El Concejo Abierto de Santander, formado por varias asociaciones y colectivos preocupados por la gestión del urbanismo, ha denunciado el borrador de la nueva Ley del Suelo de Cantabria. Este colectivo está formado por algunos grupos de vecinos, afectados por el recientemente anulado PGOU; como los vecinos del Pilón, de Prado San Roque o la Asociación de Vecinos Los Arenales.

El barrio de El Pilón, uno de los barrios pendientes del derecho al realojo y el retorno.

Este borrador no contempla el derecho al realojo y el retorno que aprobaron conjuntamente el pasado 24 de octubre los partidos de la oposición, Podemos, PP y Ciudadanos. Al contrario, en dicho borrador el realojo que se contempla consiste en pagar por otra vivienda, “si tienes la suerte de disponer de efectivo o poder pedir un crédito bancario”, pero no asegura que ésta sea en el mismo barrio y sin la certeza del retorno en todos los casos de expropiación. Además, denuncian que “nada se menciona respecto de los negocios o locales comerciales afectados”.

Desde el Concejo Abierto insisten en que estas condiciones gustarán más a los promotores inmobiliarios que a los vecinos, “ya que en la mayoría de los casos no se tienen que hacer cargo de los realojos ni de la suerte de los expulsados”.

“Con esta futura ley del suelo, están sentenciando la vida de muchos cántabros, igual que hizo el Consistorio del Ayuntamiento de Santander planificando un Plan General abusivo e injusto para muchos barrios santanderinos y para la propia ciudad”, aseguran desde el Concejo en nota de prensa.

“LOS VECINOS PUEDEN SER VÍCTIMAS DEL DESALOJO DE SUS VIVIENDAS”

Por este motivo, el colectivo lamento que se desande el camino avanzado en el Parlamento, cuando la oposición reformó la ley del suelo en “una grandiosa victoria de contenido social y humano”.

Han pedido que no se olvide que numerosos barrios de Santander están en el punto de mira del Plan General del Ayuntamiento, ahora anulado por los tribunales, y que si vuelve a elaborarse con el mismo sentido urbanístico “sus vecinos pueden ser víctimas del desalojo de sus viviendas”.

El Concejo se pregunta “a qué intereses” responde el Gobierno de Cantabria, al que acusa de desentenderse del tema, mientras alaba la “conciencia social y política” de los tres partidos de la oposición, “a pesar de tener ideologías políticas distintas”.