||`por MARTÍN ALONSO y PEPA PALACIO. Han sido profesores del IES “Javier Orbe Cano”. Martín  fue miembro de la Plataforma pro Instituto, gracias a la cual se construyó en Corrales el segundo instituto, el Estelas de Cantabria||

Desde que se anunció por parte de la dirección del IES “Javier Orbe Cano”, de Los Corrales, la intención de cambiar del nombre al Centro se han sucedido las intervenciones por diferentes medios sobre este asunto.

Como profesores que hemos sido de ese Instituto, con el que seguimos de alguna forma vinculados, a la vez que recordamos con satisfacción los años de docencia nos parece conveniente expresar nuestro punto de vista al respecto.

Esta reflexión se divide en las dos partes que refleja el título, pero atribuye un papel principal a la primera con independencia de la extensión que ocupa cada cual.

CÓMO FUNCIONAN LOS DEBATES

¿Por qué el arte del debate? La forma en que se dirimen los contenciosos es un aspecto esencial de una cultura cívica. Vivimos en sociedades plurales y abiertas, con distintas preferencias, sensibilidades y valores.

Instituto Orbe Cano, en Los Corrales

La educación cívica –para la ciudadanía, o de cualquiera de las formas que se la denomine– es por tanto una competencia básica para el funcionamiento del ecosistema específicamente humano, el democrático. En este caso la exigencia es doble porque añade a la general la particular del contexto: se trata de un debate de alcance educativo.

En suma, deberíamos esperar que ese debate se llevara a cabo de acuerdo con las reglas establecidas para estas discusiones, reglas que quedaron resumidas en un escrito resultado de la colaboración de una antigua y de un ex profesor (“Una ética para el debate”, disponible en Internet. De allí procede esta cita oportuna de Luis Vives: “Los propios teólogos debaten entre sí sobre temas divinos con espíritu de gladiadores, y con odios muy fuertes acerca de la caridad”).

No es este el lugar para entrar en los detalles pero sí cabe entresacar lo que sirven a nuestro propósito. En primer lugar, un debate debe proporcionar argumentos o razones; en segundo lugar, debe ser relevante (relativo al propósito de la discusión); en tercer lugar, debe regirse por el criterio de verdad (su contenido debe ser congruente con las condiciones objetivas), y por último y como resumen, debe inscribirse en el principio cooperativo: su intención última debe ser el logro de la mejor solución para los objetivos de la institución.

Vemos que estas condiciones no son desgraciadamente la regla en el debate público general (recordemos a Podemos en vísperas de Vista Alegre, pensemos en las primarias locales del PP recientes o las del PSOE nacional inminentes) pero, como pasa con la corrupción, el que haya casos en que no se ajusten a los criterios no significa que no debamos aspirar a ellos.

ARGUMENTOS EN ESTE DEBATE

En las contribuciones que conocemos respeto a este asunto, algunas se acercan a estas premisas, pero otras están muy lejos de ellas, especialmente las que –ocurre en otros supuestos y es una característica de lo que se denomina ciberbasura– circulan por las redes muchas veces incumpliendo la primera regla para un debate público al esconderse el autor en el anonimato.

No cumplen con los criterios apuntados las opiniones que prefieren las descalificaciones a las razones (la falacia ad homimen), las que construyen un caso de agravio, las que ignoran la exposición de motivos para la propuesta de cambio y quienes invocan datos erróneos. Desde luego que se puede mantener un respeto exquisito a estas reglas y sin embargo estar en contra de la propuesta; la democracia está hecha de esas polifonías, pero no se puede hacer democracia ni cultura cívica con cacofonías y exabruptos; y eso ocurre cada vez que se infringen las reglas de la lógica y del sentido común cooperativo.

Quienes firmamos esta columna consideramos que algunos de los argumentos ofrecidos contra el cambio no son convincentes (pero esto entra, insistimos, en el orden de la pluralidad normal, sin pretensiones de considerar mejores nuestras opiniones, solo discrepantes).

No nos parecen convincentes en particular tres argumentos.

-El primero es construir un caso de agravio contra la persona de Javier Orbe Cano. Ni los que firman, ni que sepamos nadie de los que han tenido que ver con el Centro, ha puesto nunca en cuestión los méritos de esta persona. Pero esta no es la cuestión y sin embargo se ha utilizado como arma dialéctica ¿por qué?

-Tiene que ver con el segundo argumento, el de la patrimonialización. Seguramente es la línea preferida para la oposición aunque no aparece expuesta con claridad: de alguna manera quienes defienden la continuidad del nombre se arrogan un título especial sobre el Centro, porque estudiaron allí –es el “suyo”– o tuvieron algo que ver con la creación o la denominación.

