||por RAMÓN QU, periodista y escritor||

Dicen que las cosas de palacio van despacio, pero hay palacios en los que determinadas cosas no se sabe si van, si vienen o si utilizan pasadizos secretos. La tala de Loredo es una de esas cosas, y el Gobierno de Cantabria uno de esos palacios. Claro que con sus pequeñas particularidades, pues en este caso la tala fue rápida, y el palacio llegó tarde. Pero no nos perdamos en las ramas de los símiles, y tratemos de reconstruir el entuerto y seguir pacientemente el vía crucis del bosque de Loredo.

PRIMER MISTERIO: LA MOTOSIERRA Y EL BULDÓCER

A mediados del pasado febrero, un grupo de vecinos daba la voz de alarma: se estaba procediendo a la tala indiscriminada de árboles en el bosque situado junto a la playa de Los Tranquilos en Loredo.

Se trataba de una finca particular cuyo arbolado, compuesto fundamentalmente por pinos y eucaliptos, fue plantado en los años veinte y desde entonces ha sufrido cortas periódicas, la última hace unos veinte años, en gran parte de su superficie.

El aviso se extendió como reguero de pólvora por las redes y pronto saltó a los medios informativos.

Forzadas por la presión vecinal, las reacciones de algunas autoridades no tardaron en producirse.

Una de las primeras fue la del alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón del PRC. Dejando bien sentado que el municipio no tenía competencias en el tema, el alcalde aclaraba que la finca era particular y que el propietario tenía la autorización pertinente del Gobierno de Cantabria… con una salvedad: la tala de arbolado dentro de la servidumbre de la Ley de Costas, para la cual se necesitaba autorización de la Demarcación de Costas de Cantabria.

Sin embargo, el desmoche se había iniciado precisamente en esa franja. Y así la policía local de Ribamontán al Mar informaba al alcalde de la corta de árboles en la zona de servidumbre. ¿Política de hechos consumados?

SEGUNDO MISTERIO:¿QUIÉN HABÍA DADO PERMISO?

Consultado el jefe de la Demarcación de Costas de Cantabria, José Antonio Osorio, se supo que, a la fecha de la realización de la tala, no se había dado permiso para dicha actuación en los cien metros hacia el interior del deslinde marítimo terrestre.

Pero entonces ¿quién había otorgado los permisos de los que hablaba el alcalde de Ribamontán al Mar? Respuesta: Montes.

Al parecer, y según las consultas efectuadas por la Consejería de Medio Ambiente, había sido la Dirección General de Montes – perteneciente a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y órgano competente para autorizar talas de árboles – quien había concedido los permisos para la realización de labores de clareo. Sin embargo, Montes no tiene competencia alguna sobre la zona de servidumbre marítimo-terrestre, lo que significa que su permiso no podía incluir dicha zona.

A todo esto la tala proseguía y en la franja de las parcelas que caía dentro de la zona de servidumbre pocos árboles quedaban ya. ¿Se consumaban los hechos?

TERCER MISTERIO: LA PARALIZACIÓN

El 20 de febrero, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, dirigida por la socialista Eva Díaz Tezanos, ordena la paralización cautelar de la tala de árboles ante la sospecha de que se estaba interviniendo de manera ilegal en la zona de servidumbre protegida por la Ley de Costas, sin autorización de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), como exige la Ley 2/2001, de 25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Una vez paralizada la tala, la CROTU estudiaría si podía otorgar o no autorización conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Costas.

Pero si el lunes 20 había sido la Consejería de Medio Ambiente, por medio de la Dirección General de Urbanismo, comandada por Francisco González Buendía, quien ordenara la paralización cautelar de la tala de árboles, el miércoles 22 fue el regionalista Jesús Oria, consejero de Medio Rural, a través de la Dirección de Medio Natural, encabezada por Antonio Lucio, quien ordenó también su particular paralización. Enmendaba así la actuación de Montes – recordemos, perteneciente a su consejería –. La prohibición duraría hasta que se “resuelvan las «discrepancias» detectadas en la clasificación urbanística de las cuatro parcelas particulares afectadas ubicadas en las proximidades de la playa de Loredo”.

