Sede del ICASS y del EMCAN, registrada por la UDEF en diciembre || Foto: Carlos A.

Funcionarios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales fabricaron informes falsos para la trama de los cursos de formación que operaba desde el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) que investiga la Policía Judicial desde la Comisaría General de Madrid.

Así consta en diversos documentos en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde los registros que autorizó la Fiscalía de Cantabria el pasado mes de diciembre.

En concreto, hay al menos tres informes, dos en 2013 y otro en 2016, que se elaboraron desde el ICASS a petición del EMCAN, en el sentido de anotar supuestos incumplimientos en los centros de Cossío Formación en Santander y Torrelavega, de los que nunca se le dio traslado.

La UDEF sospecha que dichos informes son falsos. Se habrían elaborado a la carta, a petición de la trama funcionarial, para ‘castigar’ así a un centro de formación que no quería participar del esquema de presuntas ‘mordidas’ a cambio de adjudicaciones de cursos de formación a otra serie de centros beneficiados.

LA DENUNCIA QUE ORIGINA LA INVESTIGACIÓN DE LA UDEF

Cossio Formación presentó en diciembre de 2015 una querella criminal contra 8 funcionarios, entre los que destaca el actual presidente de la Plaza de Toros, Constantino Álvarez, que era el responsable de homologación de los centros de formación, así como contra dos responsables políticos: las dos últimas directoras generales de Empleo, con el PSOE, Carmen Díez Marzal, y con el PP, María Ángeles Sopeña.

El caso está a la espera de que la Audiencia de Cantabria resuelva el recurso de la academia, pero por medio ha entrado en juego la investigación de la UDEF.

A los indicios de prevaricación y falsedad documental a los que apuntaba la querella que presentó el centro de formación, la Policía Judicial ha añadido, de forma indiciaria, un posible delito de cohecho (reparto entre la trama de las mordidas cobradas a los centros de formación).

ORGANISMOS Y CARGOS CLAVE

Los hechos arrancan con la segunda legislatura de la primera etapa de Gobierno PRC-PSOE (2007-2011) aunque las actuaciones de los funcionarios se concretan en los primeros informes durante el Gobierno del PP (2011-2015).

El último informe lo firma Patricia Señas, funcionaria del Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (CAT), dependiente del ICASS, tras negarse a entrar en las instalaciones de Cossío para resolver en el mismo sentido que los anteriores, firmados por su antecesora, Pilar Orcajo, ya jubilada.  Ambas aparecen como denunciadas en la querella de Cossío.

El actual Ejecutivo PRC-PSOE está al tanto de todo, porque tiene sobre la mesa la petición de Cossío Formación de la revocación de todas las actuaciones que impiden a la academia optar a la adjudicación de cursos de formación.

El asunto está en manos del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), y de su jefe de gabinete, el socialista Rafa Pini.

También tiene conocimiento de la situación la directora general de los Servicios Sociales (ICASS), Felisa Lois, de quien depende el CAT.

Lois tampoco ha resuelto la petición de Cossio Formacion de que se revoquen los informes de los que se sirvieron los funcionarios y la directora de Empleo para retirar la homologación a este centro de formación.

El ICASS depende de la macroconsejería de Eva Díaz Tezanos (PSOE), que está al tanto de las denuncias de varios centros de formación perjudicados.

NUEVAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRA LAS DECISIONES DEL GOBIERNO

Este medio de comunicación se ha puesto en contacto con el departamento de Díaz Tezanos por estos hechos pero la única respuesta oficial es que el Ejecutivo brinda toda su colaboración a la UDEF (como no puede ser de otra manera).

Por su parte, Cossío Formación recuerda que hay nuevas actuaciones administrativas que han presentado ante el ICASS y el Consejo de Gobierno, a finales de 2016 y principios de 2017 respectivamente, y por las que muestran una «honda preocupación».

Son al margen de los temas ya judicializados, en vía contenciosa-administrativa y en vía penal, y de las investigaciones en curso de la UDEF, que por el momento no quieren valorar para «no entorpecer» las actuaciones de la Fiscalía y de la propia Policía Judicial.

La empresa ha solicitado y esta a la espera de poder reunirse junto a sus abogados, con el presidente Revilla.

Cossio Fornación remarca que «la espera se hace larga», porque ha pasado «demasiado tiempo» y temen que se siga “castigando”  a la empresa por defender sus intereses ante los tribunales y por «denunciar la corrupción».