||por Verónica Ordóñez, portavoz de Podemos en el Parlamento de Cantabria||

Decía hace unos días Francisco Casero, Presidente de la Fundación Savia para dignificar el mundo rural, en un artículo publicado en eldiario.es que la tierra no es una mercancía cualquiera que pueda fabricarse en grandes cantidades. No puedo estar mas de acuerdo. La tierra es un bien finito que debemos gestionar de manera sostenible.

La tierra, como sistema, es el sustento de la vida. Y el suelo, por ello, se erige como un recurso fundamental para nuestra propia supervivencia. Al fin y al cabo, el suelo es fuente de alimento y, por ende, garantizar la biodiversidad es fundamental al contribuir ésta de manera directa al bienestar humano presente y futuro.

Pero el suelo no solo cumple esta función vital. La ordenación del territorio organiza la vida humana. De ahí que la adecuada regulación del mismo sea uno de los factores determinantes de la calidad de vida.

La Carta Europea de Ordenación del Territorio del año 83 ya establecía que la ordenación del territorio debe tener como eje central el ser humano y su bienestar, así como su interacción con el medio ambiente.

Añadía que la ordenación debe ser siempre democrática, global, funcional y prospectiva, esto es, debe asegurar la participación de la población afectada y sus representantes políticos, debe integrar las políticas sectoriales dentro de un enfoque global, debe tener en cuenta la existencia los valores, cultura e intereses de la población del territorio afectado y, no menos importante, debe analizar y tener en cuenta las tendencias y el desarrollo a largo plazo de los fenómenos y actuaciones económicos, ecológicos, sociales, culturales y medioambientales.

Pero, de manera contraria a lo consagrado en dicha Carta, los distintos gobiernos han puesto y siguen poniendo la tierra en manos de capitales especulativos cuya única intención consiste en exprimir al máximo los recursos naturales, dejando de cumplir la función básica de mantener la biodiversidad y proporcionar sustento a la población.

Es obvio que el capital no tiene apego o arraigo territorial. Pero lo realmente preocupante es que tampoco lo tengan los distintos gobiernos, que son quienes, al fin y al cabo, establecen las condiciones que permiten al sistema capitalista enriquecerse exprimiendo al máximo la tierra y los recursos naturales, hipotecando el presente y el futuro de los pueblos, obviando los principios rectores antes mencionados .

El cortoplacismo, la falta de proyecto social y político, el interés económico… muchos son los factores que llevan a las Instituciones a no cumplir con su función fundamental: garantizar el bienestar de la población que las ha elegido y de las que vendrán después. Y desgraciadamente, en Cantabria no estamos a salvo de dicha dinámica perversa, a pesar de que nuestro suelo, bien gestionado, puede y debe ser fuente de riqueza y bienestar.

En Cantabria no solo no tenemos a estas alturas de la Autonomía un Plan Regional de Ordenación del Territorio sino que las dos normas que regulan el nuestro suelo, el Plan de Ordenación del Litoral y la Ley del Suelo, o se pervierten para dar cabida a actuaciones que de otra forma no la tendrían (véase el caso del POL y el Bosque de Loredo) o sufren constantes modificaciones para adaptarlas al interés del Gobierno de turno.

Especialmente sangrante es todo lo que rodea al suelo rústico. El marco contemplado en la actual Ley del Suelo y que pretenden mantener en esa hipotética nueva Ley tanto ‘populares’ como regionalistas (contra la opinión de los socialistas, a pesar de ser los responsables de la materia en el Gobierno) no solo constituye una amenaza para el desarrollo ordenado de nuestros núcleos urbanos, sino que además imposibilita el ordenamiento y dificulta enormemente la dotación de servicios a las zonas ya impactadas por la construcción dispersa, destruye el paisaje en nuestros núcleos rurales al desnaturalizarlos y hace peligrar la preservación de nuestra flora y fauna al ahondar en la fragmentación de los hábitats y en la humanización de nuestros espacios naturales mejor preservados.

EL CAMBIO EN LA LEY DEL SUELO

Nefasto marco sobre el que esta semana ha caído una nueva losa: el lunes el Pleno del Parlamento aprobó, con el voto de mi grupo en contra, una nueva modificación de la Ley del Suelo cuyo fin esta vez consiste en supeditar la protección efectiva urbanística y medioambiental del suelo rústico a la premisa de que dicha protección no suponga ningún inconveniente práctico a la explotación de un recurso minero.

Esto es, los planes generales de urbanismo y los planes especiales de protección del suelo no van a poder impedir la autorización, no de la actividad minera en sí cuya competencia es estatal, sino la construcción de las instalaciones industriales e infraestructuras en superficie necesarios para el desarrollo de esa actividad. Y esto sea cual sea la condición del suelo rústico afectado. Sea protegido o no. Sea reserva estratégica para el futuro del desarrollo del municipio o no. Este cerca o lejos del núcleo urbano. ¡Y ni tan siquiera si es un paisaje protegido!

Nosotros no podíamos en ningún caso votar a favor de esta modificación. No podemos porque nosotros entendemos el suelo rural como un mosaico de naturaleza y actividad humana que es el fruto de la convivencia milenaria de nuestros antepasados con sus ecosistemas. Entendemos que nuestro suelo rural debe ponerse en valor mediante el desarrollo de políticas agrarias y/o ganaderas, de políticas de economía verde y sostenible que frenen la despoblación y generen una alternativa saludable para nuestro futuro, no enterrarlo en hormigón ni contaminarlo con químicos.

Entendemos que nuestro suelo rural constituye un patrimonio agrario, natural, paisajístico, cultural y ecológico que hemos heredado de nuestros ancestros que lo trabajaron y moldearon durante cientos de años y que nosotros debemos proteger para que también lo hereden nuestros hijos. Y para ello es fundamental que la economía y la ecología vayan siempre de la mano.

Proteger nuestro suelo es proteger Cantabria. Nuestra Historia. Nuestro patrimonio. Nuestro bienestar. Nuestra economía. Nuestro futuro.