El grupo municipal de Ciudadanos en Santander ha presentado una moción para el próximo Pleno, que será este jueves, sobre el impuesto de la plusvalía.

La moción se centra en los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que afirmaba que este impuesto municipal que grava el incremento del valor del suelo en las compraventas no puede aplicarse cuando, como ha sucedido durante la crisis, había descensos de precios en lugar de incrementos.

Sin embargo, la moción no entra en la parte más local e inmediata, la regulación discriminatoria de las exenciones –las rebajas de cuantías en determinados casos–, puesta de manifiesto por una sentencia judicial de primera instancia a raíz de la denuncia del joven abogado santanderino Miguel Gómez Cotera.

El resto de los partidos que hacen oposición en Santander (PSOE, PRC, Santander Sí Puede y Ganemos) han presentado una moción conjunta que aborda ambos aspectos: la modificación de la ordenanza en materia de exenciones y los efectos de la sentencia del Constitucional.

Los concejales de Ciudadanos, David González y Cora Vielva, inciden en que el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia del particular –que se reunió con ellos y a quien no le dieron respuesta sobre su reclamación para acabar secundando la tesis y argumentos del PP, a quien apoyan recurrentemente pese a insistir en que no tienen ningún pacto cerrado– sobre este impuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y se debe esperar a la resolución definitiva.

Así que en su moción se pide al Consistorio que los contribuyentes que no obtuvieron plusvalías con la transmisión de inmuebles puedan reclamar las cantidades satisfechas del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Ciudadanos exige también que, de forma urgente, se apruebe el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el cual se establezca la declaración tributaria como régimen de gestión del impuesto.

“Es necesario que el Pleno del Ayuntamiento arbitre con carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las Administraciones locales, exijan el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación”, explicó David González.