Seminario de Comillas

La Fundación Comillas pagó en concepto de alquileres por el Seminario Mayor precios que excedían en un 86% zonas tan caras en el mercado inmobiliario cántabro como es el santanderino Paseo Pereda.

Esta es una de las prácticas considerada como una subvención “implícita” por la Intervención General de la comunidad autónoma (el departamento compuesto por funcionarios que fiscaliza el cumplimiento de las normas, especialmente las económicas, dentro de la propia administración).

Es un gasto en el que se detiene Intervención tras constatar que los gastos de alquileres suponen un 76% del total de los costes de la Fundación, según refleja un extenso informe consultado por EL FARADIO.

La situación del agónico proyecto de universidad del español en el edificio del Seminario Mayor de Comillas volverá a llegar este lunes al Pleno del Parlamento de Cantabria a instancias de Ciudadanos.

Esta misma semana el Consejo de Gobierno acordaba inyectar 4,2 millones de euros en la Fundación Comillas, en un gesto que sorprendía al diputado naranja Rubén Gómez, cuya formación permitió la aprobación de los presupuestos de este año.

UN PROYECTO DE LA BURBUJA, ANALIZADO POR PRIMERA VEZ

El proyecto del Campus Comillas nació en plena burbuja -al igual que el Puerto de Laredo-, en el anterior Gobierno de Cantabria PRC-PSOE: enseñar español a profesores iba a ser el “proyecto del siglo”, según la “visión” de Revilla, que predijo “todo esto lleno de chinos con sus cámaras” para acudir a una comunidad autónoma que era “la cuna del español”.

Para este fin, Revilla movilizó a sus contactos nacionales (el Santander, Telefónica…) para que fueran patronos y aportaran a la Fundación, además de arrancarle un compromiso económico al Gobierno de Zapatero en un proyecto que nunca terminó de arrancar en los ambiciosos límites que se había fijado el propio Gobierno y por el que los gobiernos del PP tanto cántabro como nacional no mostraron tanto interés (hasta el punto de que Rajoy rescindió la subvención económica en una decisión que está en los tribunales).

Eran otros tiempos, los de la ingeniería financiera con variedad de organismos cruzados y confusos límites entre lo público y lo privado que dibujaba con soltura el entonces consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo –el cerebro detrás de operaciones como la de GFB o el Racing, hoy presidente del PSOE cántabro-.

De hecho, la complejidad del sistema armado para financiar el proyecto es una de las principales dificultades que el equipo auditor ha encontrado para analizar la situación del proyecto en un informe que ha resultado “desfavorable”, advirtiendo de la “delicada” situación financiera de la Fundación y expresando sus dudas sobre su “solvencia”.

Un análisis que se ha realizado por primera vez porque durante varios años se había considerado que se trataba de un proyecto perteneciente al sector privado, en lugar de al público, y que ha implicado escudriñar distintas sociedades, organismos y consejerías.

LAS SUBVENCIONES INDIRECTAS

Entre ellas se encuentra la Fundación Comillas, que pese a su nivel de pérdidas y deudas, era la única fuente de ingresos de la SAICC, la Sociedad de Activos Inmobiliarios que se hizo cargo de los edificios, una empresa que está participada por la propia Fundación y a la que, la que es su principal fuente de ingresos, le debe 6 millones de euros.

Seminario Mayor de Comillas

Ahí es donde el Interventor detecta una vía indirecta para aportar ingresos: los alquileres.

En concreto, el coste del alquiler del seminario, que ve “sobrevalorado” y que “no responde a precios de mercado”. Por ese concepto se pagaron 3,4 millones de euros en el año 2013, al que se refiere este primer informe sobre el proyecto Comillas, que previamente ha sido cuestionado en su gestión económica también por el Tribunal de Cuentas.

La Intervención compara precios y lo hace con otro inmueble (la Casa de Piedra, donde se encuentra la Agencia Cántabra Tributaria) que fue adquirido por un organismo público y en las mismas fechas, pero con las significativas diferencias de encontrarse en la capital y no en un punto de la comunidad, y, dentro de Santander, en una de sus zonas más caras para el suelo, el Paseo Pereda.

Pues bien, lo que se detecta es un incremento del 86,05% en los precios de Comillas respecto a Santander: 401,4 euros por metro cuadrado y año en el Seminario por los 215,75 del Paseo Pereda.

Ese “exceso” es para Intervención una “subvención implícita” a la sociedad y, por tanto, debía incluirse en el apartado de ayudas, no en el de los alquileres.

Desde el proyecto Comillas se respondía a este informe poniendo en valor el hecho de que el Seminario es un edificio histórico y artístico, pero las interventoras autoras del informe replican, a su vez, que no dudan de ese valor añadido aunque echan en falta que los responsables de la gestión no cuantifiquen ese valor ni lo desarrollen en un plan específico de previsiones de gastos.

OTRAS SUBVENCIONES CAMUFLADAS

No es el único caso en el que se descubre esta práctica de colar dinero que debía ser subvención bajo otros conceptos y con precios excesivos: en el propio recinto universitario hay otro edificio, una central eléctrica, que no tiene un uso asignado para funciones del proyecto Comillas, pese a lo cual recibe dinero que también se considera “una subvención implícita” por valor de 9.111 euros al año. Son edificios anexos, en el mismo espacio físico.

Hay instalaciones dentro del propio Seminario que no queda claro si pertenecen a la Fundación o a la SAICC. Las oficinas en las que trabaja la SAICC están en el Seminario y están arrendadas a la Fundación por la propia SAICC, en lo que para Intervención es una “cesión gratuita no formalizada” de instalaciones, por tanto, otra forma de ahorrarle gastos.

Y hay unos costes de 764.000 euros que la SAICC repercute anualmente a la Fundación, de los que en 216.628 no se encuentra una contraprestación directa, por lo cual, se trata de un dinero que debería figurar en el apartado de subvenciones recibidas.

El esquema de estos pagos se estableció en un acuerdo que ha sido remitido a lntervención, que cuestiona además que se recurriera para hacerlo al “atípico” sistema de lo que se denomina ‘mandato’, un acuerdo entre dos organismos públicos en el que no se concretan funciones ni cifras, y que además queda abierto.