De pequeño te premiaban cuando lo hacías muy bien y te castigaban cuando lo hacías mal. Era sencillo, pero te servía para comprender como se deben hacer las cosas.

Una vez le pregunté a mi madre que por qué no me daba regalos por aprobar todas, y me dijo que es que eso era mi obligación. Lo entendí enseguida: el premio es para lo extraordinario, pero hacer lo correcto era mi obligación, es nuestra obligación, aunque entonces ya comprobé como otros compañeros recibían premios por suspender menos de lo habitual.

Es cuestión de valores, y el problema es cuando ese sistema de premios y castigos no tiene reflejo social. Peor aún, cuando se produce esa distorsión general en la que las actuaciones incorrectas se llevan premios y quienes hacen lo correcto sufren castigo.

Y así, Julio Revuelta, secretario general de Podemos en Cantabria, se sentará el próximo 28 de abril en el banquillo por unas declaraciones a la Cadena Ser en las que se hacía eco de las “irregularidades” detectadas por el Interventor General en la gestión de Salvador Blanco al frente de la empresa pública SODERCAN.

Unas declaraciones que podían haber llevado a cualquiera a juicio, ya que la gestión de Salvador Blanco ha sido ampliamente cuestionada por todo tipo de sectores políticos o sociales tras conocerse las prácticas detectadas por el Interventor en esta sociedad pública (contratos fraccionados, falta de seguimiento o de evaluación previa de inversiones….). Incluso la Justicia, pese a absolverse en el caso de la frustrada fábrica de fibroyeso de GFB, determinó en su sentencia que su gestión y la de compañeros como Ángel Agudo fue “poco ética”, con “despilfarro” y “derroche” de fondos públicos, como sucedería, lo del despilfarro, también en la sobrefinanciada boya de Idermar. El caso es que esa gestión fue recompensada por un premio, repetir al frente de SODERCAN.

En el otro lado, en el que más duele, están los castigos.

Todavía tenemos reciente como fue denunciado y condenado uno de los participantes en la restauración, ocupación y limpieza para actividades cultural del solar Espacio Argumosa en Torrelavega, y se sentarán en el banquillo siete jóvenes que protestaron ante el presidente de Cantabria en la Universidad por los recortes en Educación.

Actividad en Espacio Argumosa

Porque se castiga a gente como el periodista y activista Paco Gomez Nadal, con la expulsión de Panamá o por grabar una ocupación de un banco. También ha tenido que sufrir una denuncia por Ley Mordaza Oscar Manteca, por su papel en la PAH en otra ocupación de Liberbank (que finalmente no tuvo que pagar, pero la intención es lo que cuenta).

Casi fue condenado el juez que investigaba la corrupción en Castro Urdiales, y hasta el final se tuvo que defender María Jesús Cedrún, exsecretaria de UGT, por su participación en una de las últimas huelgas generales.

Se suman a la galería de cántabros represaliados, sea donde sea: el tuitero santanderino Alberto Sicilia (Marsupia), que cubre conflictos internacionales, fue detenido por acompañar a refugiados que estaban adentrándose en Europa, atravesando las fronteras de los campos de concentración de esta grave crisis humanitaria.

O Israel Ruiz Salmón, que fue detenido por participar en Bruselas en una concentración contra una manifestación racista.

Represalías que tocan todos los palos: denuncias o ataques a periodistas como Olga Agüero, columnista de El Diario Montañés, señalada públicamente desde el equipo de Gobierno del Partido Popular de Santander (la ciudad en la que se descalifica a quienes protestan) porque no les gusta lo que escribe.

Estos días hemos podido recordar el ostracismo al que desde el poder de entonces se sometió a la locutora de Radio Nacional que relató la represión en Reinosa en 1987.

Ataques de todo tipo que, en la Cantabria en la que se ataca públicamente a los abogados que defienden a menores extranjeros de los abusos de la administración, viven en general todos aquellos que en cualquier organización empresarial o federación deportiva se atreven a plantear una alternativa a un poder que no le importa usar las denuncias ni otros métodos para recordar quien manda.

Salvador Blanco, máximo responsable de SODERCAN

Pasó varios años en barbecho laboral, sin nadie que quisiera contratarle, el que fue denunciante de la red de adjudicaciones desde CEOE Cantabria a empresas vinculadas con el presidente de esta organización empresarial, que sí que tuvo más suerte en lo laboral, representante del sector empresarial en la organización del turismo que depende, ni más ni menos, que de las Naciones Unidas.

Mientras, ha habido condenados por corrupción que han recibido homenajes públicos, caso de Jesús Ángel Pacheco, ex alcalde en el urbanizado Piélagos por el mismo partido, el PP, que, cuando se empezó a hablar del Gürtel, calificaba de víctima a Luis Bárcenas, senador por Cantabria.

Y este mes habrá otra comida popular homenaje a un investigado, el regionalista Francisco Javier López Marcano, que pese a que se haya archivado buena parte del caso Racing, sigue pendiente de una cita judicial por las subvenciones al club, mientras uno de los abogados de la red, Berdejo, que sigue teniendo responsabilidades formativas en la Universidad de Cantabria o el Colegio de Abogados.

De las consecuencias judiciales de los peores años del Racing se libró Agudo, quien, pese a la evidencia de las consecuencias de su gestión, fue aupado ni más ni menos que a la presidencia de su partido, el PSOE, el mismo que renovó a Salvador Blanco en SODERCAN, que premió con cargo al Víctor Gijón que dejó a una treintena de trabajadores en la calle, que sigue encargando trabajos al departamento del Pablo Coto que arruinó la imagen del CES por sus abochornantes facturas de comidas y sobremesas en Castelar. N

De premios a la mala gestión sabe el exalcalde de Santander, nombrado ministro de Fomento a los pocos días de confirmarse el mayor fracaso que puede recibir un mandatario local: la anulación del PGOU. O el senador Javier Fernandez, que aprobó ese mismo plan desde el Gobierno, cuyas sucesivas soluciones para no cumplir las sentencias de derribo han sido tumbadas sin piedad y que ahora es ambiguo en el Senado en contra del fracking, que él mismo había tratado de prohibir por Ley en Cantabria.

Hay premios sociales: no hay rubor en hacerse fotos en público y mostrar legitimidad social –este mismo fin de semana- a Constantino Alvárez, presidente de la Plaza de Toros de Santander, investigado por la UDEF (la unidad de delitos financieros de la Policía Nacional) por su participación, como alto funcionario del Gobierno, en las adjudicaciones de los cursos de formación, junto a, entre otros, la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo (SCE), Carmen Díez Marzal, premiada con una renovación de su cargo, mientras que su marido ha tenido un premio de consolación: que no trascendiera su nombre cuando se le apartó de la Universidad de Cantabria al constatarse un desvío de fondos.

Pero los mejores premios siempre son los económicos, y todavía hoy hay empresas que reciben adjudicaciones de obra pública pese a saberse, constatado por la CNMV, que pactaban los precios de las obras cuando formaban el cártel del asfalto.

A todos ellos les han comprado una moto por suspender cinco mientras se castiga sin salir al que aprueba todo con nota, en una sociedad condenada a la adolescencia permanente porque los padres no tienen claro el sistema social de premios y castigos.