La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, junto a la consejera de Sanidad, María Luisa Real || Foto: archivo Gobierno de Cantabria

El Gobierno de Cantabria distribuirá en los centros de salud una circular con instrucciones para el efectivo cumplimiento de la orden cántabra de 2015 que revierte la exclusión sanitaria de los inmigrantes irregulares que aprobó el PP en toda España en 2012, aunque no se compromete a hacer esfuerzos informativos complementarios porque no lo considera su competencia.

Es la principal conclusión de un encuentro que ha mantenido Ciudadanía contra la exclusión sanitaria con la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE) y su equipo, en el que la plataforma ha trasladado todas sus peticiones para volver a una sanidad universal en Cantabria.

Entre otras, Sanidad ha informado a la plataforma de que el cartel en varios idiomas que ambas partes habían consensuado, con un texto en varios idiomas, ya está listo en la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud para empezar a ser distribuido a los centros de atención primaria.

La consejería de Sanidad ha asumido la mayor parte de los compromisos que plantea Ciudadanía contra la exclusión sanitaria, que, sin embargo, echa en falta una apuesta más firme del Gobierno de Cantabria (PSOE) por difundir la orden que aprobó para revertir el RD 16/2012 del PP y para volver de forma efectiva a la sanidad universal.

Porque, aunque consideran válida la orden 38/SAN/2015, sucede que en la práctica los efectos de la exclusión sanitaria fueron muy amplios, con la retirada de hasta 3.000 tarjetas sanitarias en Cantabria (800.000 en toda España), de manera que han detectado malas interpretaciones de la orden del propio personal sanitario y administrativo del Servicio Cántabro de Salud, así como población inmigrante temerosa de hacer valer sus derechos, por miedo a ser detectados por la Extranjería.

Sin embargo, la Consejería de Sanidad considera que no es su competencia informar más allá del ámbito institucional.

Es decir, el Gobierno distribuirá una circular con instrucciones a los centros dependientes de Sanidad y también de Educación, pero rechaza hacer un despliegue informativo que incluya a colectivos profesionales y ciudadanía en general, a través de los medios de comunicación, para que llegue el mensaje claro a los extranjeros sin papeles de que pueden ser atendidos sin coste y sin consecuencias por su situación irregular en España.

Esta es la principal preocupación de la plataforma, ya que consideran que la población afectada por la exclusión sanitaria es muy superior a los 300 que se han inscrito en la orden del Gobierno de Cantabria (producto del RD 16/2012 se retiraron 3.000 tarjetas sanitarias), pero que es un grupo con temor a solicitar la asistencia por miedo a repercusiones por la Ley de Extranjería.

Sanidad sí se ha comprometido a proteger los datos de los inmigrantes que hagan uso de su derecho a la asistencia sanitaria y a no cruzar datos con la Brigada de Extranjería de la Policía.

Asimismo, la Consejería ha asegurado que se dejará de pedir a los inmigrantes sin papeles que firmen un documento en el que se comprometen a pagar por los servicios sanitarios (aunque en la práctica no estén obligados), que era otra acción disuasoria para asistir a los centros de salud.

Finalmente, ha vuelto a mostrar buena disposición a seguir reivindicando ante el Gobierno central la derogación del Real Decreto que introdujo la exclusión sanitaria y a exigir a la administración Rajoy que retire los recursos contra las órdenes autonómicas que revierten la exclusión de nuevo hacia la sanidad universal.

Lo hará personalmente la consejera de Sanidad, María Luisa Real, en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, ante la ministra del ramo, Dolors Montserrat (PP).