La destitución de Víctor Gijón, responsable de Internacional de la empresa pública SODERCAN, por su inhabilitación judicial en el concurso culpable de su anterior empresa, Grupo Digital –beneficiada en publicidad y subvenciones por PSOE-PRC—ha levantado tal polvareda que corría el riesgo de tapar otro asunto importante de esta semana.

Pleno del Parlamento de Cantabria

El mismo lunes y en el mismo Pleno en que la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos defendía a capa y espada a un cargo que destituiría menos de 24 horas después, se votaba en el Parlamento de Cantabria el primer paso para resucitar el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, anulado por el Supremo.

Era un trámite incipiente, la toma de consideración de una proposición de ley presentada por el Partido Popular, que para la ocasión encontró el apoyo del PRC y de Ciudadanos –el primero gobierna con el PSOE en Cantabria, y el segundo apoya con su abstención tanto al PRC autonómico como al PP en Santander–, en lo que ha sido una nueva conjunción de la coalición conservadora –la anterior fue el apoyo al nuevo jefe de Policía de Cantabria, indultado tras una condena por torturas–.

En concreto, lo que presentó el PP era una modificación de la Ley del Suelo de Cantabria –después de varias realizadas por ellos mismos la pasada legislatura y todo mientras el Gobierno autonómico acaba de terminar la redacción de una reforma más amplia, la LOTUCA, pero que tendrá una tramitación distinta porque esto es el urbanismo en Cantabria–.

Y esa modificación, que se tramitará por la vía de urgencia, se ciñe a la regulación de las “normas urbanísticas transitorias” para aprobar en casos de anulación de Planes Generales de Ordenación Urbana, en los mismos términos que planteó el Ayuntamiento de Santander cuando el Tribunal Supremo lo anuló, en una situación que luego se repitió en Laredo.

LOS CAMBIOS

Cuando se anula un plan general, se corre hacia atrás en el casillero y se retrocede hacia el plan anterior.

Básicamente lo que se quiere hacer es lo que reclamaba el Ayuntamiento de Santander: permitir que ese plan inicial al que se vuelve se anule en la parte que no convenga o no se corresponda con la ley o la realidad, y se aprueben unas normas de transición hasta que se culmine el prolijo proceso de la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

En general, el texto consagra la provisionalidad y la discrecionalidad en las normas urbanísticas que impera desde hace décadas en Cantabria, ya que permite anular los planes generales, total o parcialmente, por un plazo de hasta cuatro años, con prórrogas si se vuelven a producir cambios legales.

-Se reducen considerablemente los procesos de participación pública, en los que los ciudadanos podrían presentar alegaciones con sus aportaciones a estas nuevas normas, que se ciñen a un plazo de 20 días.

-Todo el proceso será muy rápido y deberá estar culminado en seis meses.

-Y esa aprobación le correspondería a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y del Urbanismo, órgano mixto de representación en el que se sentarán los constructores, tal y como pidió la Asociación de Constructores y Promotores en una reclamación aceptada por el Gobierno de Cantabria, que canaliza las competencias en materia de urbanismo a través de la macroconsejería a cuyo frente está la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos.

-Una disposición adicional específica hace constar expresamente que se puede hacer con efectos retroactivos, es decir, en aquellos casos previos a la aprobación de la Ley , aún no aprobada (los citados de Santander y Laredo). La retroactividad de las leyes es un aspecto que en principio descarta el mundo del derecho, que permite excepciones al respecto.

“INTERÉS PÚBLICO”

En realidad es una modificación muy escueta, que se traduce en dos disposiciones adicionales a la Ley del Suelo.

La modificación permitiría rescatar el anulado plan general de Santander.

La propuesta se justifica en la anulación de Planes Generales por vía judicial y apelando al “interés público” al considerar que el derecho urbanístico de la comunidad carece de “mecanismos apropiados” (y eso a pesar de que en Cantabria ha sido habitual durante décadas la acumulación de sentencias de derribo en centenares de viviendas en la costa derivadas de instrumentos o normas urbanísticas).

