Sede del ICASS y del EMCAN en General Dávila, centro de los registros de la UDEF en diciembre de 2016 || Foto: Carlos A.

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) esconde -no lo facilita o no existe- el expediente clave de la trama de los cursos de formación que investiga la UDEF, que sospecha que se elaboraron informes falsos desde este departamento del Gobierno de Cantabria para que desde el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) pudieran apartar a Cossío Formación del reparto de cursos subvencionados.

Por este motivo la empresa inició las denuncias que han llevado a la Policía Judicial al registro de las sedes del Gobierno cántabro el pasado mes de diciembre y a la incautación de miles de documentos que analizan en el marco de una investigación autorizada por la Fiscalía de Cantabria.

De hecho, la Fiscalía de Cantabria ha solicitado a la Fiscalía General del Estado una ampliación del plazo para que la UDEF pueda concluir la investigación que apunta a la comisión de presuntos delitos, bastante antes de que se cumplan en junio los seis meses que marca la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las diligencias de investigación.

La preocupación en el Gobierno de Cantabria (PRC) crece por este asunto. Según ha podido saber EL FARADIO, el Jefe de Gabinete de la Presidencia de Cantabria, Guillermo Blanco, convocó a Cossío Formación a una reunión con el Jefe del Servicio Jurídico y la secretaria de la Consejería de Presidencia.

Horas después del encuentro, la abogada de Cossío Formación presentó un escrito en el ICASS que solicitaba conocer si la accesibilidad de sus centros de Santander y Torrelavega se ha revocado en algún momento desde que se concedieran el 12 de diciembre de 2007.

LOS CENTROS DE COSSÍO SEGUIRÍAN SIENDO ACCESIBLES

La petición de Cossío se presentó el 27 de marzo y la respuesta del ICASS llegó el 11 de abril. En un escrito que firma la directora de este departamento, Felisa Lois (PSOE) elude responder a la petición y se limita a recordar las competencias del ICASS, pero no dice que se haya revocado la accesibilidad de Cossío Formación.

La UDEF sospecha que no existe tal revocación que llevara a retirar la accesibilidad de Cossio, a pesar de las numerosas visitas e informes que realizaron diversos funcionarios del ICASS y del EMCAN a esta empresa, y que llevaron a este último departamento a retirar las homologaciones.

Es decir, continúan vigentes los certificados de accesibilidad del grupo de centros Cossío, pero se le está impidiendo acceder desde hace años a las subvenciones para formación.

Según las pesquisas de la policía judicial, se habrían fabricado informes para apartar a Cossío Formación del reparto de cursos, presuntamente por no querer participar del esquema de comisiones ilegales a cambio de fondos, que fueron en beneficio de determinadas academias de enseñanza.

La Policía Judicial investiga una trama funcionarial durante los mandatos de dos gobiernos (PSOE y PP). Al menos 10 funcionarios y altos cargos de la administración que podrían estar implicados en la comisión de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho.

Anteriormente a la investigación de la UDEF desde la Comisaría General de la Policía Judicial en Madrid, el centro había presentado una querella criminal contra la presunta trama corrupta que todavía está pendiente de resolución de un recurso en la Audiencia de Cantabria contra el archivo en el juzgado de instrucción, que nunca llegó a investigar los hechos denunciados.

TENSIÓN EN EL PARLAMENTO

El nerviosismo también se ha palpado en el Parlamento de Cantabria. Fue tras una intervención de la diputada de Podemos, Verónica Ordónez, que pidió a la Consejería de Economía que revocaran los informes “fraudulentos” para no seguir “penando” a las empresas que no se pueden presentar a las convocatorias de subvenciones de los cursos.

Podemos también instó a la apertura de una investigación interna y a que el Gobierno se persone en los juzgados  como “acusación o parte interesada”.

Ordóñez recibió el inmediato reproche, voz en grito y desde la tribuna de prensa, del Jefe de Gabinete de la Consejería de Economía, Rafael Pini (PSOE).  “Se puso como una hidra”, aseguran testigos del desencuentro consultados por este periódico.

En concreto, al socialista le molestó que la diputada de Podemos extendiera la sospecha sobre nombres como el de la exdirectora general de Empleo, Carmen Díez Marzal (PSOE) o María Ángeles Sopeña (PP), que figuran como denunciadas en la querella de Cossío (por los mismos hechos que investiga la UDEF).

El propio consejero, Juan José Sota, reprochó a Ordóñez desde la tribuna una actitud que “no es de recibo” y pidió “más consideración a la hora de nombrar a las personas”.

“En defensa de estas dos señoras”, subrayó el consejero, “todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”.

En marzo del año pasado, cuando el consejero tuvo conocimiento del inicio de la investigación de la UDEF, convocó a Cossío Formación (y a otros centros de formación perjudicados) y prometió a sus responsables que abriría una investigación interna de la que no hay constancia, ni de su apertura ni de los resultados, en el caso de que la hubiera habido.

En el mismo pleno Sota  añadió que “contra estas personas no hay nada, todas las denuncias han sido sobreseídas, incluso querellas criminales que han sido archivadas”.

El archivo al que se refería está pendiente de recurso en la Audiencia de Cantabria. Y son los mismos hechos por los que todavía está abierta en la Fiscalía la investigación de la UDEF.