Tenemos, pues, por un lado a la Consejería de Medio Ambiente que paraliza la tala por una posible actuación ilegal en la zona de servidumbre; y por otro, a la consejería de Medio Rural que la prohíbe por no estar clara la calificación de los terrenos afectados.

CUARTO MISTERIO: EL LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICIÓN

El tiempo pasa volando y hete aquí que el 9 de marzo la Dirección General del Medio Natural levanta la suspensión cautelar de la tala. Los informes requeridos por dicha dirección general se mostraban favorables a la corta de 630 pinos y 480 eucaliptos por la empresa Maderas Ison.

Para la concesión del nuevo permiso se alegaba la condición de las parcelas objeto de actuación: urbanizable no delimitado. Significante atemorizador que quiere decir que es urbanizable pero que, hasta que no haya ningún Plan Parcial de la zona, el uso de la misma se considerará rústico. Punto este importante pues entre los usos rústicos están las explotaciones forestales.

Esto traducido a román paladino significaba que, debido a la pasividad de las autoridades y la dejación de las sucesivas administraciones, incapaces desde que se aprobó el POL de elaborar un proyecto de actuación ambiental en Somo-Loredo, el gobierno regional tenía la oportunidad de considerar que las cuatro parcelas objeto de litigio continuaban siendo de uso rústico – forestal – previo al POL.

Como únicas condiciones que se imponían a la empresa encargada de la tala estaban: la obligación de respetar las especies autóctonas (encinas, aladiernos, laureles y torviscos), la gestión correcta de los vertidos y la eliminación de plantas invasoras con arreglo a los protocolos de Medio Natural. Condición está última que, como se verá, servirá en un inmediato futuro de disculpa a mano, clavo ardiendo o mata oportuna.

Al mismo tiempo, y con ágil juego de muñeca, Medio Natural daba vuelta a la tortilla y consideraba la tala de pinos y eucaliptos no solo perfectamente legal, sino ecológicamente estupenda, al favorecer una futura mejora de la zona y “contribuir al objetivo de recuperación de los rasgos geomorfológicos” del sistema dunar original. De esta manera – argüía el consejero de Montes –, ya vía POL, ya a través del ayuntamiento, y en concierto con el propietario, se podrían elaborar proyectos de recuperación ambiental de los terrenos objeto de polémica.

QUINTO MISTERIO: LOS DIGO DIEGOS DEL PARLAMENTO

Aprovechemos los días finales de marzo para hablar del propietario de las cuatro parcelas de marras. Los terrenos pertenecen a la constructora Emilio Bolado, en quiebra y concurso de acreedores. Al parecer la pretensión era construir un complejo residencial con 350 viviendas. Y el inevitable campo de golf. Con 18 hoyos, ni más, ni menos. Sin embargo no hubo eagle, ni birdie, ni par. El pelotazo se quedó en el bunker de la crisis. De valor solo quedó la madera. Y el terreno, claro, de futura venta… ¿al gobierno regional?

Pero ya estamos en abril. Es lunes, 3. Lugar y ocasión el pleno del Parlamento de Cantabria. El consejero de Medio Rural, el regionalista Jesús Oria, responde a una interpelación de la portavoz de Podemos. Verónica Ordóñez ha hablado de una cadena de errores del gobierno regional y ha acusado de «descoordinación» a la Dirección General del Medio Natural (PRC), y a la de Urbanismo (PSOE). Como buen político al hispánico modo, Oria lo niega todo y argumenta que la tala lejos de ser un inconveniente, “puede contribuir” a la recuperación del sistema dunar. En este sentido informa de que el gobierno «tiene previsto acometer» acciones para dicha regeneración.

Como aún mejor político al modo hispánico, no da plazos, ni ofrece planes, ni específica inversiones o presupuestos. Ya se verá: todo dependerá del dinero de que se disponga y de la propiedad de los terrenos. ¿Aviso de una futura compra a la empresa en concurso de acreedores Emilio Bolado de las parcelas por parte del gobierno regional?

Oria, por penúltimo, admitió que los terrenos de marras estaban dentro de la Actuación Integral Estratégica Ambiental (AIEA) de Somo-Loredo del POL, pero, mire usted por donde, como aún no se han desarrollado los planes especiales requeridos, se puede autorizar el uso anterior al POL que, vuelva usted a mirar por donde, era forestal. ¿Hacer de la incompetencia, virtud?

