La Audiencia Provincial de Cantabria condenará a dos años de prisión, cinco de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 3.000 euros a un funcionario, responsable de una oficina comarcal de la zona central de Cantabria, por cobrar comisiones a ganaderos y agricultores por la tramitación de ayudas.

En una vista celebrada esta mañana, el acusado ha aceptado  la condena por un delito continuado de cohecho y ha reconocido que desde el año 2003 hasta 2011 cobró una comisión bajo pretexto de que la tramitación de los expedientes era “complicada” y le suponía “un sobreesfuerzo laboral”.

Según relata el escrito del fiscal, que se reproducirá en la sentencia al tratarse de una conformidad, el ahora condenado “se aprovechaba conscientemente bien de la edad de los solicitantes o de su desconocimiento absoluto del procedimiento y del temor racional de los afectados de que no aceptar la reclamación económica les podría suponer la pérdida de las ayuntas económicas”.

A lo largo de los años, el funcionario, que era técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y responsable de la Oficina Comarcal de Toranzo, solicitó a distintos agricultores y ganaderos compensaciones de alrededor de 3.000 euros –en el caso de los expedientes de primera instalación- o de unas cuatro mensualidades –cuando se tramitaba el ceses anticipado de actividad.

En una ocasión, tramitado el expediente y concedida la ayuda, el solicitante falleció y el acusado acudió al puesto de trabajo de la hija de aquel a reclamarle la compensación por el trabajo realizado. No consta que recibiera cantidad alguna.

La suma de las cantidades recibidas indebidamente asciende a 15.886 euros, montante que el acusado ya ha consignado judicialmente y que le ha permitido atenuar su condena, al concurrir la circunstancia de reparación del daño. Esas cuantías se entregarán a los cuantificados en ejecución de sentencia.

Además, también se ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

La sentencia, que se dictará en los próximos días en los términos fijados hoy en la conformidad, es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

OTROS CASOS

El debate sobre los casos de corrupción que protagonizan políticos y partidos no ha entrado tan de lleno en otro de los estratos en los que se produce, el de los funcionarios públicos.

-UDEF: La UDEF, La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, investiga una trama ligada a los cursos de formación en Cantabria de la que sospecha la existencia de mordidas a cambio de autorizar la celebración de cursos. En la trama se investiga a distintos nombres, como el presidente de la Plaza de Toros, Constantino Álvarez, ya jubilado de su plaza, o las directoras del SCE con el PP y el PSOE (el marido de esta última, por cierto, es el empleado de la UC apartado de su puesto tras detectarse un desvío de fondos).

Dentro de esta operación, constan indicios de que funcionarios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales fabricaron informes falsos que anotaban supuestos incumplimientos de normas de accesibilidad en los centros de Cossío Formación en Santander y Torrelavega, de los que nunca se le dio traslado.

-TRANSPORTES: Se denunció una trama ligada al transporte de piezas del Centro Botín. Aunque se archivó la principal parte, un informe interno del Gobierno admitió infracciones administrativas en los permisos dados a transportistas, y no fue posible consultar pruebas porque algunos partes de denuncias fueron destruidos. Siguen abiertas dos partes de la causa, en los juzgados de Santoña y Medio Cudeyo.