Desde hace tiempo el Campus Comillas, el que iba a ser el “proyecto del siglo”, soñado desde lo más profundo de los recovecos interiores de la burbuja, esa universidad del español que iba a estar “llena de chinos con sus cámaras” y que Revilla le dibujaba a embajadores y a todo aquel que quisiera oírle (Ali Syed incluido), sobrevive conectado a una respiración artificial (artificial, quedaros con esta palabra) que se alimenta únicamente a través de dinero público.

La Intervención General, ese organismo formado por altos funcionarios del Gobierno de Cantabria que fiscaliza el correcto funcionamiento económico de la administración, lo dice (lo reitera) varias veces en sus informes anuales sobre el proyecto Comillas, consultados por EL FARADIO.

Revilla visitando las obras del Seminario Mayor de Comillas

CONECTADA AL RESPIRADOR DE LO PÚBLICO

Según Intervención, la Fundación Comillas, el principal sostén institucional del proyecto, “no es viable por sí sola”, sino que “depende” de los recursos públicos de la Administración.

Y lo cierto es que Intervención asume que el contexto económico no es el mejor del mundo: en tiempos de austeridad Cantabria no es totalmente libre para tomar decisiones sobre unos dineros que al fin y al cabo le supervisan otros, y, por tanto, no tiene garantizada la liquidez para hacer frente a sus compromisos con la universidad del español y los entes públicos que la sostienen.

De momento, si el proyecto “sobrevive” no es, desde luego, por los ingresos que genera su actividad académica (200.000 euros): es únicamente por el apoyo financiero del Gobierno cántabro, año tras año.

Y eso lleva a una situación delicada, porque a su vez esa fundación es la única fuente de ingresos de la SAICC, la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, la empresa pública que gestiona todo lo relacionado con los edificios necesarios para el proyecto (el Seminario Mayor de Comillas), porque para hacer todo esto se decidió una estructura “compleja”. Eran los tiempos de Agudo.

LOS PRÉSTAMOS CRUZADOS

Es peor aún: la Fundación Comillas le debe del orden de seis millones de euros a la SAICC. Y aunque el pasado verano la Fundación comenzó a pagarle 40.000 euros al mes por esa deuda, hay dos millones en facturas atrasados que Intervención duda que se vayan a pagar.

Visita al Seminario Mayor: Revilla, Gorostiaga, Agudo, Marcano y Salvador Blanco

A riesgo de repetirnos, es peor aún: porque además la Fundación Comillas le debe alrededor de 40 millones de euros, por un préstamo, al ICAF, el Instituto Cántabro de Finanzas, que es otro organismo público que se encarga de dar crédito a empresas privadas y al sector público también.

Es decir, la Fundación que es la única fuente de ingresos de una empresa pública que gestiona edificios y a la que debe dinero tiene una deuda aún mayor con una especie de banco público del propio Gobierno de Cantabria.

Pero pasa otra cosa: a su vez, la Fundación le hizo un préstamo a la SAICC, cifrado en unos 600.000 euros. Al hacerlo, eso contó como recursos de una entidad que acumulaba pérdidas tras pérdidas sin aumentar los ingresos. Y eso le permitió tener un “equilibrio” a efectos mercantiles, de modo que sirvió de argumentación para que este ente público no entrara en causa de disolución, como hubiera mandado la Ley.

Lo del equilibrio va en una doble vía: el pasado lunes, desde la tribuna, el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, avisaba, haciéndose eco de datos oficiales del ICAF, de que el préstamo del Instituto Cántabro de Finanzas a la Fundación Comillas representa el 50% de lo concedido al conjunto del sector público.

Es decir, si la Fundación no ha caído es gracias al préstamo del ICAF, pero es que el ICAF no podría permitirse que la Fundación cayera. Y si cayera la Fundación, caería la SAICC, que concentra los edificios. Y todas las partes de la ecuación que se han prestado o deben dinero son públicas, son la Administración.

RESPIRACIÓN ARTIFICIAL, SIN AUTONOMÍA

Esa respiración es artificial, nunca mejor dicho, como lo parece la propia autonomía de Cantabria a la hora de tomar decisiones económicas en los tiempos de la déficitcracia (palabro, sí).

Porque en la Cantabria de los espejismos, de los efectos de luz reflejados en la piedra de monasterios milenarios, Intervención advierte de que son tiempos en los que “el Gobierno no posee la discrecionalidad absoluta de sus recursos financieros”. Discrecionalidad significa que una decisión depende de la voluntad o deseo de alguien y no de motivos racionales o medibles.

Y los deseos, repasa Intervención en un informe supervisado por miembros del propio Gobierno, resultan difíciles de cumplir a una Cantabria que se ha acogido al Fondo de Liquidez Autonómica (un crédito del Estado, a cambio de condiciones no sólo económicas, que acerca a las comunidades a una situación muy parecida a la de estar intervenidas o rescatadas).

Aguantad, que hay más: hay leyes estatales sobre la sostenibilidad de los servicios públicos, y el Gobierno de Cantabria acumula varios años de incumplimientos de déficits (el de este es inminente). Con eso va un plan de reequilibrio: a cada incumplimiento le suceden exigencias de recortes de gasto y peticiones de aumentos de ingresos (osease, subidas de impuestos y tasas).

Toda esta filosofía montorista tiene otra consecuencia: al someterse a estas normas, Cantabria “acepta la jerarquización de pagos”, es decir, su orden en base a unas prioridades que hacen que los primeros que deban acometerse sean la deuda y los proveedores. Parece evidente: la Fundación Comillas no es un proveedor.

Existen, por tanto, “muchas condiciones que no pueden garantizar que en su momento la tesorería regional tenga liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos” con el proyecto Comillas, concluye demoledoramente Intervención.

No parece que pueda haber muchas soluciones: el dinero que dejaría de cobrar el ICAF es de todos, el dinero que le tendrá que dar es también de todos, y no parece que haya una cola de empresas privadas dispuestas a asumir este proyecto.