El Ministerio Fiscal pide un año de prisión para uno de los estudiantes y activistas imputados por el escrache al expresidente Ignacio Diego en una visita a la Universidad de Cantabria a un acto de debate, y multas para otros compañeros, según ha podido saber EL FARADIO de fuentes jurídicas.

La comunidad educativa mostraba su apoyo a Preguntar No Es Delito esta semana.

Quedaba por conocerse el pronunciamiento del ministerio público, que, finalmente retira la parte de atentado a la autoridad aunque mantienen las de las coacciones y la falta, así como los daños al vehículo oficial, que son los que suponen esta petición de pena al considerarse que esta documentado por las facturas que se presentaron por su reparación. Para el resto de los imputados habrá fuertes multas económicas.

De modo que el caso se encamina a un juicio, que será donde se decida si son inocentes o culpables y las penas. La postura del Fiscal, que es el ministerio público, se produce a pesar de que no habrá acusación particular del propio afectado, el expresidente Diego, que inicialmente denunció los hechos pero luego no se personó como acusación.

Los hechos sucedieron hace tres años, con motivo de una visita del entonces presidente Diego a un encuentro abierto con estudiantes al que se vetó el acceso a universitarios que se consideraba críticos.

Al término del acto se produjeron incidentes, y estos universitarios y activistas denunciaron haber recibido agresiones de la escolta del presidente, pero fueron ellos los denunciados en lo que fue el inicio de un proceso judicial sustentando en las versiones policiales y de los escoltas, mientras se desechaban las suyas o las de otros testigos.

El caso motivó la creación de la plataforma Preguntar No Es Delito, que hace apenas dos semanas recibía el apoyo de la comunidad educativa con un parón escolar, así como el respaldo de más de doscientas personas que asistieron a una rueda de prensa para denunciar que con este caso se quería dar un «escarmiento» a la protesta social.

Los estudiantes difundieron en su día un vídeo en el que se desmontaban las acusaciones y la versión policial, pero de momento la justicia no ha querido admitirlo como prueba.