El objetivo de la Ordenanza reguladora de aparcamiento limitado en la vía pública (definido en su Artículo 2) es “regular los usos de determinadas vías de la ciudad, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, ayudando de esta manera a ordenar y mejorar el tráfico”.

Asimismo, el artículo 3 “establece, con la calificación de “actuación preferente”, un tipo de vías que denominaremos vías azules, que corresponden con las de un mayor equipamiento comercial, establecimientos públicos de servicios, organismos oficiales, etc., así como las de una mayor densidad o afluencia de vehículos.”

Estas dos premisas no se están respetando, pues la zona de OLA está extendida más allá de los lugares referenciados, pasando así, a ser una medida puramente recaudatoria y alejada de los adecuados orígenes de la ordenanza.

Devolver a la ordenanza su verdadero significado pasa únicamente por la remunicipalización del servicio, dado que la externalización del mismo implica la firma de un contrato que debe cumplirse por todas las partes. En cambio, si el servicio se gestionase directamente desde el ayuntamiento, sólo habría una parte: el propio ayuntamiento.

A partir de abril la gestión de la OLA y la grúa de Santander dejarán de realizarse por la actual empresa concesionaria. Y saldrá a concurso público para su gestión privada, como es costumbre siempre en gobiernos conservadores y casi siempre en gobiernos –teóricamente- progresistas.

Este hecho, el de privatizar un servicio público, se ha elevado a la categoría de verdad absoluta con el principal argumento de “porque así se hace en todos lados” y “porque siempre se ha hecho así”, con un enfoque cercano al de una tradición, como si de la Vijanera se tratase.

Sin embargo, ni siempre ha sido así ni es la única manera.

El debate entre qué fue primero, si el huevo o la gallina, no se puede dar aquí porque la secuenciación es clara: no puede haber una privatización sin que exista un servicio público susceptible de ser privatizado. Dada esta premisa, la gestión directa desde la administración es, por tanto, la primera vía en que se dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

La prueba de esto la vemos en la educación y sanidad públicas que, con muchas dificultades, resisten el viento liberalizador que asola nuestra sociedad. Esta resistencia, aunque pertenece a otro debate y otra tribuna, responde a la todavía concepción por parte de toda la sociedad, de estos derechos fundamentales como eso, derechos fundamentales. Sin embargo, Winter is coming y estudiantes y pacientes están pasando, poco a poco, a formar parte del grupo de los clientes. La muestra más cercana la tenemos en la externalización de los servicios no sanitarios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Parquimetro de la OLA

Considerar lo extendido como lo mejor no sólo es un error sino que limita la capacidad de análisis y, por tanto, de mejora.

¿Es lo más extendido la mejor postura o solución? En absoluto, como no lo era el discurso pre-Copérnico, ampliamente aceptado, que aseveraba que el sol giraba alrededor de La Tierra. Desgraciadamente, lo único que no ha cambiado desde entonces es que contradecir el discurso hegemónico te puede llevar a la hoguera.

Tan cierto es que la mayoría de la zona azul en nuestras ciudades es gestionada de forma privada como que en Gijón o León la gestión se hace a cargo de empresas mixtas o que en Cádiz o Santiago el servicio es puramente público. Y sobre todo, lo que no deja lugar a dudas, es que las condiciones de los trabajadores (y por ende el servicio prestado, directamente relacionado con el estado de satisfacción de quienes lo llevan a cabo) son mejores en el ente público.

En otras ocasiones se acude (en este y otros casos, como la gestión del agua, por ejemplo) al manido “es un servicio deficiente para las arcas públicas”, algo que cae por su propio peso cuando empresas con legítimo ánimo de lucro acuden raudas y veloces a la convocatoria privatizadora de turno. Si fuese tan deficitario como predican ninguna empresa accedería a su gestión (salvo que tenga alguna contraprestación por otro lado, cuando no por debajo de la mesa).

Un argumento que podría aceptar como válido, sin considerar en absoluto válida la posición privatizadora, sería aquella que cede la prestación del servicio a una empresa local, con implantación municipal, la cual fuera fuente directa de empleo en el entorno al que afecta. Pero, una vez más, la realidad muestra que la privatización está íntimamente ligada con la monopolización.

Y Santander no es ajena, pues la empresa Setex, actual concesionaria, es una de las grandes que no sólo parten con ventaja frente a hipotéticas entidades locales, como he sugerido, sino que acostumbran a mostrar músculo contra la administración pública en una suerte de inversión de papeles, en la que el poder económico supedita al político y no al revés, como debería ser. De nuevo, una ventaja de la gestión pública directa es la plena responsabilidad de la labor y la ausencia de interferencias y litigios con empresas por desacuerdo en los términos.

De fondo, tras estos superficiales, y falaces argumentos (hay más, pero todos en la misma órbita), se encuadra la gestión de derechos y servicios públicos con perspectiva capitalista, una lógica neoliberal que es un oxímoron en sí mismo. Se antoja difícil dar la mejor cobertura a las necesidades básicas de la población si existen unos accionistas de por medio a los que llenar de forma prioritaria su cuenta bancaria a final de mes.

La postura argumentada en las líneas superiores no es un análisis subjetivo y teórico que plasmar sin más, sino que está fundamentado también en datos en la primera parte de este texto, donde muestro los cálculos que soportan mi visión.