El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad la propuesta de Ciudadanos y Podemos de hacer una auditoría operativa en la que se reflejan costes desmesurados por alquileres o deudas por préstamos con organismos de la propia administración de la Fundación Comillas.

Pleno del Parlamento de Cantabria.

Además, Ciudadanos ha pedido la elaboración de dos tipos de proyectos «para evaluar cuál es más rentable», para así «aprovechar los usos de las instalaciones» que adquirió el Gobierno de Cantabria «para que deje de ser un lastre para todos los cántabros».

Un informe de Intervención de 2013 apunta a que la Fundación Comillas mantiene una deuda con el Instituto Cántabro de Finanzas de 41,5 millones de euros por un préstamo que le supone el pago de una cuota anual de 3.525.000 hasta el año 2031.

Recientemente, el Gobierno de Cantabria ha aprobado en su reunión semanal una aportación de 4,2 millones de euros a la Fundación Comillas; que es uno de los principales soportes del proyecto de enseñanza del español en la Universidad Pontificia en esta localidad cántabra, y que Revilla calificó en su anterior mandato como el “proyecto del siglo”.

Para ello, adquirieron las instalaciones de la Universidad, en un diseño de contratos que, como ha destacado el diputado popular, Iñigo Fernández, se hizo «en el mismo despacho de abogados que se hizo célebre por su participación en el caso Racing»; el de Garayar.

EL PLENO PIDE LOS 22 MILLONES PARA VALDECILLA QUE SE PRESUPUESTARON EN 2016

El pleno ha votado a favor de la propuesta del Partido Socialista para pedir que el Gobierno de España pague los 22 millones de euros que en 2016 se presupuestaron en los Presupuestos Generales del Estado para costear las obras de Valdecilla.

La moción, apoyada también por PRC y Podemos, ha contado con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

Los populares habían presentado otra propuesta parecida, en la que instaban al Gobierno de España a mantener su compromiso con el hospital y solicitaban al Ejecutivo cántabro que cumpla con los requisitos para cobrar el dinero correspondiente. Solo Ciudadanos se ha unido a ellos.

En el debate, los socialistas han acusado al PP de “insultar a la ciudadanía” por su propuesta, en que consideran que admiten que “no hicieron las cosas bien” y “reconocen que no pagan porque no quieren”, en palabras de su portavoz, Victor Casal.

Por su parte, los populares han acusado a los socialistas de querer tratar de ayudar al Gobierno de Cantabria a “eludir cualquier responsabilidad” en la falta del pago.

Una falta de pago que ha justificado en que el Gobierno y al Servicio Cántabro de Salud no habrían sido “capaces de justificar ante el Ministerio el coste de las obras, que están terminadas y documentadas en el contrato”. “Si ustedes hubieran aportado la justificación de las obras realizadas en el primer trimestre del año los 22 millones de euros estarían en Cantabria”, ha asegurado la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, que cree que todo lo demás son “excusas de un mal cobrador”.

“Tienen un grave problema con el contrato público-privado porque ni lo conocen ni quieren conocerlo, ni lo entienden ni quieren entenderlo”, ha añadido, a lo que ha achacado a “prejuicios ideológicos” y “ganas de revancha”.

La oposición se ha dividido en las causas de la falta del pago. Mientras que Ciudadanos ha considerado más “coherente” la del PP y culpa al Gobierno de no cumplir los requisitos para realizar el cobro del dinero; Podemos ha cargado contra el PP por “ser responsable de la venta de la sanidad pública en Cantabria”, aunque también ha culpado al actual Gobierno de “infrafinanciar la sanidad en Cantabria”.

Tanto PSOE como Ciudadanos han adelantado que presentarán una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para que se incluya la partida de este año; y que se une a la promesa que ha realizado también el PP.