La consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), junto a la ministra (derecha), Dolors Montserrat (PP) || Foto: Gobierno de Cantabria

La plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria ha urgido al Gobierno de Cantabria para la adopción de medidas “necesarias” para evitar “situaciones de denegación de asistencia sanitaria” a los inmigrantes sin permiso de residencia.

Así lo han constatado en los últimos acompañamientos, como indican en un escrito registrado esta semana ante la Consejería de Sanidad del Gobierno cántabro.

Y plantean medidas que dependen del ámbito autonómico, “ya pactadas”, como la difusión de cartelería en los centros de salud o la “eliminación de otros carteles que pueden contener elementos disuasorios sobre el acceso al sistema de protección sanitaria pública.

El escrito se presenta con carácter previo a la próxima celebración del Consejo Interterritorial de Sanidad – que reúne al Gobierno central y a las comunidades autónomas.

En ese ámbito, la Plataforma demanda al Gobierno de Cantabria que exija al Ejecutivo central “la derogación inmediata” del Real Decreto 16/2012 y, “mientras tanto”, que el Gobierno de Rajoy retire los recursos contra las órdenes de inclusión de las comunidades autónomas con gobiernos del PSOE que pretendieron reparar la exclusión sanitaria desde sus ámbitos competenciales.

En este sentido, Ciudadanía contra la exclusión sanitaria de Cantabria reconoce el “compromiso” de la Consejería de Sanidad actual con la “sanidad universal”,

Por este motivo piden al Gobierno regional que insista en la defensa de la “restitución” de un sistema “plenamente universal” en el que “los inmigrantes sin permiso de residencia gocen del derecho a la protección de su salud en igualdad de derechos con todos los españoles”.

5.000 TARJETAS SANITARIAS RETIRADAS EN CANTABRIA

En Cantabria se han retirado 5.000 tarjetas sanitarias desde la entrada en vigor del RD 16/2012, aunque no todas son inmigrantes en situación irregular, que se calcula que suponen unas 3.000 del total, porque también hay cántabros que han emigrado.

El anterior Gobierno del PP cedió y ordenó la atención sanitaria a los sin papeles, después de que la entonces titular de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, hubiera confrontado públicamente con los movimientos sociales y tras defender “el cumplimiento de la Ley en un Estado de Derecho”.

Sin embargo, el cambio de criterio del Gobierno del PP en la región no terminó de satisfacer a la plataforma ‘Ciudadanía contra la exclusión sanitaria en Cantabria’, al plantear trámites y burocracia que dificultaba en la práctica la restitución de la atención a los colectivos excluidos, con criterios similares a los que ahora plantea el Gobierno central.

El actual Ejecutivo regional (PSOE-PRC) estimó que podrían volver al sistema hasta 3.000 ciudadanos excluidos por la actual legislación.

Y pidió de forma oficial, al recuperar el poder, al Gobierno de España, la derogación del Real Decreto 16/2012 que regula la exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular, así como la de otros colectivos.

Así lo hizo constar en las alegaciones del Ejecutivo cántabro a una propuesta del Ministerio de Sanidad.

El Gobierno del PP pretendía crear un registro para atender a aquellos con una antigüedad de empadronamiento de  6 meses, siempre y cuando el solicitante acreditara no tener recursos económicos, y vinculado sólo a la atención primaria.

En agosto de 2015 el Gobierno cántabro aprobó la orden que regulaba la inclusión en el sistema de las personas sin protección sanitaria, pero el Gobierno central recurrió la normativa, que ahora está pendiente de sentencia firme.

La consejera de Sanidad, Maria Luisa Real, se reunió la semana pasada con la ministra del ramo, Dolors Montserrat. En el encuentro volvió a solicitar incluir en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial la derogación del RD 16/2012.