El pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado la proposición no de ley presentada por Podemos para pedir la revocación del nombramiento del Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cantabria.

Lo ha hecho con el estreno de la coalición conservadora, formada por el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Regionalista, que han cerrado filas en torno a esta decisión del Ministro del Interior.

Hector Moreno García.

La designación de Hector Moreno ha sido polémica desde el principio después de que el diario Público diera a conocer que fue condenado por torturas y detención ilegal en 1994 por la Audiencia Provincial de Madrid, pena que fue conmutada por el Gobierno de José María Aznar en 1998 junto a la de los otros cuatro policías que fueron condenados en el mismo caso.

El diputado de Podemos, Alberto Bolado, ha criticado que el PP, desde el Gobierno nacional use prácticas “más propias de la mafia de los años 20 en Chiccago que de un país democrática actual”, ya que dicho indulto lo considera un “claro ejemplo de ninguneo de las actividades de la justicia”.
Bolado ha insistido en que los méritos “son indiferentes” si como policía Moreno fue capaz de cometer «delitos de tamaña gravedad”.

Además, desde Podemos consideran que este nombramiento lo único que busca es enviar un mensaje de miedo a aquellas personas que cada día protestan en las calles: sindicalistas, activistas, perseguidos por ley mordaza o los acusados de ‘Preguntar no es delito’.

De hecho, ha criticado que la estrategia del control de nombramientos conlleva escoger a personas que «les deben favores», cuestión que en su opinión buscaban cuando le indultaron.

Sin embargo, los de Podemos solo han podido sumar ocho votos a favor de su propuesta; los tres suyos y los de los cinco diputados del PSOE que, siguiendo a las declaraciones de Eva Díaz Tezanos, han insistido en que no les gusta “que un policía condenado por torturas y detención ilegal vaya a estar al frente de la policía en Cantabria”.

Un puesto que su portavoz, Guillermo del Corral, ha recordado que es “de libre designación” y no “mediante un concurso de méritos”.

PP, PRC Y CIUDADANOS DEFIENDEN EL USO DEL INDULTO

Y es que el PP, el PRC y Ciudadanos han unido sus fuerzas para defender el nombramiento, alegando que “ha cumplido su sanción” y que suma varias condecoraciones que le hacen apto para el puesto.

Tras la polémica, Miguel Ángel Revilla pidió explicaciones a Zoido por este nombramiento, pero aceptó las excusas del Ministro de que el indulto se produjo bajo recomendación del juzgado.

Algo que desmontó el diario Público, que mostró que esa recomendación formaba parte de la defensa, mediante un atestado policial que fue desmontado y declarado falso por la sala de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, los regionalistas han defendido que el indulto es una “vía constitucional”, y matizan que la designación es responsabilidad del Gobierno de la nación, al que han recordado que cumplirán su “lealtad institucional”. “No se puede consentir que una condena sea constitucionalmente eterna”, ha añadido el portavoz del grupo parlamentario, Pedro Hernando.

Desde el Partido Popular, la diputada Isabel Urrutia ha negado que Podemos tenga capacidad para criticar los indultos que se realizan en España,por su defensa de algunos condenados como Andrés Bódalo o por su supuesto apoyo al Gobierno de Venezuela.

También ha atacado al PSOE por posicionarse al lado de Podemos tras su enfrentamiento con el caso de Salvador Blanco, donde negó que el Parlamento tuviera competencias para interferir sobre las decisiones de SODERCAN; y le ha recordado que Hector Moreno también recibió méritos y ascensos en época de Gobiernos socialistas.

LA SENTENCIA

En 1994 la Audiencia Nacional condenó los hechos ocurridos la noche del 29 de abril de 1982, cuando siete agentes de policía, entre los que estaba Hector Moreno, arrestaron en el barrio madrileño de Malasaña a siete peatones, según la sentencia, sin que hubiera “causa alguna”.

El actual jefe de la Policía Nacional fue condenado junto a otros cuatro policías a 48 años de inhabilitación especial y a cinco meses y medio de arresto por torturas y de detención ilegal.

A una de las víctimas el actual jefe de la Policía en la comunidad llegó a restregar su cabeza por la basura; y otro fue agredido en comisaría tras pedir agua.

Una petición en Change.org impulsada desde Libres pide su destitución.