La Audiencia de Cantabria ha dado carpetazo este viernes a la querella de Cossío Formación contra funcionarios y altos cargos del Gobierno por prevaricación y falsedad documental, relacionado con los cursos de formación en la comunidad autónoma, sin entrar al fondo de la denuncia.

Son los mismos hechos que está investigando la UDEF, con el añadido respecto a la querella de Cossío del supuesto del cohecho, tras los registros en sedes del Gobierno el pasado mes de diciembre y la documentación recabada por la policía judicial.

Es decir, independientemente del archivo judicial, la investigación policial sigue su curso.

En concreto, la Policía Judicial investiga una trama de funcionarios y altos cargos de la administración, en la que supuestamente desde el ICASS se elaboraron informes falsos para que el EMCAN pudiera retirar la homologación de los centros de Cossío para impartir formación subvencionada, por la negativa de la empresa a participar en el esquema de presuntas comisiones ilegales de la que se habrían beneficiado otras academias.

En un auto de tres páginas consultado por EL FARADIO, la Audiencia ha resuelto el recurso de Cossío contra el archivo y confirma la decisión del juzgado de primera instancia, que tampoco investigó la denuncia por prevaricación y falsedad documental.

Se basa en cuatro motivos: que algunos de los hechos denunciados ya habían sido juzgados y desestimados; que un informe pericial aportado por Cossío «no sea coincidente» con los informes técnicos «no constituye prueba suficiente»; que el mismo asunto se dirime a la vez por la vía de lo contencioso-administrativo (está a la espera de fallo y votación en el TSJC) y que el presunto delito de cohecho no se incluía en la querella, sino que «sólo se insinúa entre líneas», sin «ninguna concreción en cuanto a quién, cuándo y cómo se presionó a la querellante y se le pidió dinero de las subvenciones que recibía».

Por estos motivos, acuerda ratificar el sobreseímiento provisional y lo devuelve al juzgado para que proceda a ejecutar la sentencia, contra la que no cabe recurso.

SIGUE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

El archivo no afecta a la investigación policial de la UDEF, en la que además la Fiscalía de Cantabria ha pedido a la Fiscalía General del Estado ampliar el plazo que vencía el próximo mes de junio por la Ley de Enjuiciamiento criminal, para que la policía judicial pueda concluir sus averiguaciones.

El auto llega justo después de trascender que el ICASS se niega a facilitar – lo esconde o no existe- el expediente clave en la investigación.

La Policía Judicial sostiene que el departamento de Servicios Sociales nunca retiró la accesibilidad de Cossío, pero sí elaboró informes, no expedientados y presuntamente falsos, de los que el Servicio Cántabro de Empleo se sirvió para apartar a estas academias del reparto de los cursos de formación.