En el diseño de la estructura administrativa y financiera del “proyecto del siglo” de universidad del español en Comillas, el sector privado jugaba un papel importante: el presidente Revilla involucró a sus contactos nacionales en firmas como La Caixa o el Santander como patronos de lo que sería la Fundación Comillas.

Cada patrón realizaría una aportación dineraria (1,5 millones de euros al año en dos anualidades) que le implicaba en la toma de decisiones y con la que se financiaría el funcionamiento de los cursos.

Participantes en la génesis del proyecto Comillas en una visita a las obras del Seminario. A la derecha, Enrique Ambrosio, de Caja Cantabria

Entre esos patronos estaba también Liberbank, la antigua Caja Cantabria (ahora un banco que se suma a las antiguas caja asturiana, la parte dominante, y de Castilla-La Mancha).

El propio presidente se quejaba recientemente en el Pleno del Parlamento de Cantabria, donde el tema está cobrando protagonismo en las últimas semanas, de la falta de cumplimiento de compromisos de esta entidad financiera, que sólo asumió su primer pago (1,5 millones de euros), tal y como refleja también el Interventor General en sus informes.

LA OTRA ESPANTADA EN COMILLAS

Caja Cantabria tiene experiencia en salir de proyectos relacionados con la Universidad Pontificia de Comillas: suya fue la propiedad del edificio, cuando se lo compró, en los gloriosos 90, a la Compañía de Jesús, hasta que se deshizo de ella vendiéndoselo, en el también glorioso principio de siglo XXI, al Gobierno de Cantabria por un importe de 9 millones de euros.

…Y EL PUERTO DE LAREDO

Además, no es la primera vez que la antigua Caja Cantabria da la espantada en un proyecto estratégico para el Ejecutivo autonómico al que su huida deja tocado: lo que hoy es Liberbank también era uno de los socios de las empresas del Puerto de Laredo, pendiente de decisión judicial sobre su rescate tras convertirse en el aeropuerto de Castellón cántabro.

Puerto de Laredo.

Caja Cantabria era socia -a través de una empresa de su propiedad, Puntida-, junto a ASCAN, del Grupo SADISA, y la estatal FCC, de Marina de Laredo, el nombre de la empresa concesionaria del Puerto de Laredo.

Su representación era de un 15% (150.000 euros) y su aportación implicaba un compromiso económico, de financiar el proyecto.

Pero la Caja acabaría abandonando el proyecto, y lo hizo tras vender sus acciones a sus socios, que se repartieron la compra a partes iguales, pagando entre los dos un millón de euros, esto es, más de seis veces más. Las empresas aseguraron tiempo después que ese papel financiero no era una obligación formal, sino simplemente una mera posibilidad.

Estos se quedaron con la empresa repartida a un 50%, en una operación de la que el Gobierno no tuvo conocimiento hasta años más tarde, tal y como ha reconocido el propio responsable de Obras Públicas entonces y ahora en sede parlamentaria, donde afirmó que la marcha de la Caja perjudicó al proyecto.

El Ejecutivo posterior, del PP, interpretó que con esa revalorización de las acciones se pretendió trasladar una idea de negocio con expectativa de rentabilidad.

No fue la única operación compleja en el puzzle del Puerto de Laredo: la empresa Marina de Laredo entró en concurso de acreedores debido a que otra empresa, formada por ellos mismos (ASCAN y FCC) y responsable de la parte de construcción empezó a pedirles un dinero que le habían adelantado (42 millones de euros). Al reclamarle estos pagos entró en concurso, y el concurso es una de las condiciones que permitían el rescate económico al que se vio abocado el Puerto de Laredo, en una historia inconclusa, pendiente de rescate judicial.

DESAHUCIOS, PREFERENTES Y CLÁUSULAS SUELO

Protestas contra las denuncias de Liberbank a preferentistas

Desde que Caja Cantabria es Liberbank ha sido muy criticada por su falta de implicación con una comunidad autónoma en la que todavía tiene una alta implantación: todavía están recientes los cierres de oficinas y el modelo de ‘conserje que custodia el cajero.

Liberbank ha sido el último banco en abrir vías de negociación con los afectados por desahucios bien directamente o bien a través de la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria y se mostró muy hostil en su momento hacia los afectados por las participaciones preferentes, con denuncias a los manifestantes incluidas y optando casi hasta última hora por la vía judicial a pesar de haber perdido la práctica totalidad de los juicios.

Como entidad con más presencia, Liberbank es la responsable de buena parte de las preferentes, que llevaron a crear un juzgado específico ante el aluvión de casos. La historia se repite ahora con las cláusulas suelos, también con juzgado específico y que afectarán a la entidad, mayoritaria en la firma de hipotecas en Cantabria y que ya sufrió en bolsa cuando la justicia europea las consideró abusivas.