El portavoz del equipo de Gobierno del PP, Cesar Diaz, en una inauguración con el exalcalde, Iñigo de la Serna || Foto: archivo

El Ayuntamiento de Santander asume que tendrá que modificar la ordenanza de la Plusvalía, después de la sentencia que da la razón al recurso de un abogado santanderino de 28 años, Miguel Gómez Cotera, que impugnaba los requisitos para la bonificación del 90%, al establecer criterios que provocan situaciones de discriminación ante situaciones iguales, como fue su caso.

Una reciente sentencia del Juzgado de lo contencioso nº 3 de Santander, declara contraria a la ley la limitación de la bonificación del 90% de la plusvalía municipal en caso de fallecimiento a los descendientes que han convivido con el fallecido los dos años anteriores al deceso.

La resolución municipal, contra la que el abogado afectado había presentado recurso ante el Pleno, le obligó a pagar 2.746,48 euros por la plusvalía frente a los 274,64 euros que tendría que haber abonado de haber podido acogerse a la bonificación, que fue la cifra de liquidación de su madre ante la misma situación de pérdida familiar.

La sentencia tiene efectos no sólo sobre el caso del recurrente, sino sobre la ordenanza municipal, que es declarada ilegal en ese aspecto.

Además la juez ha dado traslado para que el órgano competente, el TSJC, valore si debe abrirse la cuestión de constitucionalidad sobre la norma.

Y aunque contra la sentencia cabe recurso, el portavoz del equipo de Gobierno, Cesar Díaz, ha asegurado en el programa de radio Cantabria en la Onda de Onda Cero que «a la luz de la sentencia, tendremos que modificar esa ordenanza».

«Si se establece que la bonificación no debe establecerse de esa manera sino de otra, pues tendremos que hacerlo de otra manera», ha asumido el primer teniente de alcalde.

Díaz, que ha defendido que la bonificación «potestativa» lo que buscaba era «proteger a los hijos que vivían con los padres y no sólo a los viudos cónyuges», pero «para el caso de los hijos que estaban viviendo con sus padres y que se pudiera constatar con el requisito de estar viviendo los dos años anteriores a la muerte del familiar».

Además, ha justificado las decisiones del equipo de Gobierno del PP porque «siempre hemos estado a lo que nos decían los informes técnicos». «La intención estaba clara, pero si los tribunales establecen que hay que hacerlo de otra manera lo haremos de otra manera», se ha resignado.

El abogado que ha ganado el caso, Gómez Cotera, ha valorado en declaraciones a EL FARADIO, que el Ayuntamiento podría perder entre 7 y 9 millones de euros en ingresos anuales fruto de la modificación de la ordenanza.

«ES FUNDAMENTAL LA HEMEROTECA»

En el mismo espacio radiofónico, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Casares, ha considerado que en este caso «es fundamental la hemeroteca», porque «este ciudadano había presentado una reclamación ante el pleno» y la oposición había advertido que el asunto «acabaría en los tribunales».

En este sentido, ha invitado a «leer las actas del Pleno del Ayuntamiento donde ya dijimos lo que iba a pasar», ya que, en su opinión, «este ciudadano tenía derecho».

Casares ha opinado que “se subestimó” la capacidad de un ciudadano para defender “lo que era justo” y pide al equipo de gobierno, que además de modificar la ordenanza, “pidan disculpas a este vecino por un tratamiento injusto de su situación”.

Según ha desvelado, los portavoces de los grupos municipales han intercambiado borradores porque «el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a la sentencia».

El portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha pedido al equipo de Gobierno «escuchar de una manera más serena a los ciudadanos y sus realidades», al hilo de este caso.

IU SOLICITARÁ LA MODIFICACIÓN URGENTE DE LA ORDENANZA

Izquierda Unida solicitará la modificación urgente de la ordenanza de plusvalía municipal.

“El recurso que origina la sentencia fue debatido y votado en el pleno municipal hace ahora un año, donde pudimos observar la sintonía del PP y Ciudadanos a la hora de sangrar a los santanderinos con cargas fiscales arbitrarias”, ha afirmado el concejal de IU, Miguel Saro.

En este sentido, ha advertido de que la resolución «pone de manifiesto que el verdadero afán del gobierno municipal y sus socios es recaudatorio sin importarles la justicia y progresividad fiscal”.

Además, ha criticado la posición que mantenían el PP y Ciudadanos «contraria al principio de igualdad ante la ley y contraria a los intereses de los vecinos».

Por ello, Miguel Saro critica la posición del Partido Popular en Santander, ya manifestada en diversos plenos, de mantener una medida discriminatoria y arbitraria que discrimina a quienes no conviven con la persona fallecida, vulnerando una consolidada interpretación del Tribunal Constitucional.

Para Saro, lo urgente ahora es poner fin a esta «aberrante e injusta» redacción de la ordenanza «antes de que cause mayores males», por lo que intentará, en acuerdo con el resto de la oposición, «obligar al equipo de gobierno municipal a modificar la redacción de la ordenanza hacia una redacción justa y acorde con la legalidad».

Según el portavoz de IU, ahora el foco de atención estará en los dos concejales de Ciudadanos, que en el pasado apoyaron esta redacción de la ordenanza y tiraron el recurso del vecino de Santander que ahora se estima «con el silencio o las explicaciones más peregrinas».