||por VERÓNICA ORDÓÑEZ, diputada de Podemos||

La existencia de identidades trans no es un fenómeno de hoy. Pero, a pesar de que han estado presentes en todas las culturas de la humanidad y en todo tiempo histórico como una muestra más de la diversidad humana, su aceptación no ha sido homogénea a lo largo del tiempo y del mundo.

De esta forma, algunas sociedades han articulado leyes y mecanismos sociales que promueven la integración, mientras otras han manifestación rechazo y represión hacia las expresiones e identidades de género no normativas, llegando a considerar la diversidad de género como un trastorno, un pecado o incluso un delito, justificando graves violaciones de los Derechos Humanos con pseudoargumentos religiosos, médicos o legales.

En nuestra sociedad las personas trans están protagonizando una larga lucha para conseguir desarrollarse socialmente en el género con el que se identifican. Las dificultades que encuentran son inmensas y de todo tipo, y la carga de sufrimiento que éstas conllevan puede llegar a ser considerable.

Uno de los mayores problemas para el avance en el reconocimiento de los derechos de las personas trans ha sido la patologización de la transexualidad. Afortunadamente esta situación va cambiando en países como Dinamarca o Noruega, países que el pasado año hicieron cambios legislativos importantes para la despatologización y para el reconocimiento de derechos de estas personas.

Estos procesos de cambio y avance normativo se ven acompañados de documentos e informes de ámbito internacional entre los que cabe destacar los Principios de Yogyakarta de 2006 o el informe “Derechos Humanos e Identidad de Género” de Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 2009. Ambos textos reivindican que seguir considerando las realidades trans como enfermedades mentales u orgánicas supone una vulneración de los derechos humanos de las personas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud prevé eliminar en 2018 todas las categorías diagnósticas que afectan de una u otra manera a las personas trans, entre ellas el “trastornos de identidad de género”, recomendando no mencionar las cuestiones trans dentro de los trastornos mentales.

En España, la actualidad que estamos viendo en los medios de comunicación pone en evidencia que siguen existiendo posturas estigmatizantes hacia las personas trans. De la misma forma, sigue vigente la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral a la mención relativa al sexo de las personas, que, pese a haber sido en su día un importante primer escalón, choca con las recomendaciones del Comisario Hammarberg en el citado informe, cuestión que evidencia la necesidad de actualizarla y revisarla para que garantice el derecho de las personas trans a la libre determinación de su identidad.

En Cantabria aún carecemos de una ley autonómica de identidad de género que nos permita avanzar respecto a la legislación estatal y que es especialmente necesaria para garantizar, entre otros, los derechos sanitarios y educativos. Una ley que coloque a Cantabria entre las Comunidades que garantizan de una forma más eficaz la igualdad y el respeto a los Derechos Humanos de las personas trans. Es necesario que desde las Instituciones redoblemos los esfuerzos para acabar con esta situación de discriminación, defendamos la despatologización de las realidades trans, nos desmarquemos absolutamente de toda actitud que fomente el odio y/o la exclusión social y promovamos la inclusión laboral, social, educativa y sanitaria del colectivo.

Hoy celebramos, desde 2009 y a iniciativa de la activista estadounidense Rachel Crandall, el Día Internacional para la Visibilidad Trans , en contraposición al Día de la Memoria Trans, donde se recuerda a las víctimas de la transfobia. Hoy nos unimos a ellos y ellas en su lucha y reclamamos la necesidad urgente de una Ley de Identidad de Género. Mientras no se logre estaremos vulnerando