El Concejo Abierto de Santander ha exigido la dimisión del concejal de Urbanismo César Díaz por su responsabilidad en el PGOU de 2012, recientemente anulado por el Tribunal Supremo, y su gestión tras la sentencia.

César Díaz, concejal de Urbanismo de Santander.

En opinión del Concejo, que agrupo a diferentes asociaciones y movimientos sociales de Santander, la información dada por el concejal de Infraestructuras Urbanismo y Vivienda sobre las consecuencias que va a tener para la ciudad la anulación del PGOU, constituye un “lamentable ejercicio de echar balones fuera eludiendo la responsabilidad del equipo de gobierno municipal del PP”.

César Díaz ha insistido en sus comparecencias en achacar la causa de esa anulación a “motivos externos y sobrevenidos”, como fue la anulación del Bitrasvase Ebro–Besaya-Pisueña, que se había producido por la Audiencia Nacional en 2011, un año antes de la aprobación del Plan General.

En su opinión, esta actitud “no es más que una tapadera” para ocultar su actitud como “el más inflexible y contumaz defensor público del Plan General” en los últimos años. Según el Concejo, el concejal no ha dudado en enfrentarse por ello a diversas asociaciones y colectivos de vecinos “con descalificaciones generalizadas”, lo que, en su opinión, ¡ha puesto de manifiesto su incapacidad técnica y la falta de respeto a los ciudadanos, su escaso talante democrático”.

“Como máximo responsable político de la realización y defensa del Plan anulado, Cesar Díaz debe seguir el mismo destino que su plan: asumir su responsabilidad política y dimitir, por haber defendido y mantenido un Plan que era ilegal, y ser responsable de las negativas consecuencias y problemas que se derivarían para la calidad de vida de los habitantes de Santander de la ejecución de ese Plan”, asegura el Concejo a través de una nota de prensa

PSOE: “NO NOS SIRVE ESE ATAJO QUE PRETENDE COGER CÉSAR DÍAZ”

Desde el Concejo, también insisten en que el edil está tratando de evitar el debate sobre el modelo urbanístico de crecimiento de la ciudad de Santander, buscando presionar al Gobierno regional para que solucione de forma transitoria la mayoría de los proyectos mediante la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, alegando consecuencias desastrosas para la economía de la ciudad.

Algo que tiene divididos a los partidos del Gobiernos. En el PRC se enfrentan a la ironía de que ellos apoyaron el PGOU en 2012 mientras criticaban el modelo del PP y, por lo tanto, podrían ser los regionalistas los que apoyen esta pretensión del Ayuntamiento.

La posición del PSOE, por otro lado, se mantiene contra esta solución, al igual que en 2012 votaron contra el PGOU. “Lo que defiende el PSOE es que no nos sirve ese atajo que pretende coger César Díaz al pasarle la pelota al Parlamento”, insiste la portavoz socialista en el Parlamento, Silvia Abascal. “Queremos una ley que dé seguridad jurídica a los parlamentarios”.

Sin embargo, Abascal reconoce la posibilidad de que los números a la hora de la votación sea “otra historia”, pues si los regionalistas apoyan o se abstienen en la enmienda del PP esta saldrá adelante. “Habrá que hablar con todos los grupos parlamentarios”, apunta Abascal.

En la tertulia de El Faradio de la Mañana, el abogado Javier Ceruti ha comparado la actitud del concejal con una metáfora: “La realidad es que César Díaz iba conduciendo un coche, había unos carteles que decían peligro curva, aceleró en vez de frenar y se salió de la curva. Y cuando llegó la Guardia Civil dijo la culpa es que estaba la curva y la culpa es de quien la hizo. Pero no”.

Ceruti insiste en que Díaz “tenía un aviso de que no iban a tener el abastecimiento de agua, una sentencia de la Audiencia Nacional, y no podía usted seguir así”. Por ello, considera que la postura del edil de ataque al PSOE “es una huida adelante”. “No puede ser que el que creó el problema sea quien quiera solucionarlo”, añade.

EL CONCEJO INSISTE EN RECORDAR QUE EL PGOU YA ERA MUY CRITICADO ANTES DE SU ANULACIÓN

Pese a que “tratan de evitar el debate”, el Concejo insiste en recordar que mucho antes de la sentencia del Supremo, el PGOU de 2012 había sido “fuertemente contestado por los vecinos de los barrios afectados” por unas áreas especiales de actuación, que suponen en muchos casos el derribo de las actuales viviendas y la expulsión de los actuales habitantes en beneficio de los intereses de unos pocos promotores inmobiliarios.

Son los habitantes de El Pilón, Prado San Roque o Río de la Pila, que también forman el Concejo Abierto; y que también recuerdan el caso de La Remonta, que la anulación del Plan ha echado por tierra su previsión de construir en ella más de 1.300 viviendas y 41.500 m2 de actividades comerciales.

Asimismo, recuerdan que en el Plan Litoral del Norte, el otro proyecto que ha caído, se preveía “una enorme operación especulativa al calificar como urbanizables los suelos rústicos del litoral norte sobre los que no se puede edificar por aplicación de la Ley de Costas y del POL”.

“Es el momento de diseñar un nuevo Plan General con amplia participación ciudadana y al servicio de los intereses vitales de la ciudadanía de Santander, que tenga como objetivo fundamental una ciudad para vivir, y no el seguir manteniendo a Santander como un mero solar para satisfacer la ambición de unos pocos agentes inmobiliarios bien relacionados con el poder político, como ha venido ocurriendo hasta el presente”, finaliza el Concejo, solicitando consenso y participación en la redacción del nuevo Plan.