boceto de cartel que la plataforma propondrá a la Consejería de Sanidad

La Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria en Cantabria llevará este jueves a la Consejería de Sanidad una serie de propuestas para garantizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia, entre las que se incluyen medidas para difundir el contenido de la orden cántabra (SAN/38/2015) con la que el Ejecutivo pretende restituir la sanidad universal.

Esta plataforma surgió en nuestra comunidad autónoma a partir de la aprobación por parte del Gobierno de mayoría absoluta del PP del Real Decreto 16/2012, que entre otras medidas recogía la exclusión del sistema sanitario de diversos colectivos desfavorecidos como los inmigrantes sin papeles.

Una medida que ha recibido el rechazo de expertos en salud pública, además de colectivos sociales y partidos políticos, pero por el momento el Gobierno de España no ha accedido a la derogación de la ley, que es la primera petición de Ciudadanía contra la exclusión sanitaria al Gobierno de Cantabria: que siga insistiendo en esta solicitud al Ejecutivo central.

Además, insisten en que Cantabria debe exigir al Gobierno de Rajoy que retire los recursos contra las órdenes de inclusión de las comunidades autónomas con gobiernos del PSOE que pretendieron reparar la exclusión sanitaria desde sus ámbitos competenciales.

Y que percuta en la defensa de la “restitución” de un sistema “plenamente universal” en el que “los inmigrantes sin permiso de residencia gocen del derecho a la protección de su salud en igualdad de derechos con todos los españoles”.

Este movimiento reconoce el “compromiso” de la Consejería de Sanidad actual con la “sanidad universal” pero también plantea una serie de demandas que dependen de la administración autonómica.

CARTEL INFORMATIVO EN LOS CENTROS DE SALUD

Así, en la reunión de este jueves llevarán una propuesta de cartel informativo para que en los centros de salud no haya margen de dudas sobre el derecho de los inmigrantes a ser atendidos, con el siguiente mensaje en español, francés, inglés, árabe y en wolof (de Senegal)

“Los centros sanitarios de Cantabria prestan atención a todas las personas nacionales o extranjeras, incluidas las no registradas ni autorizadas a residir en España (Orden SAN/38/2015, de 7 de agosto). Si necesita asistencia sanitaria, pregunte al personal de recepción del centro de salud o llame a estos teléfonos de información: 942 202770 o 942 207772”.

Frente a esto, exigen la retirada de un cartel en la puerta del Centro de Salud de Urgencias de El Sardinero,  que informa de que es necesario el DNI o la tarjeta sanitaria para recibir la atención, una reclamación que se ha presentado hace meses.

Como consecuencia de la aplicación del RD 16/2012 se han retirado hasta 5.000 tarjetas sanitarias en Cantabria, de las cuales se calcula que unas 3.000 del total se corresponden con población inmigrante, porque también hay cántabros que han emigrado y han perdido la tarjeta.

Entre las inquietudes de la plataforma, señalan la acción de la brigada de extranjería de la Policía Nacional, que hace que los inmigrantes sin documentación no se atreven a solicitar atención cuando la necesitan.

Y quieren que el Gobierno de Cantabria se niegue a compartir datos con Extranjería sobre personas atendidas en los centros de salud en cumplimiento de la orden regional, en caso de que así lo requiriera el Estado.

Asimismo, han detectado distintas incidencias e incumplimientos de la orden cántabra, por lo que plantearán al Ejecutivo un esfuerzo en la difusión de su contenido, desde instituciones y centros públicos a colegios profesionales o medios de comunicación.

HISTORIA RECIENTE DE LA EXCLUSIÓN EN CANTABRIA

El anterior Gobierno de Cantabria del PP cedió y ordenó la atención sanitaria a los sin papeles, después de que la entonces titular de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, hubiera confrontado públicamente con los movimientos sociales y tras defender “el cumplimiento de la Ley en un Estado de Derecho”.

Sin embargo, el cambio de criterio del Gobierno del PP en la región no terminó de satisfacer a la plataforma ‘Ciudadanía contra la exclusión sanitaria en Cantabria’, al plantear trámites y burocracia que dificultaba en la práctica la restitución de la atención a los colectivos excluidos, con criterios similares a los que ahora plantea el Gobierno central.

El Gobierno del PP pretendía crear un registro para atender a aquellos con una antigüedad de empadronamiento de  6 meses, siempre y cuando el solicitante acreditara no tener recursos económicos, y vinculado sólo a la atención primaria.

En agosto de 2015 el Gobierno cántabro aprobó la orden que regulaba la inclusión en el sistema de las personas sin protección sanitaria, pero el Gobierno central recurrió la normativa, que ahora está pendiente de sentencia firme.

El actual Ejecutivo regional (PSOE-PRC) estimó que podrían volver al sistema hasta 3.000 ciudadanos excluidos por la actual legislación.

La consejera de Sanidad, Maria Luisa Real, se reunió recientemente con la ministra del ramo, Dolors Montserrat. En el encuentro volvió a solicitar incluir en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial la derogación del RD 16/2012.