¿Y por último? Por último el consejero recordó su «total disconformidad con planteamientos ultra proteccionistas».

SEXTO MISTERIO, LA PARALIZACIÓN

El jueves 6 de abril, tres días después de tan firme defensa en el Parlamento de la legalidad y bondad ecológica de la tala, el Gobierno Regional la paraliza por segunda vez.

De nuevo, nuestra intrépida Dirección General de Medio Natural interviene. La razón alegada ofrece un fácil juego de palabras. Lo dejaremos pasar. Se aduce que la empresa que lleva a cabo los trabajos ha incumplido una de las condiciones puestas para la autorización de la tala: la eliminación de los plumeros. Cuando ya no quedaba prácticamente árbol en pie, nuestra ínclita Dirección de Medio Natural paraba la tala porque no se retiraban las plantas invasoras.

Retrocedamos unas fechas para dar oportunidad a otro punto de vista: el de Jorge Madrazo, gerente de Maderas Ison. Según Madrazo, en declaraciones a la prensa hechas a 22 de febrero, al serles dada la primera autorización nadie les puso ninguna condición y el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar no les advirtió de que no podían cortar en la zona marítimo terrestre: «El Ayuntamiento no nos tenía que haber sellado el permiso como hizo, nosotros no tenemos obligación de saber». Más tarde, cuenta Madrazo, llegaron responsables de la Dirección General de Urbanismo que les entregaron indicaciones GPS. Se les advirtió que dejaran de cortar en la zona de servidumbre, pero nada dijeron del resto. Al día siguiente de estas declaraciones vendría la primera prohibición de Montes.

Cuando la Consejería de Montes les concedió la segunda autorización pusieron a la empresa Maderas Ison seis condiciones, entre ellas la de la limpieza de plumeros. En este sentido, y en nuevas declaraciones a la prensa, Jorge Madrazo ha calificado la segunda prohibición (6 de abril) – que como se recordara se basa en el supuesto incumplimiento de la empresa de la retirada de plantas invasoras – como “una tomadura de pelo”. En su defensa, Madrazo alega que “la empresa no ha incumplido nada aún”, pues, por un lado, los trabajos en cualquier monte han de seguir unos determinados pasos – la retirada de los últimos plumeros sería labor postrera –, y por otro, que nunca, ni en esta ocasión tampoco, se les había puesto plazo alguno para limpiar los plumeros.

La empresa demandará al Gobierno Regional. En la actualidad la tala está en los juzgados.

SÉPTIMO MISTERIO: ENTRE LA ESQUIZOFRENIA Y LA BARBARIDAD

Mientras que el Gobierno Regional defiende la labor realizada, los partidos políticos de la oposición han criticado duramente su forma de actuar.

Así, Izquierda Unida por boca de Miguel Saro ha calificado de “erráticas (las) decisiones del Gobierno, que sólo ha prohibido la tala cuando el daño ya estaba hecho y cuya única propuesta planteada para conservar la zona de alto valor medioambiental es dar dinero a una constructora, que es lo que sucederá si se consuman las intenciones del Ejecutivo de comprar la finca para su restauración”. Según el concejal del ayuntamiento de Santander lo que “se pretende (es) rescatar con dinero público cuando el daño ya está hecho, repitiendo la máxima instalada de privatizar beneficios y socializar pérdidas, como ya se hizo rescatando el puerto de Laredo, las autopistas o los bancos”.

EQUO Cantabria en un comunicado emitido el 7 de abril se congratulaba de la segunda paralización pero apostillaba que llegaba “demasiado tarde”. El partido ecologista confiaba en que esta segunda prohibición: “sea definitiva y ayude a cerrar un lamentable episodio de esquizofrenia administrativa y de hipocresía política en el tratamiento que el Gobierno de Cantabria está dando al medio ambiente». Asimismo pide que el Gobierno aplique el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y ponga en marcha un plan especial para la restauración ambiental de la zona Somo-Loredo.

