El mandato por el cual la Fundación Comillas paga alquileres elevados a la empresa pública SAICC (Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas) por el uso del Seminario Mayor en lo que se considera una subvención encubierta no tiene, según advierte Intervención en sucesivos informes y documentos. cobertura jurídica,

Y no es el único aviso: este departamento del propio Gobierno formado por funcionarios de alto rango que fiscalizan el correcto funcionamiento de la Administración, también llama la atención, de forma reiterada en varios ejercicios, sobre el bloqueo de una de las fórmulas que aligeraría el peso de esta difícil situación, como es la fusión de los dos organismos públicos implicados en el mismo proyecto: la Fundación Comillas y la SAICC.

El Campus Comillas es el nombre con el que se conoció a la “visión” del presidente Revilla en su anterior etapa al frente de Gobierno, un centro de enseñanza del español para profesores extranjeros. Ahora está en el centro del debate público y parlamentario, a instancias de Ciudadanos (paradójicamente, actualmente socio abstencionista del Gobierno PSOE-PRC).

EL PAGO DE ALQUILERES NO TIENE COBERTURA JURÍDICA

En el “complejo” (en palabras de Intervención) diseño institucional y financiero que se montó para dar cobertura al “proyecto del siglo” entraban en juego al menos dos sociedades con mayor o menor peso de lo público: la Fundación Comillas (finalmente considerada pública, aunque con patronos privados) y la SAICC (la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas), que gestionaba los edificios implicados y que se los alquilaba a los demás.

Seminario Mayor de Comillas

Intervención ya ha advertido de que una empresa es la principal fuente de ingresos de la otra -a la que le debe dinero mientras mantiene un crédito con el ICAF, que es un organismo del propio Gobierno de Cantabria-, y describió la “subvención implícita”, indirecta, a través del pago de la Fundación a la SAICC de alquileres un 86% más caros que precios de mercado.

Desde la Fundación han acabado admitiendo la arbitrariedad de esos precios, hasta el punto de que en una de las últimas comunicaciones que mantienen con Intervención le informan de que han contactado con un tasador para que establezca cuánto vale realmente el Seminario Mayor.

Dentro de la gestión de esta cuestión de los alquileres, Intervención llama la atención sobre que, pudiendo, no se están deduciendo el IVA del 21%, lo que asegura que va en contra de una gestión eficiente de los recursos públicos.

El caso es que este pago de los alquileres de uno al otro se hizo en base a una fórmula denominada “mandato”, que a Intervención le parece “atípica” por la falta de concreción entre dos organismos que además están ambos ligados a lo público.

Pero, además, llama la atención sobre que en realidad ese mandato finalizó ya, sin que conste documentalmente que se haya prorrogado o renovado, y esto pese a las reiteradas advertencias sobre esta situación hechas a partir de 2013 (tanto en legislatura PP como en la actual).

Esta de los alquileres no ha sido la única vía indirecta de subvención: para rehabilitar el Seminario Mayor se pidió, por un lado, ayuda a la Fundación Botín, y por otro al propio Gobierno central, -250.000 euros-, que Intervención también cree que en realidad deberían constar como subvención a la SAICC.

LA FUSIÓN ESTÁ BLOQUEADA

Decíamos antes que en el diseño de la operación se jugó con “al menos” dos sociedades relacionadas con lo público, la Fundación y la SAICC. Pero llegó a haber más, una tercera, la SAC (Sociedad Arrendadora Comillas), con la idea de canalizar acciones del sector privado y para que no computara como déficit.

En un momento dado, se fusionaron la SAICC y la SAC, y esto supuso para la primera sumar una deuda del orden de 3 millones de euros.

En los últimos años se ha planteado en varias ocasiones y reuniones oficiales seguir con la simplificación de la estructura de todo el proyecto Comillas hacia un único ente, fusionando la Fundación y la SAICC.

Hay opiniones favorables a este proceso de fusión y se ha aprobado en reuniones, pero el Interventor llama la atención en varios años a partir de 2013 sobre que, pese a todo esto, la Fundación “no informa adecuadamente” de su estructura financiera, y no expone ni los costes de carácter fiscal ni los riesgos a los que se somete, de forma que falta información necesaria para acometer esta fusión.

En lo que sí se ha avanzado en el último año es en el pago de la deuda de la Fundación a la SAICC: en junio de 2016 comenzó el pago de 40.000 euros mensuales. La deuda total es de 6 millones de euros, si bien Intervención cree que dos de ellos son de difícil recuperación.