PP y Ciudadanos han rechazado con sus votos en el Pleno de Santander modificar la ordenanza de la plusvalía para evitar que se creen situaciones discriminatorias a la hora de aplicar las bonificaciones (descuentos), como ya ha certificado una primera sentencia judicial, pendiente de confirmación.

Desde el PP, la concejala de Economía y Hacienda, Ana González-Pescador, defendían el carácter “social” de las bonificaciones, y tanto ella como Ciudadanos priorizaron la espera a que tanto el Gobierno central como el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se pronuncien sobre este tema.

Miguel Gómez Cotera, abogado de la plusvalía

«Tal y como está redactada, la ordenanza vulnera la igualdad de los ciudadanos ante la ley», aseveraba Miguel Saro, de Izquierda Unida, quien además precisaba que el Ayuntamiento podía no haber presentado el recurso, ya que al afectar a una norma municipal el TSJC hubiera tenido que pronunciarse igualmente al respecto.

El impuesto de la plusvalía es municipal, grava el incremento del valor de los terrenos en ventas.

Está cuestionado por partida doble: en todo el país, porque los ayuntamientos lo aplicaron pese a que se daban ventas de pisos por menos precio del comprado.

Y en Santander, después de que un joven santanderino, Miguel Gómez Cotera, el abogado de la plusvalía, lograra demostrar en una sentencia de primera instancia, contra la que el Ayuntamiento ha recurrido, que se discriminaba a los afectados a la hora de aplicar las bonificaciones (descuentos).

En este debate había dos posturas diferenciadas: la de PP y Ciudadanos, que llevaban dos mociones prácticamente idénticas en las que se centraban en la parte nacional del asunto pidiendo medidas al Gobierno central, que salieron finalmente adelante con la abstención de la oposición.

Y la del resto de partidos (PSOE, PRC, IU, Santander Sí Puede y Ganemos, presentada de forma conjunta aunque impulsada desde IU), que era más amplia porque incluía la parte nacional pero también la local, la de las exenciones.

«SARTENAZO» SIN PROGRESIVIDAD

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, insistía en que las bonificaciones tratan de «beneficiar» a los vecinos. Ana González-Pescador, que llegó a subir el tono de voz, lamentaba el tono del debate y criticaba la «demagogia» de sus oponentes.

Desde Izquierda Unida, Miguel Saro recordaba que Santander “no está para sacar pecho” con las bonificaciones que tanto defiende porque fue una de las últimas ciudades en aprobarlas.

Además, añadía que el Ayuntamiento no ha dicho cuántos beneficiarios hay de las bonificaciones, algo que achacaba a que “la mayor parte no se aplica por una interpretación restrictiva” que no tiene en cuento criterios de mayor o menor renta para fijar impuestos, por lo que “limita la progresividad” y “aplica el sartenazo por igual”, es decir, “no hay justicia social”.

Antonio Mantecón, que recordaba que él no está en contra de las bonificaciones sino que pretende ampliarlas, descalificaba la propuesta del PP por limitarse a instar al Gobierno central a “hacer lo que tenía que haber hecho antes”, es decir, “modificar una norma injusta”

El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, lamentaba la “prepotencia discursiva” que sigue vigente en esta nueva etapa municipal, así como la “complicidad balbuceante” de Ciudadanos.

Y recomendaba al PP que tuvieran “prudencia” ante este “varapalo”, además de lamentar que hasta que el TSJC se pronuncie “seguirá habiendo afectados de los que se siga recaudando” y llamar la atención sobre que al Ayuntamiento pleitear contra un vecino “no le cuesta un céntimo” porque “usan dinero público”.

El socialista Pedro Casares pronosticaba que el PP perderá tanto en el TSJC como en el Constitucional, donde aguardan recursos pendientes de ciudadanos, por lo que tendrá que afrontar una situación de haber obtenido “ingresos indebidos”.  E incidía en que es una decisión «política» y «opcional» adoptada sólo para recaudar y ante el «desamparo» de los ciudadanos.

Desde Ciudadanos, que se abstuvo en la moción conjunta y apoyaron la del PP, fiaban sus argumentos a esperar, tanto a la nueva legislación estatal como a la respuesta judicial al recurso del Ayuntamiento contra la primera sentencia, ya perdida, por la plusvalía. Pedro Casares les preguntaba que si su criterio era esperar, por qué habían presentado una moción en lugar de esperar acontecimientos como argumentaban.

Los partidos políticos elogiaron la labor del joven abogado santanderino Miguel Gómez Cotera, por haber puesto cara a la situación de otros jóvenes que han tenido que abandonar la ciudad y estar ahora enfrentándose a la maquinaria municipal.