Por su parte, la diputada Verónica Ordóñez (Podemos) ha calificado la tala de “soberana barbaridad”, añadiendo a reglón seguido que: “Se ha cometido una masacre medioambiental, con una autorización que era nula de pleno derecho porque no era competencia de Montes”. Ordóñez no ha dejado tampoco de insinuar que el “error” tiene relación con “otros intereses”.

Por último, añadir que el 10 de abril el Pleno del Parlamento de Cantabria rechazó con el voto PRC, PSOE y Ciudadanos – y la abstención del PP – la moción presentada por Podemos para, a raíz de la tala del bosque de Loredo, urgir al gobierno regional a redactar el plan especial de la Actuación Integral Estratégica Ambiental (AIEA) de Somo-Loredo, previsto en el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

En sus intervenciones, Verónica Ordóñez echó en cara a las sucesivas administraciones habidas desde la aprobación del POL “no haber hecho los deberes” y desarrollado las normas de protección que contempla dicho plan, y acusó a los partidos que se habían opuesto a la moción de ir «en contra» de una ley vigente en la Comunidad Autónoma, como es POL.

Las razones alegadas por el bipartito para el rechazo de esta moción han sido: una, que no se estaba cortando ningún bosque o especie autóctona, sino pinos y eucaliptos – alóctonos –; dos, que la tala se atenía a la “más estricta legalidad” y contaba con la aprobación de «todos los informes pertinentes»; y tres, que las parcelas afectadas no estaban dentro del área del POL.

OCTAVO MISTERIO: LA MADRE DEL CORDERO

La madre del cordero es el POL.

En el preámbulo de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral se puede leer:

“El Plan de Ordenación del Litoral (POL) tiene como marco de referencia el documento de la Estrategia Territorial Europea (ETE), suscrito en Postdam en mayo de 1999 en el cual se establece que los instrumentos de ordenación del territorio de la Unión Europea deben promover entre sus objetivos el fomento de la cohesión económica y social, el desarrollo sostenible y el equilibrio entre las zonas urbanas y rurales para así obtener un territorio más competitivo a escala europea… El modelo territorial del POL se apoya también en los distintos documentos de Gestión Integrada de las Zonas Costeras en los que se manifiesta la importancia de preservar los ecosistemas y territorios litorales y mantenerlos libres de las presiones urbanísticas que han venido padeciendo en épocas precedentes”

El POL, pues, aprobado en 2004, tenía un doble objetivo: por un lado, una protección efectiva e integral al área costera de Cantabria; por otro, el “desarrollo sostenible y equilibrado en el que el crecimiento económico, las demandas sociales y los valores ambientales del territorio resulten compatibles a largo plazo”. Doble objetivo que no dejará de generar tensiones al existir diferentes lecturas sobre lo que es “protección efectiva e integral” y en qué consiste el “crecimiento económico”.

Desde un principio el PP se opuso al POL. Y así nada más aprobada la ley, 50 senadores del Partido Popular presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Nada más llegar al gobierno regional en junio de 2011, el nuevo presidente Ignacio Diego (PP) advirtió de sus intenciones de reactivar «el turismo y la construcción»: “Quiero hacer normas claras, una legislación lo más concreta posible que aporte seguridad jurídica y la mayor satisfacción generalizada”. Añadiría “sin ningún complejo” que “Hay que reformar la Ley del Suelo para generar dinámicas de tramitación garantistas y ágiles”.

De este espíritu emprendedor nacería la reforma del Plan de Ordenación del Litoral (POL) aprobada en el Parlamento de Cantabria en 2013 y que permitía la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico en los municipios costeros, equiparándolos de esta forma con los del interior. Para el Gobierno del PP de aquellas fechas, la modificación suponía un “crecimiento moderado y de menor impacto ambiental”, mientras que para la oposición de entonces (PSOE, PRC) se trataba de una temeridad, de un error y, en definitiva, de “abrir la mano”.

Por su parte, las organizaciones ecologistas decían que la reforma significaba lisa y llanamente desvirtuar la idea original del POL, aplicando “criterios menos restrictivos a la hora de proteger los valores de la zona litoral” y favoreciendo “un proceso de masificación urbanística… de especulación y clientelismo político”.