Tal y como señala el texto, la anulación de un planeamiento urbanístico tiene consecuencias desde el momento en que se aprobó, lo que supone que entonces recobra vigencia el planeamiento anterior, “que no siempre responde a las necesidades urbanísticas del momento, o que fue aprobado al amparo de una legislación del suelo que ya no está vigente”.

Y, curándose en salud, el PP incide en la “inseguridad jurídica” y la “lesividad” para el “interés público” que provocan estas situaciones a pesar de que sucedan por “motivos formales” o “causas externas y sobrevenidas en el tiempo” (una alusión al argumentario del PP santanderino que defiende que la anulación se debió a la posterior sentencia contra el abastecimiento de agua que, en realidad, conocían con anterioridad porque previamente lo anuló la Audiencia Nacional).

El PP defiende que esta medida, pensada para actuar sobre el suelo urbano del municipio, se corresponde con legislación estatal y las leyes del suelo de otras comunidades autonómicas, que repasa en su iniciativa parlamentaria.

CONSTANTES CAMBIOS

Los cambios en la Ley del Suelo de Cantabria han sido constantes, en especial la legislatura pasada con el Partido Popular, varios fundamentados en la necesidad de hacer frente a las consecuencias de los dilatados incumplimientos de las sentencias judiciales de derribo de urbanizaciones en la costa cántabra y las maniobras para evitarlas o no pagar las indemnizaciones correctamente, o para impedir el fracking. Ya esta legislatura se ha aprobado otra modificación para dar cobertura al promocionado proyecto de mina de zinc en Reocín, en terrenos de la antigua AZSA.

El barrio santanderino de El Pilón lucha contra su proceso de gentrificación

Todo lo que tiene que ver con el urbanismo en Cantabria está marcado por los cambios y las diferencias de criterio:

-PSOE y PRC, socios, han chocado en cuestiones como las viviendas unifamiliares en el suelo rústica o esta de las normas transitorias; y el propio PSOE ha combinado criterios cambiantes, con su rechazo a leyes a la carta para El Pilón o esta del plan de Santander a la vez que la defensa de la modificación ex profeso para la mina de Reocín.

El Gobierno, que sigue en el proceso de elaboración del Plan Regional de Ordenación del Territorio, había anunciado una nueva legislación en la que iría incluido el derecho al realojo y retorno, una circunstancia que pese a todo el ‘legado’ urbanístico de Cantabria y sus municipios, nunca había sido regulado,

Y cuya necesidad se puso de manifiesto con urgencia ante la situación de El Pilón, el santanderino barrio afectado por un proceso de gentrificación impulsado por una constructora financiada por la rescatada Bankia y que implica la expulsión de sus vecinos.

Pero a la hora de presentarse la ley este aspecto no estaba regulado, y fueron los partidos de la oposición (PP, Podemos y Ciudadanos, que juntos suman mayoría frente a PSOE y PRC) quienes la elaboraron, presentaron y aprobaron una propuesta que establecía indemnizaciones a cargo de los promotores que hicieran proyectos, y consideraba el realojo y el retorno a sus barrios, aunque fuera en otras viviendas, como un derecho de los propietarios. Y que está pendiente de un recurso de constitucionalidad planteado por el Estado, en una maniobra detrás de la que Podemos situó al propio Gobierno de Cantabria, muy disconforme con esta medida, que no incluyeron en su propia propuesta de ley (la LOTUCA).

Fue una tramitación que causó no pocas tensiones y en el seno de la cual partidos como Ciudadanos denunciaron abiertamente haber recibido presiones de empresas del sector de la construcción preguntándoles si se lo habían “pensado bien”. También desde el PP contaron como se les sugirió que le “dieran una vuelta” a su postura.

En ese momento, Miguel Saro, concejal de Izquierda Unida en Santander, vinculó los sucesivos cambios que han ido experimentado las leyes urbanísticas cántabras (como la Ley del Suelo o el Plan del Litoral) con presiones del sector de la construcción.