La Audiencia Nacional ha imputado a siete directivos del Banco Santander y otros tres del BNP Paribás, a los que ha atribuidos presuntos delitos de blanqueo de capitales.

Estos delitos derivarían de la investigación sobre la lista Falciani, a través de la cual el juez José de la Mata solicitó en 2016 documentación a ambas entidades y estudió los informes que emitió el Banco de España.

La lista Falciani fue entregada por un empleado del HSBC Prívate Bank Suisse, y contiene las propiedades reales de cuentas secretas en la entidad suiza.

Los informes en poder del magistrado reflejan «una operativa de movimientos de fondos entre Santander, Santander investments y BNP Paribas, y HSBC Prívate Bank Suisse», el banco suizo que ayudaba a empresarios, políticos o deportistas a evadir impuestos y esconder bienes.

Las diez personas citadas declararán ante el magistrado a partir del próximo 12 de junio, según informa el digital El Confidencial, citando fuentes jurídicas.

RESPONSABLES DE LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Entre los citados como investigados (la figura que sustituye a los imputados) destacan Carlos Iniesta, director del Departamento Central de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en el ámbito de Grupo Santander y Jesús Rivero, que fue responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el Departamento Central de Extranjero en el Santander.

También se encuentran Ignacio Benjumea, que fue Secretario General del Banco Santander y presidente del Comité de Análisis y Resolución; José Manuel Arraluce, que fue director de Cumplimiento del Banco Santander y vicepresidente del Comité de Análisis; Jesús Álvarez, encargado del Área de Banca Privada y Sociedades filiales dentro del departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco Santander; José Andrés Fernández, que fue director del Departamento de Cumplimiento Normativo del BNP; Lucía Cuartero, también en el departamento normativo y junto a Fernández a cargo de la función centralizada de Prevención de Blanqueo de BNP y Cristina Arévalo, que fue miembro del Comité OCIC y directora de Operaciones de BNP Securities Services.

Los citados eran responsables en 2005, en las dos entidades bancarias, en el ámbito de la organización de la prevención del blanqueo de capitales. Desde ese año hasta 2009, que se implantó la obligación de identificar a los ordenantes y a los beneficiarios, suprimiendo la opacidad existente, se produjeron la mayor parte de las operaciones.

Más de 1.000 operaciones en las que se habrían realizado movimientos por valor de 73,96 millones de euros que fueron canalizados a través de Banco Santander.

En su auto, De la Mata explica el sistema que ha mantenido HSBC en sus cuentas de valores, tanto en Santander Investments como en BNP en España, con cuentas conocidas como «ómnibus» o cuentas globales, en las que el propietario real de los valores es desconocido.

De hecho, destaca HSBC era ya en 2005 una entidad financiera de alto riesgo susceptible de canalizar operaciones de blanqueo de capitales; pero pese a ello la calificación de riesgo otorgada por los responsables de Banco Santander fue «bajo», con excepción de 2016, donde se calificó como «medio».

El juez, en su auto, destaca que se ha constatado en las transferencias de fondos investigadas la existencia de ordenantes de las operaciones en Suiza y de los beneficiarios en España, denunciados por delitos contra la Hacienda Pública.

En el auto del juez señala también que los informes de los peritos del Banco de España describen «una serie de operativas puestas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al Erario Público Español, entre sujetos que debían conocer su existencia de posición dominante en sociedades».