Añadamos que en marzo de 2015, el Tribunal Constitucional avalaba el POL, aunque eliminando algunos artículos «inconstitucionales» sobre el derecho sancionador y la compatibilidad entre la figura de los planes singulares de interés regional y la autoridad municipal.

NOVENO MISTERIO: LA PERVERSIÓN DEL POL

Miriam García fue directora general de urbanismo del Gobierno de Cantabria entre 2003 y 2007. Durante esa etapa elaboró el Plan de Ordenación del Litoral (POL), que rige las actuaciones urbanísticas de la costa en la región. El pasado 4 de abril hizo unas declaraciones a El Faradio en las que afirmaba que las justificaciones del gobierno regional sobre la tala del bosque de Loredo se basaban en “argumentos falsos”.

Para la ex directora general de urbanismo, la aprobación del POL supuso para Cantabria decidir “cómo quería convivir con la costa” al crearse: “por primera vez a un instrumento de planificación regional en urbanismo más allá de las decisiones en el ámbito local”. Para Mirian García: “El POL es una ley; no un plan”. Ley que, en el caso que estamos considerando, clasificaba los terrenos donde se ha desarrollado la tala como de “actuación integral estratégica de regeneración ambiental” a la espera de “un proyecto sectorial específico que lo pusiera en valor”.

En opinión de García, la zona Somo-Loredo es “uno de los espacios más singulares desde el punto de vista geomorfológico de la costa cántabra”, “una duna fósil” que “por eso mereció la consideración de área de regeneración ambiental”. En su opinión, “entrar con maquinaria pesada y arrasar” no puede ser “bueno para la regeneración”, porque es “provocar una perturbación desde el punto de vista ecológico”.

Preguntada por las explicaciones ofrecidas por el Gobierno, Mirian García contestó:
“Me parece súper duro contestar a esto, pero es tan absolutamente absurdo y falso que me pone de mal humor. Es increíble, no se puede jugar con las palabras ni hacer demagogia para justificar lo injustificable: si no se quiere hacer cumplir el POL que lo deroguen y ya está. Pero no pueden sacar el POL para decir que la costa de Cantabria está protegida y sacar el POL como una bandera para luego pervertirlo. Es una absoluta perversión”

DÉCIMO MISTERIO: LA LUCHA CIUDADANA

Comenzábamos este texto afirmando que a mediados de febrero un grupo de ciudadanos había dado la alarma. Grupo de “vecinos, gente que conoce bien la zona y cualquiera que esté sensibilizada con el tema” que no tardó en constituirse como plataforma. Al principio se llamaron “SOS bosque de Loredo”, pero al conocer que las parcelas estaban afectadas por el POL cambiaron su denominación a “Plataforma POL Somo-Loredo”. Desde su mismo origen, no han cesado sus protestas e iniciativas. Por ello, justo es que terminemos este largo vía crucis dándoles la palabra.

He aquí las preguntas que un 10 de abril lanzaban a unos terrenos desmochados que, hasta hacía unos meses y junto a la playa de Los Tranquilos, fueran un bosque – o una plantación de pinos, eucaliptos y algún que otro árbol autóctono – sobre una duna fósil:

1. ¿Por qué la Consejería de Medio Ambiente no ha seguido las recomendaciones del POL de adquirir estos terrenos con el fin de proteger y mantener a salvo su gran valor medioambiental tal y como recomienda la Ley 2/2004?

2. ¿Por qué las máximas autoridades competentes, como Rosa Eva Díaz Tezanos, máxima responsable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), a día de hoy no ha expresado públicamente su posición y el plan actual y futuro de medidas a llevar a cabo?

3. ¿Por qué el máximo responsable de la Alcaldía del municipio, el señor Francisco Asón, a día de hoy no ha hecho una exposición pública y transparente de los hechos, que aclare y argumente la falta de rigor en la información proporcionada a algunos vecinos interesados al comienzo de la tala, y no ha respondido a las reclamaciones que una parte de los vecinos han expuesto?

4. ¿Por qué no se ha llevado a cabo el proceso con la total transparencia e información pública exigible al amparo de la Ley?

(Nota.- Las declaraciones y frases entrecomilladas han sido tomadas de la prensa: El Faradio, el diario.es, Enfocant, El Diario Montañes, Europa Press)