grandes medidas de seguridad y donde se trazaron dos salidas de la Autovía para conectar la S-10 con la A-8, y para llegar a la puerta del CPD.

«La ciudad es del Banco y el banco controla el urbanismo«, concluye Saiz Viadero, después de un completo relato histórico de la ciudad, desde la Edad Media hasta nuestros días.

«LA PRESIÓN PARA QUE EL PGOU SEA LEGAL ES MUY ALTA»

Le toma en la charla, Jesús Molinero, arquitecto de la Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA), que recurrió la ubicación del Centro Botín a unos tribunales de Justicia que lo desestimaron de manera muy particular (enlace).

Ahora que el Plan General está anulado, Molinero recuerda que «la presión para que este plan – el PGOU de 2012 anulado por el Supremo – sea legal es muy alta». Un plan que agotaba todo el suelo de la ciudad y que convierte la costa norte en terrenos urbanos, además de convenios urbanísticos en el centro, en zonas tan privilegiadas como el promontorio San Martín, el mejor balcón a la Bahía.

En esa zona norte, muchos años antes de que estallara Lehman Brothers empezaron los movimientos de mercado, como única zona de expansión de la ciudad, que está limitada por Bezana y Camargo por el este y por el mar, por su Bahía de Santander, por el sur. movimientos de mercado.

Las propiedades fueron pasando de manos de privados a empresas inmobiliarias y de la construcción, pero con el pinchazo de la burbuja, muchos de esos terrenos han terminado en forma de activos tóxicos, de vuelta a las entidades financieras, que verían mejor equilibrados sus balances si esas parcelas, se edifiquen o no, tuvieran un valor urbano en lugar de rústico.

De manera que, no importa tanto si se van a construir 35.000 viviendas o no, si la ciudad ganará 90.000 habitantes para 2024 como tenía previsto el plan o perderá otros 25.000 en 20 años, como ha pasado recientemente según el Instituto Nacional de Estadística; lo que importa es que el papel, que lo resiste todo, pueda inflar las cifras de los bancos y las constructoras, aunque sea de forma tan ficticia e irreal como el planeamiento que dejó De la Serna, porque el papel lo aguanta todo.

De la misma manera que poco importó en su día si el Aeropuerto de Castellón iba a tener vuelos, o sin ir más lejos, si el Puerto de Laredo iba a tener barcos o atraques vacíos, ni que los 2.500 kilómetros de AVE tuvieran o no pasajeros que hicieran uso de una red de ferrocarril que cuesta mantener 100.000 euros por kilómetro cada año, como apuntaba Pascual.

EXPULSADOS

Y mientras, en la ciudad consolidada, hay vecinos que siguen sin saber que el puñetazo del ladrillo puede caer sobre sus casas. Porque, como sostiene la investigación de El Faradio ‘Expulsados, la transición urbanística pendiente’, muy poco ha cambiado la forma de hacer ciudad desde aquel 1941 en que el régimen de Franco pegó el cambiazo al centro de Santander.

Entonces, aprovechando que el incendio destruyó el centro histórico, la ciudad medieval prácticamente al completo, las primeras élites del franquismo actuaron, allanaron – literalmente al meter la piqueta y modificar la orografía del Cerro de Somorrostro- el gran solar todavía humeante y, finalmente, se lo repartieron.

Y expulsaron a la periferia, al Hipódromo de Cueto, a Campogiro, a La Albericia o al Barrio Pesquero, a la mayor parte de los 10.000 vecinos que perdieron sus casas en el incendio y que no pudieron siquiera alzar demasiado la voz, en un periodo de ajuste de cuentas tras la Guerra Civil.

Como querían los ideólogos de la arquitectura del régimen: la ciudad orgánica. Lo funcional al centro: los poderes político y económico, en la Plaza Porticada, y las clases altas en el entorno de ejes comerciales de pretensiones elitistas; el alma en La Catedral, junto a la iglesia de La Compañía, los únicos edificios rehabilitados tras el incendio (lo demás… renovar, que es tirar y empezar de nuevo) y las extremidades, clases populares o actividades insalubres (fábricas, pescadores…) a la periferia.

‘Expulsados. Santander, la transición urbanística pendiente’ sostiene con las pruebas de la investigación periodística que las élites económicas siguen dibujando el plan de la ciudad a futuro, desde sus despachos, en connivencia con la clase política, mientas las clases populares, de forma menos abrupta pero sostenida, siguen sufriendo la expulsión del centro a la periferia.

Pero también que la transición ha empezado, con voces que piden un urbanismo más dialogado con los vecinos, como apuntó Domingo de la Lastra, incluso un referendum sobre el próximo PGOU, o con el primer microespacio diseñado tras una macro encuesta a los vecinos de Fernando de los Ríos.

Y también hay transición en la protesta, en que los vecinos de ahora, como María José, como los de la senda costera, se pueden plantar y detener las obras de toda una Dragados, de Florentino Pérez, en la ciudad del que fuera ministro de Fomento, Iñigo de la Serna; no pudieron hacerlo, protestar por el destierro, los vecinos del 1941, tras el incendio. Entonces si que fue plata o plomo.