Hay abundante teoría sociológica para impugnar este sesgo privatizador que añade al agravio por asociación – “me roban lo que es mío” – el denominado “efecto pertenencia” (endowment effect), el sentimiento de que algo vale más porque ha sido nuestro, y por lo tanto toleramos peor su pérdida (loss aversión).

Hablamos de sesgo porque un instituto es un centro público dirigido a proveer servicios sociales igualmente públicos. Parece que lo normal es que haya dotaciones para la salud, la educación o la cultura. No hay ningún mérito particular de los agentes públicos en poner en marcha algo que va incluido en la mochila de los derechos constitucionales.

Y de ninguna manera puede ser privatizado como mérito propio. A la Plataforma pro IES, que se movilizó con éxito para que se construyera el IES las Estelas, no se le ha ocurrido reivindicar el nombre ni para el Consejero de educación que dio la luz verde ni desde luego para quienes lo promovieron; es una decisión de la comunidad educativa que eligió ese nombre, con pleno derecho para hacerlo. Punto. La Plataforma está satisfecha de que funcione e imparta una educación de calidad, una expresión extrañamente ausente en el debate que comentamos.

-Un tercer argumento, a menudo adosado al anterior, es el de la tradición, el miedo al cambio. Este argumento es en sí mismo tan fuerte o tan débil como su opuesto: cambiar por cambiar. Las sociedades humanas funcionan con una dosificación delicada de continuidad y cambio. Sin cambios no tendríamos analgésicos para nuestros dolores, ni asfalto en las calles ni las mujeres el derecho a voto. Pero también a veces los cambios son contraproducentes: pensemos en el Brexit. Lo importante son las razones para el cambio. En este caso la propuesta de la dirección va asociada a un programa de innovación pedagógica valiente y muy trabajado.

Este es el punto crucial: para los contrarios al cambio el problema es nominal (con las connotaciones emocionales o patrimoniales señaladas), indiferente a la cuestión sustantiva sobre el contenido educativo. La iniciativa a favor del nuevo nombre tiene que ver, en cambio, con la concepción del proceso educativo: el nombre es aquí un efecto colateral.

Si Los Corrales se siente orgulloso de sus guerras cántabras ¿por qué no debería hacerlo de haber sido pionero en el camino hacia una igualdad efectiva entre mujeres y hombres? ¿Se trata de un asunto trivial? Basta con recordar la crónica de la violencia de género en lo que va de año. Que no es un mal típico español: ahí están las declaraciones ignominiosas de un eurodiputado vomitando los prejuicios más rancios. Porque el tema de la igualdad es una asignatura pendiente como reflejan un par de datos: en el nomenclator español las mujeres suponen entre el 10 y el 20 %, mientras que de los centros públicos no universitarios solo 908 de 32.284 (apenas un 3%) llevan nombre de mujer, y de ellos buena parte tienen adscripción religiosa (según un estudio de CCOO titulado “Demos nombre de mujer a nuestros centros educativos”).

UN CAMBIO JUSTIFICADO

Entendemos que la propuesta de cambio está suficientemente justificada por cuanto no es una decisión ni malevolente, ni ocurrente ni gratuita, sino que va integrada en una propuesta educativa sólida que aspira a hacer frente a un déficit patente en nuestra socialización ciudadana, un déficit que explica en parte fenómenos extremos como la violencia de género y en mucha mayor medida otros considerados menos extremos como la brecha salarial. La base de la ciudadanía es la igualdad; las desigualdades imputables a la diferencia de género son una lacra ante la que no deberíamos permanecer indiferentes.

Por eso iniciativas como esta merecen todo el apoyo. Ya sabemos que son siempre costosas; basta para ello evocar la experiencia que narra la película Suffragette dirigida por Sarah Gavron (2015) o, para las trabas a la educación superior el libro de Nancy Weiss Malkiel, “Keep the damned women out”: The Struggle for coeducation (Princeton University Press, 2016). Y no está de más recordar cuales son los valores de nuestra Constitución y los que inspiran los proyectos pedagógicos de los centros educativos. Para no olvidar los valores, los horizontes normativos.

Volvemos al principio, a lo importante, que tiene que ver con el arte de debatir (de educar y de ser persona). Que sea esta nuestra posición no cambia en absoluto nuestra estima por aquellos o aquellas, especialmente nuestros ex alumnos, que tengan otra. La naturaleza del debate –el respeto a las personas y la calidad de los argumentos– es más importante que el resultado.