Equo Cantabria ha advertido de la existencia de presuntas irregularidades detectadas en el convenio urbanístico anunciado entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y la fábrica de conservas Lolín.

Para empezar, el convenio se firma con Jesús Gutiérrez, que es a la vez representante de la empresa y concejal por el PRC en el Ayuntamiento (aunque no en el equipo de Gobierno).

Y, por otro, creen que con ese convenio se estaría encubriendo la apropiación de suelo público, además de un exceso de aprovechamiento urbanístico.

Tal y como detallan, en el pasado 24 de noviembre de 2016 fue publicado en BOC el Informe Ambiental Estratégico del modificado nº 23 del Plan General de Castro Urdiales que implica el traslado de la fábrica de conservas Lolín, y la recalificación del suelo para albergar un nuevo centro comercial.

Esta operación pretende impulsarse a través de la firma de un convenio urbanístico entre la propiedad y el Ayuntamiento de Castro Urdiales que se compromete a la tramitación del modificado del Plan General para cambiar el uso de la parcela de “productivo industrial” a “productivo comercial”.

LAS INCOMPATIBILIDADES

Juantxu Bazán, responsable de Urbanismo y Medio Ambiente en la Mesa de Coordinación de EquoCantabria, miembro de CastroVerde, ha publicado en su blog las conclusiones de un amplio estudio en el que se desvelan irregularidades que podrían suponer infracciones urbanísticas graves, e incluso responsabilidades penales si se llevara a efecto el convenio urbanístico.

Según señala Bazán, “no es ético que un concejal haga negocios con el Ayuntamiento al que pertenece, máxime cuando ello supone una recalificación de sus terrenos y un aumento considerable de las plusvalías urbanísticas, pero es que además es ilegal al estar incurso entre las prohibiciones de contratar que señala la ley de contratos del sector público para los cargos de elección política.”

Los promotores de la operación son Jesús Gutiérrez y su hermano Fernando Gutiérrez, ambos en representación de las sociedades Notna S. L y Anchoas Lolín S. L. “Varios informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa”, afirma Bazán, “se han posicionado claramente por la prohibición de hacer contratos entre concejales o sus familiares directos con el Ayuntamiento; o se es concejal, o se hacen negocios con el Ayuntamiento, pero no se pueden pretender ambas cosas a la vez.”

EL SUELO

Pero además, según exponen, unos 600 m2 de suelo público, propiedad del Ayuntamiento de Castro Urdiales, habrían sido apropiados por la fábrica de anchoas.

EquoCantabria advierte también de presuntas irregularidades, entre ellas una apropiación de suelo público que desde que se construyó la fábrica de anchoas en Brazomar habría permanecido dentro del recinto de la fábrica, apropiación que no fue advertida ni por los servicios técnicos municipales, ni por Javier Leonardo, director de DIRSUR, la empresa de ingeniería a la que fue adjudicada la redacción del Plan General, uno de cuyos técnicos, el ingeniero de caminos Antonio Martínez resulta ser firmante también del proyecto de la fábrica de anchoas, cuya tramitación se realiza meses antes de aprobarse el Plan General de Ordenación del municipio de Castro Urdiales, en diciembre de 1.996.

Según señala Juantxu Bazán, en un estudio en el que aporta la evolución de los planos en los que se ubica la fábrica de anchoas, los terrenos que debieron ser cedidos como espacios públicos se corresponden con las propiedades que adquirió el Ayuntamiento de Castro Urdiales en el año 1.974 a la sociedad estatal FEVE, tras la inactividad del ferrocarril Castro-Traslaviña, justamente siendo alcalde Manuel Gutiérrez Elorza “Lolín”, padre del actual representante de la empresa.

Según sus propias estimaciones, “algo más de 600 m2 de lo que fue el talud de la vía del ferrocarril se habría medido dentro de la fábrica, y de ellos la mitad tendrían que haberse cedido como espacio peatonal según las normas urbanísticas del Plan General que fueron ignoradas en beneficio de la propiedad y en detrimento de los espacios públicos.”

Además de la apropiación de suelo público, EquoCantabria denuncia un exceso de aprovechamiento urbanístico que sería «bendecido» por el convenio urbanístico, en caso de aprobarse, por el que el futuro centro comercial estaría ocupando un 88% de la parcela (1.561 m2 más de suelo edificado de los que tiene actualmente la fábrica), cuando las normas urbanísticas no permiten una ocupación mayor del 65% de la parcela, permitiéndose edificar una altura de más de lo indicado por el Plan General.

En total, se estiman algo más de 5.500 m2 de edificabilidad distribuidos en espacios comerciales, aparcamientos en planta y espacio deportivo (gimnasio, sala de pádel) que se incorporan en el nuevo centro comercial.

Además de EquoCantabria, también se ha posicionado en contra en esta operación ha sido la asociación ecologista ARCA que, durante el trámite de consultas de la Evaluación Ambiental Estratégica ha advertido de los excesos de aprovechamiento, así como el incumplimiento de la ley de Costas, al estar el futuro centro comercial sobre el borde de la ría de Brazomar y afectada por el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, incumpliéndose las servidumbre legales de Tránsito y de Protección.