Salvador Blanco, consejero delegado de la empresa pública SODERCAN, se ha quedado solo en su demanda contra Julio Revuelta, secretario general de Podemos en Cantabria: no ha logrado sumar el apoyo de la Fiscalía y ha acabado admitiendo que el Interventor habló de irregularidades en su gestión.

Salvador Blanco declarando ante el juez

La Fiscalía, es decir, el Ministerio Público, ha rechazado sumarse a sus pretensiones y ha pedido, en la vista celebrada este viernes, que se desestime la demanda por honor presentada por Blanco.

Esta demanda se fundamentaba en unas declaraciones de Julio Revuelta en la Cadena Ser en las que este se refería a las irregularidades detectadas por el interventor (alto funcionario del propio Gobierno de Cantabria) en la gestión de SODERCAN bajo el mandato de Blanco.

La demanda se presentó únicamente contra Revuelta (al no ser diputado no es aforado y no tiene, por tanto, los privilegios judiciales que tienen los parlamentarios).

Y se centra en él a pesar de que las críticas a Salvador Blanco han sido recurrentes en el Parlamento en Podemos y desde otros partidos a raíz del informe del Interventor, publicado asimismo en distintos medios de comunicación (que «desgraciadamente» tuvo que leer). (Algunas de esas noticias: 1, 2, 3 )

Salvador Blanco ha tratado (a través de su abogado) de impedir el acceso de los medios de comunicación a la vista judicial (las vistas son públicas), posibilidad rechazada por la Fiscalía y por el juez, que han apuntado que las vistas privadas son para cuestiones “excepcionales” y que en la práctica diaria se reservan a, por ejemplo, casos de malos tratos o abusos y agresiones a menores.

También ha tratado de introducir como prueba el hecho de que hubiera convocada una concentración de apoyo a Julio Revuelta a la misma hora del juicio. Fiscalía y juez han rechazado esa pretensión incidiendo en que no era una cuestión que se estuviese juzgando.

De modo que Blanco no ha podido evitar ni la presencia de medios ni que se cuestionase la concentración, y no ha conseguido que la Fiscalía le respaldase (la Fiscalía no es parte en los casos, es decir, no es acusación ni defensa, sino que decide en función de lo que perciba).

Y la Fiscalía ha apelado a la libertad de expresión para pedir que se desestime esta demanda, asunto sobre el que finalmente tendrá que pronunciarse el juez.

Durante su declaración, Blanco ha defendido su profesionalidad en la gestión pública, ha rechazado tener adscripción política (no es miembro del partido aunque sus cargos de gestión han estado ligados a áreas del PSOE cántabro) y ha asegurado que esas críticas “destruyeron” su “reputación”,

Y su abogado consideraba que se había “descontextualizado” el informe del interventor para adaptarlo al “relato” que hacía Podemos.

Blanco y su representación legal insistían en que aquel informe de intervención no hablaba de cuestiones ilícitas o ilegales, pese a que el propio Revuelta insistía en que él nunca se ha referido a ilegalidades sino a a mala gestión.

Pero finalmente el máximo responsable de SODERCAN, ante la insistencia del juez en que respondiera con un sí o un no, y tras tratar de reducirlo a “discrepancias”, ha admitido que el interventor sí habla de irregularidades en la gestión de esta empresa pública, tal y como dijo el líder de Podemos Cantabria en aquella entrevista en la Cadena Ser.

Parte de la declaración de Blanco se ha centrado en la defensa de su gestión en el caso GFB –la ruinosa empresa de fibroyeso en la que se el Gobierno de Cantabria se embarcó como socio a través de SODERCAN-, ya que dirigentes de Podemos la han cuestionado al referirse a una sentencia, absolutoria, en la que sí había alusiones a esa mala gestión.

Por su parte, Julio Revuelta, recibido entre aplausos a su llegada al juzgado, consideraba que lo que pretende Blanco es intentar “acallar” a su partido.